ARTÍCULO 16
Entre los artículos emblemáticos de la primera parte de la Constitución Argentina referidos a las garantías y derechos de los ciudadanos, redactado en 1853 y no alterado en las sucesivas modificaciones que sufrió la Carta Magna a lo largo del tiempo, se encuentra el artículo 16 que dice textualmente: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimientos: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.”
Sin embargo, es tal vez uno de los artículos más ignorados y más violados de nuestra Ley de leyes, tanto por los jueces, a quienes corresponde su aplicación, como por la dirigencia política y la ciudadanía en general. Esto es fácil de verificar, ya que difícilmente quienes ocupan cargos públicos estén calificados para hacerlo (nos referimos en particular a los legisladores y funcionarios), es decir que no cumplen con el único requisito establecido: la idoneidad. Muchos legisladores y funcionarios deben rodearse de un ejército de “asesores” y empleados de distintas jerarquías a fin de concretar algún proyecto. Los jueces, por su parte, “discriminan” entre las causas que llegan a sus respectivos despachos, decidiendo a quién persiguen y a quién no.
Una de las ciudadanas más “discriminadas” por la Justicia nacional y extranjera es la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini. Esta señora, que se hizo famosa por comenzar una lucha con apariencias de nobleza, la búsqueda de los hijos desaparecidos durante el gobierno militar, fue transformando su causa y su persona hasta llegar a extremos impensados.
Halagada y mimada en todos los foros por donde paseó su tosca
figura, pudo difundir su mensaje alrededor del orbe con cierta comodidad, gracias al apoyo financiero y a las puertas que se le abrieron. No obstante, una vez logrado el objetivo de conseguir cierta fama, no dio tregua a la lengua, actitudes y campañas contra supuestos enemigos de toda laya que encontraba en su camino, desde militares y civiles argentinos hasta el mismo Papa Juan Pablo II, a quien calificó con gruesos epítetos.
A comienzos de junio de 2011 se destapó una estafa multimillonaria capitaneada por Hebe de Bonafini contra el Estado argentino, bajo las apariencias de una inocente “constructora” de viviendas populares. A pesar de las múltiples denuncias en su contra, la señora ni siquiera fue llamada a declarar. De la misma manera que las innumerables veces en que ha hecho apología del delito en distintos puntos del país y del planeta, sin ser citada en algún juzgado para que se le tomara declaración, a pesar de las denuncias en su contra.
La cuestión más intrigante, sin embargo, es la de los hijos supuestamente desaparecidos de Hebe Pastor de Bonafini. Según publicaron hace poco algunos medios digitales, hace unos diez años fue requerida su presencia a los fines de reconocer un cuerpo que podría ser el de su hijo menor. Hebe no solamente se negó al reconocimiento, sino que se ha negado sistemáticamente a presentar muestras de ADN para cotejarlas con la documentación existente, porque ella sostiene que sus hijos “están vivos”.
De ser cierta esta afirmación, sostenida tanto por Bonafini como por otros miembros de la asociación que ella preside, estaríamos frente a una segunda estafa monumental, más grave aún por tratarse no sólo de un delito económico sino por el ingrediente moral que se deduce del aprovechamiento que ha hecho del dolor propio y ajeno durante más de 30 años.
Su ex amiga, Estela de Carlotto, obsesionada con los hijos de la dueña de Clarín como supuestos nietos apropiados ilegalmente, los hostigó con inusitada saña, exhibiendo a la familia Noble-Herrera como un grupo de delincuentes y consiguiendo que muchos jueces se hicieran eco de sus reclamos, se les tomaran muestras de ADN y se les siguiera una causa durante 10 años, que finalmente se cayó.
Nos preguntamos entonces por qué Hebe de Bonafini no es tratada de la misma forma por la Justicia, por la presidente Kirchner y su entorno y por ciertos sectores de la sociedad, que consideran que la doña goza de impunidad absoluta. A todos ellos habría que recordarles que las leyes se hacen para ser cumplidas por todos los ciudadanos, sin distinción de ninguna clase, y que el artículo 16 de la Constitución Nacional rige para todos los habitantes de la Nación argentina, incluyendo también a la hasta ahora intocable señora del pañuelo.
© Raquel E. Consigli y Horacio Martínez Paz
