COLCHA DE POBRE

La ley de radiodifusión 22.285 fue, en realidad, un decreto ley de la “dictadura” que dirigió los destinos del país entre 1976 y 1983. La impulsó José Alfredo Martínez de Hoz y la suscribió Jorge Rafael Videla. Como había surgido en un gobierno militar, había que destruirla a toda costa, no por defectuosa en sí misma, sino por estar “viciada” en su origen.

Luego de casi 26 años de supuesta democracia, había llegado la hora de eliminarla, claro que el propósito subyacente es la necesidad de los actuales emperadores K de controlar a la opinión pública, para lo cual deben manipular a los medios masivos, tanto audiovisuales como gráficos.

Aquella ley de la dictadura no tiene nada que ver hoy con la que vio la luz en 1980. Fueron tantas las modificaciones que se le hicieron desde la llegada de Raúl Alfonsín al poder en 1983, que ya nadie puede reconocer en ella a la ley original. Se calcula que se le hicieron alrededor de 200 remiendos, siendo los autores de los mismos el citado Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. De modo que, como diría un humorista cordobés, dicha ley es una “colcha de pobre”… poblada de remiendos y salpicada de retazos diversos aquí y allá, es decir un mamarracho.

Sin duda, los argentinos nos merecíamos una nueva ley, pluralista, equilibrada, pensada para la ciudadanía y respetuosa de los derechos de todos. En su lugar tenemos ahora otro mamarracho –decreto ley al fin− al servicio del matrimonio imperial, que levantarán o bajarán su dedo según se los adule o critique, amén de que podrán disponer la entrega de los medios de comunicación a cuanto aventurero ande suelto, de acuerdo a su real criterio. A ello se le agrega la posibilidad cierta de que, a partir del 10 de diciembre, el nuevo congreso decida su modificación o derogación.

A contrapelo de las opiniones en contrario, la presidenta Fernández ha decidido reglamentar e implementar inmediatamente la nueva ley, de modo que es probable que en breve se pase en cadena nacional “Aló Presidente”, el programa donde el venezolano Hugo Chávez nos ordenará lo que tenemos que hacer los argentinos, o bien escucharemos algún vetusto discurso de cuatro, cinco o seis horas de duración del dictador Fidel Castro, reflotado de sus “años mozos”, ya que todos los autoritarios del planeta, sean de derecha o izquierda, necesitan larguísimas exposiciones frente al atril a fin de ser “comprendidos” por sus súbditos. O se pasarán cortos en los que Evo Morales contará a la audiencia argentina como fue que Bolivia derrotó al imperio romano.

A pesar de todos los esfuerzos en contrario, la nueva ley de medios, Nº 26.522, parece destinada a ser otra colcha de pobre. Según distintas fuentes, los defectos en la ley fueron advertidos por el senador cordobés Carlos Rossi después que la misma había sido sancionada, pero, a fin de evitar una vuelta a diputados, los K decidieron que los errores fueran corregidos en el Boletín Oficial, mediante una absolutamente inconstitucional "fe de erratas". Es decir que la ley que aparece allí es distinta de la sancionada en el Congreso.

Lo escandaloso de esta ley es que, con la excusa de terminar con el monopolio privado, se impulsa la creación de un monstruo más terrible: el monopolio estatal de los medios de comunicación, al estilo sin duda del que experimentó la Alemania nazi con Joseph Goebbels o el que todavía oprime a los cubanos, impuesto por Fidel Castro, el dictador caribeño que ha cumplido medio siglo en el poder.

Esperemos que el próximo congreso no nos defraude y que la nueva ley de radiodifusión sea concebida "en un sólo paño", noble, sencillo y claro, a fin de satisfacer las expectativas y necesidades de todos los argentinos dondequiera que se encuentren en la dilatada geografía nacional, impidiendo la concentración de poder económico y, sobre todo, la concentración del poder estatal en los medios, la manipulación de la opinión pública y la mordaza sobre la libertad de expresión.

Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz