29 feb. 2012


NO NOS ALCANZÓ LA PLATA

 


Con esa frase Cristina Fernández de Kirchner se excusó en Rosario durante el acto por el bicentenario de la creación de la enseña patria por la falta de inversiones en el sistema de transportes del país, una de cuyas consecuencias fue el terrible accidente del pasado 22 de febrero, que dejó un saldo de 51 muertos y cientos de heridos.

La presidenta tiene razón. Las arcas del Estado están vacías, debido al desmanejo, el despilfarro y los negociados de un gobierno “nacional y popular” que ha alcanzado índices de corrupción nunca vistos en la historia nacional. 

Así, con la misma desfachatez con la que presentan proyectos descabellados, roncan en sus bancas, o abandonan el recinto para no dar quórum –por citar solamente algún que otro accionar típico−, nuestros “representantes” en el Congreso decidieron en diciembre pasado duplicarse sus suculentas dietas (ahora cobran 35 mil pesos más todos los extras), tema en el que no solamente no hubo debate, sino tampoco oposición.

Los miembros del poder ejecutivo nacional, a su vez, no se quedan atrás, aunque en este caso la cosa empeora un poco más, ya que es casi imposible saber con qué frecuencia y en qué porcentaje tanto los ministros como la presidenta incrementan sus salarios, que rondan los 45 mil pesos y que luego falsean alegremente en las respectivas declaraciones juradas.

Si tenemos en cuenta, además, que los jueces constituyen un caso aparte de autoaumento de ingresos (60 mil pesos de bolsillo, aproximadamente), generalmente a través de las famosas “acordadas”, los argentinos debemos reconocer que hemos diseñado un sistema “democrático” con graves fallas y contradicciones internas, que carece de organismos de contralor de la función y del erario públicos y que deja a los ciudadanos de a pie, los que estamos en el llano, absolutamente impedidos de evitar la desmesura y la injusticia.

Mientras Cristina Fernández se despacha diariamente desde un atril con loas a la gestión kirchnerista (desde 2003) como la que más logros ha obtenido en materia de “distribución de la riqueza” y de “justicia social”, lo cierto es que pocas veces en la historia nacional se ha verificado la distancia sideral que hoy separa a los ingresos de un argentino promedio con los de los funcionarios en los distintos estamentos de los poderes del Estado. Debemos recordar a los compatriotas que la gestión K está por cumplir 9 años, ya que Néstor no asumió el 10 de diciembre sino el 25 de mayo de 2003.

De la misma manera, la primera magistrada ha concedido cifras varias veces millonarias al “fútbol para todos”, “automovilismo para todos”, estatización de aerolíneas, agencia oficial de noticias, incontrolada cantidad de subsidios a gremios y empresas, y a La Cámpora, la organización de poder que lidera su hijo Máximo y en la que un grupo de jóvenes treintañeros, con sueldos que rondan los 80 mil pesos, se ocupan de diseñar las actuales “políticas de Estado”. Estos son solamente algunos ejemplos.

Por eso hay que reconocer que la presidenta tiene razón cuando veta el 82% móvil para los jubilados o cuando les concede un 17% de aumento en varias cuotas al básico de $ 1.600, o cuando niega incrementos salariales a docentes, trabajadores de la salud, militares, policías y fuerzas de seguridad: el erario público está exhausto y ya no hay ni una moneda para repartir ni con las disparatadas ideas del Nobel de economía (el secretario de comercio Guillermo Moreno) o las absurdas “recomendaciones” de la ministra de industria Débora Giorgi.

Si a ello le sumamos las cotidianas dádivas y premios a los felpudos políticos y arreados a los actos del gobierno, los tan distintos como oscuros “planes sociales” y los gastos de “caja chica”, debemos admitir que por una vez en su gestión Fernández de Kirchner ha sido sincera: el país está fundido y no hay un centavo para invertir en las necesidades reales y vitales para los argentinos: energía, transporte, salud, educación y vivienda.

Gracias, señora presidenta, por hablarnos con la verdad. Seguramente los deudos de las víctimas del accidente ferroviario, así como el resto de los argentinos, apreciarán su gesto.

