27 abr. 2009

LA SISTEMÁTICA BURLA A LA LEY

La extraterritorialidad es una figura jurídica existente en nuestro derecho y en el derecho internacional público. Así por ejemplo, dentro de los límites de la embajada argentina en París no rige la ley francesa sino la argentina, y cualquier niño nacido allí será automáticamente argentino. De la misma y recíproca manera, cualquier asunto ocurrido en una embajada extranjera en Buenos Aires no está sometido a las leyes argentinas, sino a las del país representado.

No escapa al concepto de extraterritorialidad la quinta presidencial de Olivos, que ha sido vapuleada varias veces en la historia nacional. Tal el caso del ex presidente De la Rúa que dijo que él no viviría en ese lugar, ignorando lo que un abogado medalla de oro no podía ignorar: que siendo una donación con cargo, si no se usa para el fin estipulado, el predio vuelve al donante o a sus sucesores. El hecho de que esté emplazada en el partido de Vicente López, y por lo tanto en la provincia de Buenos Aires, no es óbice para un detalle mayúsculo: la quinta de Olivos es territorio federal. Así como la Casa Rosada no pertenece a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la quinta presidencial de Olivos pertenece a la Nación, no a provincia alguna.

El ex presidente y marido de Cristina Fernández, Néstor Carlos Kirchner, ha fijado su domicilio en calle “Villate al 1000”, en el barrio conocido como Olivos, partido de Vicente López, arguyendo que vive allí desde el año 2003. Con esto pretende transformarse en ciudadano bonaerense y así postularse por esta provincia. Dicho domicilio impreciso, ya que la vereda del frente sí pertenece a la provincia de Buenos Aires, es una trapisonda más a las que nos tiene acostumbrados el ahora presidente del partido justicialista. Néstor Kirchner no está habilitado para ser candidato en la provincia de Buenos Aires, porque no ha cumplido con el requisito legal que obliga a los aspirantes a un cargo público a tener residencia durante dos años, como mínimo, en el lugar donde piensan postularse.

De la misma forma que el "primer caballero" de la Argentina, la jueza electoral federal, ex esposa de un brigadier, de quien sigue usufructuando el apellido, y que nos tiene acostumbrados a insólitos fallos, María Romilda Servini de Cubría, ha permitido esta transgresión legal de impensadas consecuencias. Porque de lo aquí se trata es de violar la ley, y la gravedad del hecho radica en que el transgresor no es un humilde ladrón de gallinas que busca su sustento y el de su familia, sino de las máximas autoridades en ejercicio de los poderes del Estado: el ejecutivo y el judicial. Es decir que el modelo que promueven este gobernante y su esposa en el cargo de presidenta es la violación sistemática de la ley, desanimando de esa forma a la ciudadanía, los de abajo, a su cumplimiento.

¿Hay alguna figura peor que ésta? Sí. La convalidación por parte de la justicia de las violaciones a la ley. Todo el sistema jurídico ideado por los K, en especial el funesto Consejo de la Magistratura, apunta a que la ley en Argentina sea algo relativo, dependiendo de quien la manipule. En nuestro país los jueces son manejados por el ejecutivo que decide el quién, el cuándo y el cómo de la Justicia.

Por eso, compatriotas, debemos estar atentos, ya que luego de intercambiarse el poder durante varios períodos entre ellos, puede suceder que el matrimonio presidencial resuelva vender el predio para construir un country o un shopping en este terreno privilegiado de la zona del norte del conurbano bonaerense, cuando algún juez -o jueza- venal les allane el camino, interpretando la ley como mejor convenga a los espurios intereses de la coyuntura.

Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz