28 abr. 2010

SE TV BO TOX

SE TV BO TOX

Preocupada por el secuestro posible de los goles, Cristina Fernández y su equipo de manipulación social están trabajando a todo vapor con el fin de distribuir en forma gratuita por lo menos medio millón de decodificadores para televisión digital terrestre antes del comienzo de la copa del mundo en Sudáfrica.

En un renovado intento por no perder al único sector del electorado que mantiene incondicional a sus caprichos, la presidenta ha pergeñado un ardid similar al de las bombitas de luz de bajo consumo que, negociado con Cuba y Venezuela mediante, se propuso distribuir entre los hogares más humildes del conurbano bonaerense.

Este sector socio-geográfico parece ser el único del país que hace perder el sueño al matrimonio presidencial, que alguna vez se ufanó de representar en el parlamento a la lejana provincia de Santa Cruz, hoy absolutamente fuera del interés kirchnerista, salvo por sus negociados o su casita de fin de semana en El Calafate.

Es curiosa la obsesión de la primera magistrada por suministrar decodificadores digitales al conurbano bonaerense, ya que en nuestro país se verifican bolsones de pobreza extrema, como en el caso de Chaco o Jujuy –por citar sólo dos provincias–, donde muchos argentinos carecen de lo más elemental para enfrentar la subsistencia cotidiana y donde los televisores prácticamente no existen, ni qué hablar de tecnologías sofisticadas. Esto desnuda no solamente la voluntaria ignorancia oficial sobre estas situaciones del país real, sino la escandalosa hipocresía de la administración kirchnerista preocupada y ocupada en la captación de electorados funcionales a sus propósitos de acumulación de poder.

Para comprender lo absurdo del tema, digamos que la televisión digital terrestre (TDT) implica la transmisión de imágenes y sonido mediante una señal digital y repetidores terrestres, con ciertas ventajas para los radiodifusores (posibilidad de incluir varios canales en un solo canal) y otras para los receptores (mejor calidad de imagen y sonido y posibilidad de corregir la señal en caso de distorsión por parte de un agente externo). La norma adoptada por la Argentina es la desarrollada por Japón y utilizada ya por nuestro vecino Brasil, aunque no es la única.

Extraoficialmente se calcula que la adquisición directa de estos artefactos, denominados “set top box”, ya nos ha costado a todos los argentinos unos 600 millones de pesos, aunque nadie sabe cuándo comenzará su distribución y puesta en funcionamiento, que implica además la construcción de una torre de transmisión para la que ya hay varios interesados.

Aunque nadie puede asegurar que las imágenes de los partidos de fútbol del mundial se verán mejor a través de estos aparatitos milagrosos, lo que ciertamente distinguiremos más nítidamente con los set top box para la TDT será el botox presidencial, que ahora sí disfrutaremos en cadena nacional cuando Cristina nos aleccione sobre las bondades de este sistema pago de “televisión para todos”.

Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz

25 abr. 2010

EsKKraches

EsKKraches

El viernes 23 de abril pasadas las 20 horas la neurocirujana cubana Hilda Molina se aprestaba a presentar su obra “Mi Verdad” en la Feria del Libro de Buenos Aires. A pocos minutos de comenzado el acto, un grupo de “estudiantes” y otras personas de etiología dudosa presentes en el salón comenzaron a hostigarla con cánticos favorables al dictador Fidel Castro, generándose en algunos minutos un descontrol que terminó con la retirada de la médica y sus presentadores y frustrando el acto.

Los causantes del escrache terminaron satisfechos la opereta pero consiguiendo el efecto contrario, ya que dieron a publicidad algo que no había tenido la difusión esperada. Por su parte, Molina acusó a la embajada de Cuba en nuestro país de organizar la provocación usando mano de obra local, con el ostensible fin de desprestigiarla e impedirle cualquier manifestación en contra del oprobioso régimen castrista.

El método del escrache, fomentado en nuestro país por la izquierda progresista y, en los últimos años, financiado por el kirchnerato, es una práctica autoritaria y deleznable surgida en la Europa fascista de interguerras (1918-1939) por medio del cual los gobiernos totalitarios perseguían a sus víctimas (identificadas como “el enemigo”) con el fin de “marcarlas” y exponerlas al escarnio y a la violencia de la comunidad.

Desde el retorno de la democracia en Argentina en 1983, los sucesivos gobiernos han apañado los escraches a cualquier individuo que se pronunciara contra los abusos del poder, aunque esta metodología ha sido especialmente dirigida a los integrantes de las fuerzas armadas acusados de violaciones a los derechos humanos durante el período 1976-1983. Casi ninguno de los militares hoy presos o fallecidos durante la administración kirchnerista se ha salvado de ser “escrachado”.

En los últimos meses los ataques han sido focalizados en el vicepresidente Julio Cobos, a quien se considera el enemigo público número uno, por no acompañar con su voto las políticas erradas de Cristina Fernández y sus acólitos, negándosele la posibilidad de disenso y pretendiendo un humillante sometimiento a los caprichos presidenciales.

Tan preocupante como la persecución al presidente del Senado resulta aquella de la que son objeto no solamente algunos medios de comunicación (diarios, radios y canales de TV), sino también ciertos periodistas que no comulgan con el gobierno o que manifiestan sus opiniones haciendo uso de la libertad de expresión consagrada en nuestra Carta Magna para todos los habitantes del suelo argentino y que los funcionarios deben defender a rajatabla. El escrache a los comunicadores sociales mediante afiches callejeros intimidatorios, defendido por el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, desnuda el desprecio por la ley y la evidente voluntad oficial de silenciar o asfixiar cualquier voz en disidencia que no se someta a los absurdos dictados del kirchnerismo.

Sin embargo, lo que resulta aún más escandaloso es la difusión –desde las esferas oficiales- de una práctica totalitaria, propia de las dictaduras más rígidas e inhumanas que se verificaron y se verifican en el planeta, y con respecto a la que este gobierno -que ha basado gran parte de su propaganda en la defensa irrestricta de los derechos humanos- debería manifestarse claramente en contra.

Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz

23 abr. 2010

SÍ, MI COMANDANTE

SÍ, MI COMANDANTE

En su reciente viaje a Caracas y mientras porfiaba que algunos países americanos están experimentando la "segunda independencia" (en un obvio disparo contra Estados Unidos, adonde estuvo hace unas semanas mendigando una foto con el presidente Obama), Cristina Fernández, en público discurso,se refirió a Hugo Chávez Frías como “comandante”, aunque el presidente de Venezuela nunca despegó del grado de teniente coronel.

La izquierda -que siente un desprecio visceral por lo militar- insiste en llamar "comandantes" a sus líderes, desde el abogado Fidel Castro hasta el político Daniel Ortega, pasando por nuestro ex compatriota y dudoso médico, Ernesto "Che" Guevara de la Serna y el depuesto presidente hondureño Mel Zelaya -entre otros-, y terminando en el hombre del altiplano que combatió al imperio romano y que desalienta el consumo de pollo por el riesgo de volverse homosexual.

Para la izquierda progre existe también el grado de "subcomandante". Tal es el caso de Raúl Castro (mientras viva su hermano, su inmediato superior en este virtual escalafón miliar), o bien del "subcomandante Marcos", identificado por el gobierno mexicano como Rafael Guillén Vicente, un ex estudiante de filosofía y, luego de graduado, profesor en la Universidad Autónoma de México, que opera militarmente desde principios de los noventa en la sierra Lacandona en el sureño estado de Chiapas, liderando el autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que aboga por los derechos civiles de los indígenas de la región. Lo curioso es que este encapuchado que se muestra fuertemente armado, fuma en pipa mientras pasa revista a caballo a su tropa y escribe libros de poesía. Y nadie sabe quién es su "comandante".

Sorprende también que estos seudo militares sean los grandes enemigos de las fuerzas armadas de sus respectivos países y quienes persiguen con saña a los legalmente uniformados con la excusa de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, ya que se pasan la vida hablando en términos militares y evocando situaciones propias del manejo de tropa, y tienen -en contraste- una visible debilidad por disfrazarse con uniformes militares.

Por otra parte, resulta igualmente curioso que algunos militares hayan sido más exitosos en el manejo de políticas económicas que muchos civiles, como sucedió en Argentina durante la “dictadura” de Juan Carlos Onganía, cuando el país llegó a ser acreedor del FMI (Clarín, 26 de enero de 2002) o bien Augusto Pinochet en Chile, que diseñó la estrategia económica que sacó a su país de la postración y lo catapultó al siglo XXI.

Los pseudo militares y todo el progresismo de izquierda que odia los uniformes, en cambio, han fracasado muchas veces en la conducción de las economías nacionales, llegando a desabastecer a sus respectivos países de los artículos de los cuales son prominentes productores mundiales. Así vemos hoy que el “comandante” Castro ha conseguido que Cuba tenga que importar azúcar, el “comandante” Chávez ha logrado desabastecer a Venezuela en materia energética y los “comandantes K” en Argentina han destruido la gallina de los huevos de oro nacional: el campo, tanto en lo ganadero (carne y leche), como en lo agrícola (no se ha salvado ni el “yuyo” sojero).

-Por favor... ¡Un psicólogo por allí!
- Sí, mi comandante.

Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz

21 abr. 2010

LA HAYA FALLA

LA HAYA FALLA

El tribunal internacional de La Haya se ha expedido sobre la controversia a la que se sometieron voluntariamente Argentina y Uruguay por el tema de la pastera Botnia. El fallo fue, a todas luces, una patada al hígado al gobierno argentino, con la salomónica admonición a Uruguay por no haber respetado el tratado del río Uruguay y la reconvención a Argentina porque se ha comprobado que Botnia no contamina.

Botnia no se mueve ni se moverá de donde está. No obstante, para nuestra presidente, la misión diplomática que tenía como objetivo desactivar la pastera, "ha sido un éxito", vaya a saber por qué razones, si las del país real o las del virtual. Como contrapartida, se verifica la reacción de los mal llamados “asambleístas” o “ambientalistas”, que anunciaron que no despejarán el puente San Martín, que une ambas orillas del río.

El puente entre Puerto Unzué y Fray Bentos no pertenece a la provincia de Entre Ríos sino a la Nación argentina por un lado y a la Nación uruguaya por el otro. Y mal que les pese a estos piqueteros disfrazados de ambientalistas y de carnaval todo el año, tanto la iniciativa de la obra y su ejecución como la inauguración se deben a gobiernos de facto. Fue Juan Carlos Onganía quien el 16 de junio de 1969 firmó el decreto Nº 3.056 encargando la construcción a Ingenieros Consultores Hidrosud Argentina S.A. y Mandatos Tudor Engineering Company, y luego Jorge Rafael Videla, presidente de la Nación, inauguró la obra el 16 de septiembre de 1976, que se denominó por común acuerdo de las partes “puente Libertador General San Martín” en conmemoración al prócer cuya intención fue la de unir a toda Latinoamérica.

El gobierno argentino está ahora obligado a desalojarlo, incluso usando la fuerza. Pero resulta que dicho corte, que se inició a comienzos de 2006, fue promovido y financiado por el matrimonio presidencial, Cristina y Néstor Kirchner. Es decir que, para llamarlos sin eufemismos, son piqueteros a sueldo, pagados, involuntariamente, por todos los argentinos. A nadie se le escapa el dato de que es imposible vivir sobre un puente durante años sin apoyo "externo". La pregunta que queda flotando es quién y cómo ocupará de ahora en adelante a estos futuros "desocupados" de Gualeguaychú.

Después del fallo del tribunal internacional, el dilema K se balancea entre alinearse con los dirigentes y los países pacíficos y defensores del orden público y de los derechos civiles (y por lo tanto "represores") o bien pronunciarse "a favor del pueblo" y permitir todo tipo de manifestaciones, incluyendo las violentas, a fin de continuar manipulando los hilos del poder (el "progresismo" del siglo XXI).

Desde Caracas, y rodeada de la crema comunista de América, la primera magistrada se manifestó complacida por el equilibrado fallo, al que se sumaron -aparentemente- sus incondicionales: Hugo Chávez, Rafael Correa de Ecuador, Raúl Castro de Cuba, Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua y varios tiranuelos asiáticos y africanos. Stalin faltó a la cita, porque no pudo salir de su féretro.

Si bien el fallo es inapelable y debe ser acatado por ambos países por ser miembros de Naciones Unidas, con los K nunca se sabe. Pepe Mujica, el terrorista reformado y hoy presidente de Uruguay, es infinitamente más confiable que la pareja presidencial argentina cuyas desmesura y ambición de poder viene marcando desde hace siete años el zigzagueante derrotero de la Argentina, que la pone en una delicada situación de credibilidad frente a los desafíos políticos, económicos y sociales del mundo actual.

Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz

9 abr. 2010

LA NACIÓN - 9/04/10

DEFENSA EN CRISIS

El paso del tiempo y el escaso presupuesto tornan obsoletos los equipos y los armamentos de las Fuerzas Armadas

Cada año que transcurre agrava las consecuencias de la ya crónica desinversión que sufren nuestras Fuerzas Armadas, que, al verse privadas del presupuesto necesario, no sólo no pueden adquirir equipamiento nuevo, sino que tampoco pueden mantener ni reparar el existente, que de a poco se vuelve inoperable mientras el personal se ve rezagado en materia de capacitación.
La situación no es nueva. La Argentina invierte en defensa mucho menos que los países de la región y de la Unión Europea. Esto se verifica, como proporción del producto bruto interno (PBI), en gasto por kilómetro cuadrado de superficie o por habitante.

Al margen de esas cifras, el resultado es preocupante: las Fuerzas Armadas no están en condiciones de cumplir hoy con su misión principal.

El atraso en la inversión en esta área adquirió un tono marcado desde el primer gobierno de Carlos Menem, cuando se redujo el presupuesto para Defensa y se privatizaron varias de las plantas del complejo fabril de Fabricaciones Militares.

La desinversión ha continuado. El atraso es tal que para darle un corte y comenzar a revertirlo se requiere un cambio de política. En la Presidencia resultaría cómodo argumentar en voz baja que se han equivocado los gobiernos de la ex presidenta Michelle Bachelet en Chile y de los actuales presidentes Luiz Lula da Silva en Brasil, Nicolas Sarkozy Francia y José Luis Rodríguez Zapatero en España, por citar ejemplos muy diferentes entre sí, en dar a esta área un lugar preponderante y, de ese modo, ceder a perversas presiones antidemocráticas.

Al cabo de siete años de bonanza sin precedente en los dineros públicos argentinos -fruto de la economía internacional, no de la sabiduría de los gobernantes locales-, las Fuerzas Armadas afrontan hoy una situación muy difícil y compleja, que constituye ya una pesada hipoteca para el próximo gobierno, cualquiera sea su signo político. El equipamiento del Ejército tiene una edad promedio superior a los 30 años. De los aviones de combate de la Fuerza Aérea vuela menos del 15 por ciento y no tienen misiles ni munición.

La Armada no puede mantener en forma adecuada los buques de la familia Meko, cuyo sistema es el más moderno; su electrónica está fuera de época. Precisamente, el programa Meko fue un ejemplo: decidió incorporarlo en 1974 el presidente Perón, con aprobación del Congreso. El último barco entró en servicio cuando Néstor Kirchner ya era presidente de la República.
De un total de 60 barcos "sólo 16 están en condiciones de navegar", expresó el diputado radical Julio César Martínez, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja. En lo que hace a la Fuerza Aérea, solamente uno o dos Mirage estarían en condiciones de volar, y en la aviación naval sólo habría tres aviones Super Etendard operativos.

Este penoso panorama coincide con la actitud de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hacia el personal militar: han logrado desmotivarlo. Las autoridades de Defensa han alterado las exigencias de excelencia profesional para los ascensos, reemplazándolas por criterios políticos de facción.

A esa arbitrariedad se ha sumado el desorden. Las Fuerzas Armadas, con graves penurias presupuestarias y sin equipos, tienen hoy más oficiales superiores, generales, almirantes y brigadieres que en las últimas tres décadas. Ha crecido, asimismo, el personal y la burocracia del Ministerio.

La comparación con nuestros vecinos es elocuente. La Argentina destina el 5,38 por ciento de su presupuesto a Defensa, contra el 12,3 de Chile y el 7,3 de Uruguay. Un estudio de la consultora Nueva Mayoría indica que en 2008 los gastos argentinos en Defensa representaron el 0,87 por ciento del PBI, muy lejos de Ecuador (3,81), Chile (3,73), Colombia (3,34), Uruguay (1,77) y Brasil (1,70). Surinam, con el 0,95 por ciento, invirtió más en Defensa que nuestro país.
A esta altura del deterioro, resulta irrelevante perderse en anécdotas sobre el estado de equipos cuyo mantenimiento es muy oneroso y sus prestaciones inciertas. Incluso hay muchos equipos que sólo tienen una existencia virtual o contable, pues han sido canibalizados y sus repuestos no se fabrican en el mundo desde hace décadas.

Además de mantener lo que es indispensable mantener -porque es lo único que tenemos-, para lo cual el presupuesto no alcanza y tendría que ser incrementado, deberíamos estar analizando en qué va a gastar la Nación para construir su seguridad futura.

Falta una política de largo alcance que contemple el necesario reequipamiento y capacitación. Nuestras Fuerzas Armadas no pueden estar condenadas a la mera subsistencia, desguazando algunos componentes de su sistema de armas para permitir el precario funcionamiento de otros.
Es vergonzoso que algunos pilotos de la Fuerza Aérea se vean obligados a completar su cuota anual de horas de vuelo y de ciclos de despegues y aterrizajes a bordo, como ocurre, de avionetas Cessna.

En un país en el que aún hay niños que mueren de hambre no se trata, obviamente, de lanzarse a una carrera armamentista, sino de dotar a las fuerzas a las que la Constitución consagró a nuestra defensa de los medios necesarios para que estén en condiciones de cumplir ese mandato. Es responsabilidad del Gobierno y, en distinto grado, de la oposición.
No hay soluciones mágicas para la situación a la que se ha llegado, pero debería haber, al menos, decisión política para revertirla en el futuro inmediato.