LA NACIÓN - 26/12/08
Editorial I
Acoso a la independencia judicial
Es condenable el anuncio del gobierno nacional de que impulsará la destitución de miembros de la Cámara de Casación
La airada reacción del Poder Ejecutivo ante la decisión de la Cámara de Casación de ordenar la libertad de algunos detenidos a los que se ha mantenido en prisión preventiva mucho más allá de los tres años, lo cual es ilegal, vulnera inequívocamente la independencia del Poder Judicial e ignora que la vigencia de las garantías procesales básicas incluye ciertamente también a quienes son juzgados por presuntos delitos aberrantes.
Resulta condenable el anuncio del gobierno nacional de impulsar la destitución de los camaristas que, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se animaron a ordenar la liberación de personas detenidas por haberse excedido groseramente los plazos máximos de ley para la prisión preventiva.
Todos los ciudadanos tienen, ciertamente, el derecho a ser juzgados en el marco del debido proceso legal, que incluye la necesidad de que los juicios se resuelvan en un plazo razonable.
La prisión preventiva no puede ser utilizada en forma desaprensiva para privar con ella indefinidamente de la libertad a quienes han sido detenidos. Particularmente cuando es del poder político de quien depende la modernización de los procesos judiciales que en nuestro medio se mueven a ritmos realmente prehistóricos.
La independencia del Poder Judicial -prerrequisito indispensable del debido proceso legal- es una garantía absolutamente central en la estructura institucional de la democracia. Cuando ella no se respeta, los ciudadanos quedan sujetos a la arbitrariedad y abusos del poder y sus libertades esenciales están gravemente amenazadas.
Garantizar la independencia de la Justicia supone no presionar a los jueces, ni desde el Poder Ejecutivo ni desde el Legislativo, desde que ambos poderes del Estado están obligados por igual a asegurar a todos los ciudadanos, sin excepciones, la posibilidad real de ser juzgados por magistrados independientes.
En una democracia, los jueces deben poder dictar sus sentencias ajustándose a derecho, sin que existan interferencias desde los otros poderes del Estado y sin temores a la reacción externa que ellas puedan generar.
El poco apego de la actual administración nacional, al igual que de otras que la antecedieron, a respetar la independencia de los jueces, es conocido. Por una parte, los propios magistrados judiciales han manifestado, reiterada y públicamente, sus preocupaciones por las presiones de toda índole a las que se los somete. Por la otra, es imposible olvidar que fue la propia presidenta de la Nación, cuando era senadora, quien lideró personalmente los esfuerzos por reformar la estructura legal del Consejo de la Magistratura de manera de someterlo al control del poder político, con el propósito obvio de manipularlo, lo que, por lo demás, desgraciadamente ha sucedido en los hechos, con total descaro, a lo largo de los últimos tiempos.
La gravedad de esta situación no ha sido aún reconocida en su verdadera magnitud institucional por nuestra sociedad.
En el caso que nos ocupa, de alguna manera, la reacción del Poder Ejecutivo tiene curiosos paralelos con la del gobierno de George W. Bush, cuando éste se negó a reconocer el debido proceso legal a quienes estaban detenidos por actividades terroristas, a los cuales se mantenía en una suerte de inaceptable "limbo" legal.
Y resulta particularmente sospechoso que las autoridades nacionales se quejen de la lentitud de los procesos judiciales, cuando los legisladores del oficialismo se negaron en su momento a tratar un proyecto de ley de la oposición para agilizar las causas contra quienes están acusados de excesos en la represión. Entre los impulsores de esa iniciativa figuraban Ricardo Gil Lavedra y Andrés D´Alesio, ex miembros de la Cámara Federal que, en 1985, condenó a reclusión perpetua a los integrantes de las juntas militares que gobernaron el país desde 1976.
Así como sin la garantía del debido proceso para todos, no hay Estado de Derecho, no se puede esconder con el humo de las diatribas la gravísima incapacidad para asegurar que los procesos judiciales tengan tiempos y pasos razonables como en otras partes del mundo civilizado.
Cartas de lectores
Jueces
Señor Director:
"La señora Presidenta ha formulado declaraciones duramente críticas a una sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal que implican una violación flagrante de la norma constitucional de la separación de los poderes del Estado.
"Además de ello, ha amenazado a jueces y justiciables con disponer la entrega de estos últimos para su juzgamiento por los magistrados de una nación extranjera, lo cual, obviando el aspecto extorsivo, atenta contra el principio de los jueces naturales que instituye el artículo 18 de la Constitución nacional."
Octavio D. Amadeo
Abogado
DNI 4.144.971
Reincidentes
Señor Director:
"En cuanto a los dichos de la Presidenta sobre la liberación de Astiz y Acosta, me gustaría que como argentina haga las mismas críticas sobre la Justicia cuando deja en libertad a homicidas que luego, en muchos casos, reinciden."
Javier Ignacio Lanús
DNI32.784.039
javier_lanus@hotmail.com
Es la conducción...
Señor Director:
"La alarmante información brindada por el corresponsal de LA NACION Hugo Alconada Mon, en su edición del 15/12, cuando señala a la Argentina gobernada por los Kirchner como «la de mayor vulnerabilidad en la región» frente a la crisis recesiva, se comprende perfectamente a la luz de la «teoría de los juegos», de John Nash (premio Nobel 1994), ya que ninguna economía quiere negociar con quienes practican «juegos de conflicto de suma cero», como el gobierno actual.
"El problema no es la Argentina, considerada potencia mundial en la producción de alimentos. «Es la conducción, estúpido»."
Guillermo Federico Evans
Dr. en Ciencias Jurídicas
LE 5.081.846
