14 abr. 2009

LA JUSTICIA SOSPECHADA

En la edición reciente de un matutino porteño coexisten dos noticias aparentemente sin relación: por un lado se lee que el juez Bonadío sobreseyó al ex presidente Fernando De la Rúa en el caso de las muertes por represión en diciembre de 2001; por el otro, un policía fue sentenciado a diez años de prisión por “gatillo fácil” en un hecho ocurrido en Boulogne en ese mismo año.

Claudio Bonadío, un abogado que fuera empleado en el estudio de Carlos Corach y luego designado juez federal cuando Corach llegó al Ministerio del Interior, ha sobrevivido a diversos pedidos de destitución y debió comparecer reiteradas veces ante el consejo de la magistratura. Es también uno de los jueces “de la servilleta”, aquel episodio denunciado por Domingo Cavallo, en el que el ex ministro Corach anotaba en una servilleta los jueces que manipulaba y el personaje al que respondían. Pero más increíble aún es que la justicia que él imparte no lo rozó cuando él mismo se transformó en “gatillo fácil”.

En septiembre de 2001, mientras se dirigía con un amigo a un asado nocturno, Bonadío sufrió un aparente intento de asalto por parte de dos delincuentes en una calle de Vicente López. Según se informó en su momento, los malvivientes se acercaron al juez con la presunta intención de asaltarlo y éste respondió desenfundando el arma que llevaba, lo que provocó la huída de los asaltantes. Sin embargo, a pesar de que los dos hombres corrían en dirección opuesta, Bonadío les disparó a ambos, en plena fuga, por la espalda. Ambos murieron. Uno, alcanzado por dos disparos en la cabeza, falleció en el acto; el otro, que presentaba cuatro balazos, murió horas después en un hospital. Es decir que, en unos pocos segundos, el juez disparó por lo menos seis veces, con inusual puntería, teniendo en cuenta que era de noche.

Párrafo aparte merece el arma utilizada: una pistola Glock calibre 40, de origen austríaco, un arma sofisticadísima, que dispara como una ametralladora, y de munición mortífera. El Renar exige estrictísimos trámites para comprarla y tenerla. Ni hablar de la posibilidad de portarla como si fuera una gomera.

No obstante, en otra noticia difundida por el diario La Nación en julio de 2005 se lee lo siguiente: “En un trámite que, según fuentes judiciales, roza la ilegalidad, cinco funcionarios del gobierno nacional, un juez federal y un empresario adquirieron pistolas con las que se pueden disparar ráfagas de balas como una ametralladora y que sólo pueden ser utilizadas por fuerzas militares, durante actos de servicio. El arma en cuestión es una pistola Glock modelo C 18, calibre 9 milímetros, que permite disparar su cargador, de 19 balas, en forma de ráfaga en menos de un segundo. En la Argentina ninguna fuerza de seguridad, ni militar disponen de ellas. Es, sin embargo, la pistola que utilizan los agentes especiales del FBI. Teóricamente ningún civil puede llegar a comprarla, excepto que el Ministerio de Defensa lo autorice en forma expresa. El interesado, entre otras cosas, debe acreditar un entrenamiento especial para su manejo. ‘Hay unas 800 de estas autorizaciones’, admitió Juan Carlos Ramos, director del Renar.”

Más adelante, la noticia sigue explicando que “entre los beneficiarios de la operación aparece el ministro de Defensa, José Pampuro, su secretario de Asuntos Militares, Jaime Garreta, el director del Registro Nacional de Armas (Renar) Juan Carlos Ramos, el subdirector de esa repartición Narciso Angeletti, el juez federal Claudio Bonadío, el procurador del tesoro Osvaldo Guglielmino y el empresario de Lomas de Zamora Néstor Otero. Para conseguir el moderno armamento todos los interesados fueron autorizados en forma especial por el ministro de Defensa. Las fuentes consultadas por LA NACION dijeron que los funcionarios argumentaron que son objeto de frecuentes amenazas. Cuando se le preguntó a Ramos si había denunciado judicialmente esas supuestas intimidaciones, dijo que no lo había hecho porque se trataba de ‘mensajes, papelitos, volantes y e-mails’.”

El juez Bonadío mató por la espalda a dos presuntos asaltantes en septiembre de 2001, con una pistola Glock 40. En julio de 2005, a través del Ministerio de Defensa de la Nación, adquiere otra pistola de la misma marca, cuyo uso está restringido por las mismas autoridades que le permitieron su compra y portación. Es decir que, mientras el común de la ciudadanía debe enfrentar la “sensación de inseguridad” sin otro recurso que la buena suerte, los poderosos, que son en realidad los “más iguales” entre los iguales, pueden echar mano, amén de la custodia personal y otros artefactos, de las armas más sofisticadas y caras del mercado, a fin de contrarrestar “las amenazas” de la delincuencia.

Esto no pasaría de ser un vergonzoso privilegio de la casta política, si no fuera por el hecho de que en el caso de Claudio Bonadío estamos hablando de un juez federal, es decir de alguien que dispone a su arbitrio sobre la vida, los bienes y la honra de sus compatriotas. El juez Bonadío mató, en un episodio más que confuso, a dos presuntos delincuentes, pero ni siquiera fue objeto de un sumario hasta que se aclarara la situación. Lo que más llama la atención es la falta de pudor del propio juez, que debió presentarse espontáneamente ante la Justicia y dar un paso al costado hasta que se probara su inocencia.

Es por eso que uno de los rasgos más preocupantes de la democracia que sufrimos es, no solamente la corrupción que corroe a los poderes ejecutivo y legislativo desde la primera magistrada del país hacia abajo, sino la impunidad, la desvergüenza y la sospecha que rodean y cubren por completo al tercer poder del Estado, el que debería ser la garantía ciudadana contra los abusos de los otros dos: la Justicia.

Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz