EDITORIAL DE LA NACIÓN, 28/02/09

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Otro disparate más

La eventual estatización del comercio de granos nos haría retroceder más de medio siglo y tendría penosos resultados

De acuerdo con insistentes versiones provenientes de fuentes oficiales, el Poder Ejecutivo analiza un cuestionable proyecto de estatización del comercio de granos y sus industrializaciones, que, de concretarse, quedaría a cargo de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), creada a fines de los años noventa para ejercer determinadas tareas supuestamente útiles para el control de la evasión.

Como suele ser moneda corriente, esa modesta oficina fue creciendo, abarcando a partir de los últimos años amplias funciones vinculadas con el comercio de granos, carnes vacunas, lácteos y otros productos. Su labor obstaculizó, restringió y hasta prohibió exportaciones agrarias. Con la colaboración de la Secretaría de Comercio Interior, la Oncca contribuyó a la formidable reducción de las exportaciones nacionales conocida en estos días.

Quienes se resisten a creer que se pueda cometer el desatino de estatizar el comercio agrícola estiman que se busca, en realidad, ejercer presión sobre los productores de granos para que vendan productos de la pasada cosecha aún sin liquidar, que se estiman en el orden de los 6 millones de toneladas, con cuyo concurso las arcas fiscales podrían hacerse rápidamente de unos mil millones de dólares por retenciones. Si así fuera, ello mostraría la magnitud de los apuros de las autoridades por la marcha de las cuentas fiscales, ya que, de un modo u otro, tarde o temprano, las ventas serán realizadas.

Estatizar el comercio de granos sería retrotraer la administración económica a los años 40, cuando apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, fue creado el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el tristemente célebre IAPI, nacido en 1946 y disuelto en 1955, luego de provocar gravísimos daños a la economía nacional. Su creación significó el surgimiento de una entidad que actuó como agente comercial del Estado comprador y vendedor monopólico de todo tipo de bienes, fueran productos agrícolas u otros de naturaleza industrial, tanto insumos como bienes de capital.

En lo que respecta a los productos agrícolas, compraba todos los granos que luego vendía al consumo interno como a la exportación. Cabe recordar que compraba el trigo según estimaciones de costo a su cargo y luego lo vendía, inflación mediante, a precios internacionales. Sólo a título de ejemplo, el trigo que con anterioridad al nuevo organismo se cotizaba a precios internacionales pasó a venderse a la mitad.

Algunos números muestran los resultados de aquel monopolio. En los dos primeros años de actuación del IAPI se cosecharon 11 millones de toneladas de maíz que cayeron a 6,3 millones en los dos últimos, con una caída del 43 por ciento, mientras en el mundo su producción creció el 79 por ciento. Al trigo le fue algo mejor: mientras entre el principio y el fin del monopolio la producción cayó un 5,5 por ciento, en el mundo creció el 23 por ciento.

Debe recordarse, eso sí, que, en 1952, en medio de una sequía, la producción cayó tanto que los argentinos comieron pan negro para aprovechar mejor el escaso grano disponible. En cuanto al lino, el tercer gran cultivo en épocas en que no se cultivaba soja, la producción entre 1947 y 1956 se redujo a la quinta parte. No sólo granos compraba el IAPI. También intervino en las exportaciones de carnes como agente gubernamental en los convenios con Gran Bretaña, denominados Andes, de 1946, y Angloargentino, de 1949.

A las operaciones comerciales monopólicas respecto del agro se sumaban importaciones de insumos industriales y bienes de capital. En el proceso estatizador, intervino en la compra de los ferrocarriles y, entre otras, en la de la compañía telefónica y barcos de la flota mercante. En suma, un inmenso poder desarrollado sin controles. Vaya ello para tener en cuenta que así como la Oncca creció a partir de una pequeña oficina hasta las mayúsculas funciones actuales, la transformación deseada ahora, de llevarse adelante, podría abarcar finalmente otros sectores. En otro orden, hay que recordar los graves errores de gestión y los frecuentes e importantes hechos de corrupción ocurridos. Una numerosa e interesante literatura a cargo de reputados autores da cuenta de ese opaco período de la administración económica durante los diez años de existencia de ese organismo.

Es de esperar que la posibilidad de que se estatice el comercio de granos no pase del terreno de las versiones. Si ya en los años 40 el país se equivocaba groseramente, recaer en un proyecto estatizador implicaría no entender la evolución del mundo en más de medio siglo. Si en realidad se tratara de un objetivo del gobierno nacional, estaríamos ante la presencia de una nueva y gran confrontación no sólo con el agro sino con otros protagonistas. Como semejante dislate debería pasar necesariamente por el Congreso de la Nación, cabe aguardar que los legisladores actúen con la debida prudencia.