Rucci y Larrabure, víctimas del terrorismo de Estado camporista
Arturo Larrabure
http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/26/10/2008/8aq009/nota_papel.pdf
La Nueva Provincia
Domingo 26 de octubre de 2008
Al peticionar, hace poco más de un año, que el crimen de mi padre fuera declarado de lesa humanidad, abrí un fecundo debate al que, día a día, van sumándose nuevas voces, que se preguntan junto a mí: "¿Qué necesitamos para que exista verdaderamente un "Nunca Más"? ¿Memoria o historia?".
En su afán por crear un pasado imaginario, la "memoria" niega que los crímenes de José Ignacio Rucci, Humberto y María Cristina Viola, Argentino del Valle Larrabure y Néstor Horacio López sean de lesa humanidad; desde sus páginas afines, afirma que ellos fueron "ajusticiados", no asesinados, y que se trata de delitos comunes prescriptos por no haber mediado participación estatal.
Es tal el grado de impunidad que, mofándose del dolor de sus deudos, titula el crimen de Rucci como "Operación Traviata".
La historia ha comenzado a despertar las conciencias adormecidas y presionadas de jueces y fiscales, exigiéndoles investigar por qué, en pleno gobierno constitucional de la fórmula Perón-Perón, ocurrieron tales horrendos crímenes.
¿Cuál era el revés de la trama? ¿Cuál el plan criminal trazado para desafiar a un gobierno electo por el 62% de los votos?
La historia nos convoca a descubrir el plan criminal leyendo los escritos del ideólogo de la guerrilla: John William Cooke, quien sostuvo que la revolución debía realizarse infiltrando las masas peronistas y generando una sucesión de hechos revolucionarios que forzaran a Perón a consentir la instalación de un régimen marxista.
Las piezas del rompecabezas fueron paulatinamente colocándose a partir de la campaña electoral de l973, donde los cuadros de superficie de Montoneros tuvieron activa participación.
¿No fue, acaso, Miguel Bonasso el secretario de Prensa del Frente Justicialista de Liberación y Horacio Verbitsky, uno de los redactores del discurso pronunciado por Cámpora ante la Asamblea Legislativa?
¿No preanunciaban las Pautas Programáticas del Frente la amnistía de los terroristas?
¿Hemos olvidado el discurso de Rodolfo Galimberti del 18/5/73 propiciando la creación de milicias populares para tomar el poder?
¿No recordamos a Cámpora proclamando, al asumir, que "en los momentos decisivos, una juventud maravillosa supo responder a la violencia con la violencia?". Ya en el poder, el terrorismo de Estado camporista se volvió evidente, en la actuación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, que facilitaron e incentivaron la acción terrorista, amnistiando a los guerrilleros sin
desarmarlos y suprimiendo la legislación antiterrorista y los tribunales que eficientemente los juzgaran.
El actual procurador general de la nación, Esteban Righi, fue quien elaboró y negoció los proyectos de indulto y amnistía, ordenando, poco después, la supresión de la dirección de Investigaciones Políticas Antidemocráticas de la superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, donde se almacenaban las fichas de miles de argentinos sospechados de acciones terroristas.
Mientras tanto, la Argentina sufría sucesivas ocupaciones de barrios, universidades, hospitales,
radioemisoras y ministerios, con los que la guerrilla intentaba ganar posiciones, ante la pasividad de Righi que, como ministro del Interior, las justificó, interpretándolas como hechos naturales y comprensibles. "¡Cómo vamos a ordenar reprimir al pueblo si suyo es este gobierno y en su nombre y por su voluntad actuamos!", supo decir entonces.
Alentados por la pasividad oficial, el 8 de junio de 1973, ERP y Montoneros, en sendas conferencias de prensa, elogiaron las medidas antirrepresivas de Cámpora y Righi, sin dejar de advertir que seguirían armados y alertas.
¡Vaya si lo estaban!: Doce días después, sobrevino la masacre de Ezeiza, cuya causa (según Julián Licastro, testigo privilegiado de los hechos) fue la ausencia de un orden público garantizado por la fuerza del Estado, el que había sido sustituido por el orden montonero, habiendo reconocido Firmenich que había cinco mil guerrilleros armados con armas cortas. Se iba a pelear con Perón arriba del palco y la posibilidad de que saliera herido era muy grande.
¿Quién era el responsable de la policía?, se preguntarán los jóvenes: Esteban Righi, a quien Perón recriminó en durísimos términos su ineptitud; el mismo que hoy, como procurador general de la nación, ha prohibido a los fiscales considerar de lesa humanidad los crímenes de la guerrilla. Pudiendo eventualmente ser interrogado por la presunta responsabilidad que, como funcionario camporista, pudo haberle correspondido, lo prohíbe.
No habrá de lograr sus fines, porque la historia está haciendo resonar las palabras que Perón pronunciara, un día después de Ezeiza, advirtiendo que conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo en el país, donde se vivían las consecuencias de una posguerra civil que, aunque desarrollada embozadamente, no había dejado de existir.
"Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado se equivocan. (...) Por eso deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. (...). La inoperancia, en los momentos que tenemos que vivir, es un crimen de lesa patria. (...) A los enemigos embozados y encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento", fueron las severas y precisas palabras del anciano líder.
La gravedad de los hechos precipitó la renuncia de Cámpora, siendo, en septiembre de 1973, Perón electo como presidente. Pero el plan criminal no se detuvo: Dos días después, los montoneros tiraron un cadáver sobre la mesa de negociaciones: el de José Ignacio Rucci. No querían la paz; trabajaban para el golpe de Estado, diciendo: "Cuanto peor, mejor".
Hoy, están en el poder, mientras la historia carga sobre las espaldas de jueces y fiscales la responsabilidad moral de optar entre el coraje o la cobardía, la conveniencia o los valores, la justicia o la política.
En la causa de mi padre, hemos llegado ya muy lejos, con los valientes pronunciamientos de los jueces Bailaque y Sutter Schneider y el dictamen del fiscal general Palacín. Estoy seguro de que continuarán resistiendo las presiones y honrando a la justicia.
Nos conforta que se sumen a esta ardua lucha la familia de José Ignacio Rucci y sus compañeros del sindicalismo. No se ha equivocado Hugo Moyano al sostener que "los que asesinaron a Rucci mataron al general Perón", ni al pedir que se cuente completa la historia, juzgando a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad.
El camino de la reconciliación pasa, hoy, por la justicia. Dios nos ayude a rescatar el sagrado valor de la vida y a vivir sin odios.
