Los momentos de crisis son una oportunidad para analizar la realidad y encontrar soluciones. Reflexionando sobre la actual situación del país, a la deriva política y económicamente -lo que implica una cierta gravedad en lo que hace a la institucionalidad, gobernabilidad, seguridad y justicia, entre otros rubros-, nos hacemos las siguientes preguntas, todas de sencilla respuesta.
La primera es qué pasaría si el matrimonio gobernante respetara las leyes a rajatabla. Todas. Seguramente el país gozaría de una cierta seguridad jurídica, lo que generaría un nivel de confianza como para atraer inversiones en el plano económico. En el ámbito político la institucionalidad aparecería mucho mejor parada que hoy y la ciudadanía se sentiría protegida y a resguardo de la delincuencia y el narcotráfico.
La segunda cuestión es qué sucedería si los legisladores y la justicia fueran realmente independientes del poder político, esto es, si funcionaran como lo hacen en las repúblicas democráticas que están a la vanguardia en el orden mundial. Las consecuencias de este supuesto es que las leyes que se tratarían en el Congreso serían las que necesita la ciudadanía y no las que exige el poder político de turno para aumentar su poder y mantener su ambición. En el plano jurídico, mientras tanto, estaríamos protegidos contra los abusos de los otros dos poderes.
Una tercera cuestión que se nos ocurre es qué ocurriría si el sistema de elecciones de los legisladores no fuera por “lista sábana” sino que se contemplara la posibilidad de que cada votante conociera la cara y el currículum de cada uno de los postulantes a representarnos en el Congreso. La respuesta que se nos ocurre es muy sencilla: sólo accederían los más capaces, responsables y honestos, aquellos cuya conducta fuera una garantía.
Otra pregunta: si los funcionarios no mintieran en las declaraciones juradas de sus patrimonios personales. Probablemente conoceríamos lo que realmente y honradamente han ganado en la función pública y así, por ejemplo, aparecería el resto del iceberg de una que comienza reconociendo solamente 19 casas y 14 departamentos. Por otra parte, los ciudadanos se sentirían más seguros al momento de votar, sabiendo que “premian” con su voto a los ciudadanos “más aptos” para la función pública.
Además, como filosofó hace unos años alguien que todavía orbita en la política argentina, si nuestros gobernantes dejaran de robar “solamente” por dos años, es probable que los recursos del Estado alcanzaran para todos, aunque luego habría que pensar en una distribución honesta de los mismos. Pero, en ese caso, ¿a quién se la confiaríamos?
Si, además del juego, todas las actividades productivas (agricultura, ganadería, minería, pesca, industrias, etc.) tributaran en forma equitativa, ¿no existiría una recaudación que no resultaría onerosa para nadie y, en cambio, beneficiosa para todos?
Si el Estado se preocupara en forma especial y concreta, no con discursos sino con hechos, por los sectores más débiles de la sociedad: jubilados, maestros, excluidos, ¿no tendríamos la sensación de una verdadera “justicia social”?
Si en lugar de onerosos viajes en los aviones presidenciales a fin de “instalarse” en el país y en el extranjero o a comprarse baratijas para placer personal, sobrecargados de nutridas comitivas, todo pagado por el Estado, se invirtieran esas erogaciones en planes para los jóvenes, o para construir o refaccionar los hospitales existentes a fin de que puedan brindar un servicio eficiente a la población y pagar sueldos dignos a los trabajadores de la salud, ¿no redundaría en un enorme beneficio social que eliminaría las permanentes protestas, el descontento, el fabuloso déficit sanitario del país?
Es difícil imaginarse qué pasaría si la presidente no arriara gente como borregos a los actos del gobierno, comprándolos con bolsones de comida, dinero en efectivo o promesas de colchones, mejoras o subsidios. ¿Tendría público? ¿Alguien iría a los aburridos actos oficiales para escuchar discursos hipócritas y huecos, pasando frío o calor, aguantando plantones, quedando afónicos con los gritos o cansados de aplaudir?
¿Qué pasaría si la presidente no llevara custodia? ¿Podrían ella, su marido y los legisladores y funcionarios más conocidos caminar por la calle como cualquier vecino?
¿Si no tuvieran custodia permanente en sus domicilios (pagada con dineros públicos, además), podrían vivir tranquilos, como son obligados a hacerlo los millones de habitantes del país que enfrentan cotidianamente y por sus propios medios la inseguridad reinante?
Y como éstas, miles de preguntas similares.
Finalmente, la que tal vez más nos inquieta: si en vez de gobernantes “a corto plazo” tuviéramos Estadistas visionarios que se sacrificaran por el ideal de una Patria unida, federal, libre, trabajadora y solidaria, ¿no alejaríamos para siempre los fantasmas de las crisis que parecen ensañarse con la geografía nacional y destruir hasta la esperanza de un mañana mejor?
En otras realidades las respuestas a estas preguntan podrían tener, tal vez, un matiz negativo. Pero, acá…
¿Por qué, compatriotas, nos cuesta tanto alcanzar estas metas, que otros países con menos recursos han logrado? Éste parece ser el gran enigma de los argentinos, la pregunta sin respuesta.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