© Raquel E. Consigli y Horacio Martínez Paz

7 feb. 2012

IGUALDAD ANTE LA LEY

ARTÍCULO 16



Entre los artículos emblemáticos de la primera parte de la Constitución Argentina referidos a las garantías y derechos de los ciudadanos, redactado en 1853 y no alterado en las sucesivas modificaciones que sufrió la Carta Magna a lo largo del tiempo, se encuentra el artículo 16 que dice textualmente: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimientos: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.”

Sin embargo, es tal vez uno de los artículos más ignorados y más violados de nuestra Ley de leyes, tanto por los jueces, a quienes corresponde su aplicación, como por la dirigencia política y la ciudadanía en general. Esto es fácil de verificar, ya que difícilmente quienes ocupan cargos públicos estén calificados para hacerlo (nos referimos en particular a los legisladores y funcionarios), es decir que no cumplen con el único requisito establecido: la idoneidad. Muchos legisladores y funcionarios deben rodearse de un ejército de “asesores” y empleados de distintas jerarquías a fin de concretar algún proyecto. Los jueces, por su parte, “discriminan” entre las causas que llegan a sus respectivos despachos, decidiendo a quién persiguen y a quién no.

Una de las ciudadanas más “discriminadas” por la Justicia nacional y extranjera es la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini. Esta señora, que se hizo famosa por comenzar una lucha con apariencias de nobleza, la búsqueda de los hijos desaparecidos durante el gobierno militar, fue transformando su causa y su persona hasta llegar a extremos impensados.

Halagada y mimada en todos los foros por donde paseó su tosca
figura, pudo difundir su mensaje alrededor del orbe con cierta comodidad, gracias al apoyo financiero y a las puertas que se le abrieron. No obstante, una vez logrado el objetivo de conseguir cierta fama, no dio tregua a la lengua, actitudes y campañas contra supuestos enemigos de toda laya que encontraba en su camino, desde militares y civiles argentinos hasta el mismo Papa Juan Pablo II, a quien calificó con gruesos epítetos.

A comienzos de junio de 2011 se destapó una estafa multimillonaria capitaneada por Hebe de Bonafini contra el Estado argentino, bajo las apariencias de una inocente “constructora” de viviendas populares. A pesar de las múltiples denuncias en su contra, la señora ni siquiera fue llamada a declarar. De la misma manera que las innumerables veces en que ha hecho apología del delito en distintos puntos del país y del planeta, sin ser citada en algún juzgado para que se le tomara declaración, a pesar de las denuncias en su contra.

La cuestión más intrigante, sin embargo, es la de los hijos supuestamente desaparecidos de Hebe Pastor de Bonafini. Según publicaron hace poco algunos medios digitales, hace unos diez años fue requerida su presencia a los fines de reconocer un cuerpo que podría ser el de su hijo menor. Hebe no solamente se negó al reconocimiento, sino que se ha negado sistemáticamente a presentar muestras de ADN para cotejarlas con la documentación existente, porque ella sostiene que sus hijos “están vivos”.

De ser cierta esta afirmación, sostenida tanto por Bonafini como por otros miembros de la asociación que ella preside, estaríamos frente a una segunda estafa monumental, más grave aún por tratarse no sólo de un delito económico sino por el ingrediente moral que se deduce del aprovechamiento que ha hecho del dolor propio y ajeno durante más de 30 años.

Su ex amiga, Estela de Carlotto, obsesionada con los hijos de la dueña de Clarín como supuestos nietos apropiados ilegalmente, los hostigó con inusitada saña, exhibiendo a la familia Noble-Herrera como un grupo de delincuentes y consiguiendo que muchos jueces se hicieran eco de sus reclamos, se les tomaran muestras de ADN y se les siguiera una causa durante 10 años, que finalmente se cayó.

Nos preguntamos entonces por qué Hebe de Bonafini no es tratada de la misma forma por la Justicia, por la presidente Kirchner y su entorno y por ciertos sectores de la sociedad, que consideran que la doña goza de impunidad absoluta. A todos ellos habría que recordarles que las leyes se hacen para ser cumplidas por todos los ciudadanos, sin distinción de ninguna clase, y que el artículo 16 de la Constitución Nacional rige para todos los habitantes de la Nación argentina, incluyendo también a la hasta ahora intocable señora del pañuelo.

© Raquel E. Consigli y Horacio Martínez Paz