LA NACIÓN 20/03/09

Editorial I

El campo y las falacias oficiales

La decisión de coparticipar con las provincias las retenciones a la soja es insuficiente; debe alentarse la producción

La medida de distribuir entre provincias y municipios parte de los recursos provenientes de las retenciones a las exportaciones de soja, anunciada ayer por la presidenta Cristina Kirchner, no servirá para el que debería ser el gran objetivo del país: producir más, exportar más y crear más empleos.

No deja de ser saludable y justo que el interior del país participe de beneficios que hasta hoy quedaban en manos del Estado nacional y que, en el mejor de los casos, eran repartidos de manera discrecional y con mezquinos criterios electoralistas. Pero, en todo caso, la medida anunciada ayer debió haber sido adoptada mucho antes, al tiempo que la política agropecuaria debería ser objeto de un serio debate en un Congreso de la Nación donde el oficialismo se niega a debatir.

El grado de distorsión y apartamiento de la realidad que ha alcanzado el mensaje del Gobierno a la población en materia de derechos de exportación de los productos agrícolas llega a un nivel tal que obliga a preguntarse si se debe a la deliberada decisión de desinformar o a una necia ignorancia en la materia.

Hasta 2001, y desde hacía muchos años, no existía el mencionado gravamen, lo cual produjo un importante desarrollo de nuestras exportaciones agrícolas. Las retenciones fueron impulsadas ante la necesidad de financiar las políticas sociales dirigidas a desocupados y víctimas de la crisis. Se trató de una verdadera ayuda solidaria, y el campo respondió de inmediato y en forma incondicional, con la esperanza de que, superada la crisis, se abandonaría la gabela.

El país creció a tasas del 9 por ciento anual durante varios años hasta 2008 y hasta el Gobierno se dio el lujo de abonarle anticipadamente la totalidad de la deuda al FMI, pese a lo cual se siguió sosteniendo que el país estaba en emergencia.

Los años anteriores a 2008 brindaron un panorama de precios internacionales muy beneficioso para la producción agrícola y para su ocasional "socio" en las ganancias, que fue acrecentando su participación aumentando las retenciones hasta llegar al 35 por ciento. Ya en 2008, ante la importante suba del precio de la soja, el gobierno kirchnerista no se conformó con ese porcentaje, sino que pretendió apoderarse de todo aumento que se produjera desde una base determinada.

A ese mayor valor la Presidenta lo llamó "renta extraordinaria", y decidió que ésta no debía ser para el agricultor, sino que le pertenecería al Estado, sin expropiación ni ley alguna que lo dijera. De allí en más acentuó el discurso peyorativo hacia el productor rural. Se lo acusó de "quitar el pan de la mesa de los argentinos", de fomentar el desarrollo de un "yuyo" y de vivir sin trabajar pues la soja se cuidaba sola. La indignación del campo fue inevitable.

De allí en más los argentinos asistimos azorados a un diálogo imposible, donde el Gobierno quería poner de rodillas al sector rural, con total olvido de las economías provinciales, de los municipios y gobernaciones, y de la crisis de la industria y el comercio de vastas zonas del interior del país, claramente dependientes de la actividad agrícola y ganadera. La situación llegó al colmo de tener que ser derrotado legislativamente el Gobierno y derogada la nefasta resolución 125, con la consecuente caída de la imagen positiva de la jefa del Estado en la opinión pública.

Pero la agresión continuó. No se tomó ninguna medida profunda tendiente a paliar la situación y, a mediados del año pasado, se desató la crisis internacional por todos conocida, sumada a una sequía sin precedente y rematada por una caída de los precios de las commodities agrícolas, que por momentos superó el 50 por ciento.

Para mayor desgracia del campo, la sequía trajo una serie de plagas casi desconocidas, que sólo se detectan con lupas potentes, y que causaron daños adicionales e incrementaron los costos de producción ya de por sí altísimos, en un esfuerzo por salvar lo poco que quedaba de cosecha.

En los campos ganaderos, la crisis es total: las vacas muertas por la sequía se cuentan por miles y las ventas en condiciones misérrimas están a la orden del día. La cadena de pagos está cortada, las fábricas de maquinaria agrícola han pasado de las suspensiones a los despidos, las compras hechas en períodos de bonanza no se pueden pagar y los gerentes de los bancos coleccionan cheques diferidos. El interior entró en crisis, y la creación del fondo federal solidario anunciada ayer de poco les servirá a las provincias si no se alienta fuertemente la producción.

Ninguna de las propuestas oficiales apunta al crecimiento de la actividad agrícola y ganadera. El ciclo agrícola 2009 ya puede empezar a considerarse perdido.

Pero, tal vez, lo más irritante sea la falsedad intrínseca del mensaje gubernamental, que pretende convertir en "oligarcas" o "ricachones dueños de 4 x 4" a miles de productores desesperados por una sequía sin precedente, que no merecen el maltrato que están recibiendo de parte de las autoridades nacionales.