LOS IMPERDONABLES

Mientras la presidenta y su troupe se entretienen nuevamente en alejados rincones del planeta con la acostumbrada excusa de “fortalecer las relaciones bilaterales” (léase “comerciales”) con el país anfitrión de turno del circo argentino, la república experimenta el doble comando del ejecutivo al quedar nuestros destinos regidos por el ex presidente Kirchner, tan enquistado en el gobierno de su esposa como en la residencia de Olivos.

Desde que se iniciara la era K, la pobreza y la inseguridad han crecido en forma escandalosa, de la misma manera en que la pareja presidencial ha incrementado su fortuna, la de sus íntimos (Cristóbal López, Fabián Gutiérrez), la de los funcionarios “mimados” de su gestión (Ricardo Jaime) y hasta la de su propio hijo.

Pero si bien los excesos del ejecutivo no sorprenden en modo alguno en las democracias débiles, lo que no deja de preocupar es que después de veinticinco años (¡un cuarto de siglo!) de la nuestra, cuya “recuperación” no deja de ser reivindicada por los críticos de los gobiernos militares, se siguen verificando los mismos vicios que nos llevaron, precisamente, a los vacíos de poder que desembocaron en las consecuentes dictaduras.

A la notoria ausencia de una oposición fuerte se suma la cotidiana compra y venta de integrantes del poder legislativo que cambian de partido político como de convicciones, doblegándose vergonzosamente a los caprichos e irracionalidades del matrimonio en el poder, reconociendo como único mandante al dinero con el que se compran sus voluntades.

Pero la frutilla del escándalo kirchnerista reposa indudablemente en el poder judicial, que debería ser, por el contrario, la salvaguarda de la ciudadanía contra los abusos de los otros dos poderes del Estado. La lista de jueces sospechados y proclives al manoseo y los aprietes del ejecutivo sobrepasa largamente los límites de una servilleta y se extiende generosamente por varios manteles puestos en hilera.

Más allá de las expresiones irrisorias sobre el consumo de marihuana por parte de un integrante de la Corte Suprema famoso por ciertos fallos, la conducta de algunos jueces pone de manifiesto la impunidad con que estos señores, que cobran algunos de los sueldos más altos de la función pública, se abusan de la confianza popular al sentirse dueños de la vida, el patrimonio y la honra de los habitantes de la Nación.

En este sentido, si ya es condenable la actitud discriminatoria de la jueza Parrilli hacia dos empleadas debido a su color de piel, mucho más grave resulta el gesto intimidatorio de amenazar con la cárcel a una ciudadana por haber desatado su furia.

Además de la cantidad de exabruptos registrados por las cámaras de seguridad, la jueza demostró la peligrosidad de su persona, depositaria de una cuota de poder sobre el resto de la ciudadanía, al administrar ese poder para beneficio personal (ella no paga las multas que se le imponen) o dejándose llevar por circunstanciales estados de ánimo.

Lo que en otros estamentos sociales puede parecer inofensivo reviste en este caso una seriedad inusitada tanto por la responsabilidad de la investidura judicial como por las implicancias presentes y futuras del accionar de quien tiene la delicada tarea de administrar justicia pero que, al mismo tiempo, manifiesta descaradamente no solamente no cumplir con la ley, violando el artículo 16 de la Constitución Nacional, sino que amenaza con aplicarla en forma parcial y arbitraria.

Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz