26 jun. 2008

“Hay justicia, si es políticamente correcto”

María Roberta Perujo Rivas


Esta es una de las frases que están en la grave denuncia enviada a adnciudad.com por un padre que lucha para que se haga justicia con respecto a la identidad de su hijo. La increíble historia de una Abuela de Plaza de Mayo que no acepta la verdad.

A veces cuando la Justicia no colma las expectativas de sus protagonistas, los medios de comunicación independientes son una puerta para poder expresar lo que pasa, lo que les sucede. En adnciudad.com recibimos a diarios muchas denuncias y siempre son tenidas en cuenta, luego de investigar de qué se trata.

En esta ocasión, llegó una grave denuncia y, al tener la causa en nuestras manos, se ha decidido publicarla, tal cual nos llegó a la redacción.

Carlos Ángel Mancuso tiene una causa en su contra por “Supresión del estado civil de un menor (art. 139, inc. 2), sustracción de menores de 10 años (art. 146), falsificación de documentos públicos y falsedad ideológica”.

En principio, la denuncia es anónima pero la señora Jorgelina Azzarri de Pereyra asegura que es la abuela del joven Carlos Ignacio, hijo del señor Mancuso.

“Han pasado cinco años del comienzo de esta locura y después de reflexionar he llegado a la conclusión que en nuestro país hay justicia, claro, si es políticamente correcto, caso contrario, que Dios nos guarde de tener la desgracia de ser acusados de un supuesto delito -políticamente correcto- aunque ésta acusación sea efectuada por una supuesta y vaga denuncia anónima sin el más mínimo sustento probatorio”.

La causa está radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, Secretaría 9, de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Norberto Oyarbide.
Mancuso afirmó que desde la denuncia en su contra “se comienza a vivir el reino del revés, 'chicanas judiciales' hacen difícil poder demostrar lo obvio: que una madre tenga que demostrar que el hijo que parió, que vio salir de sus entrañas, es verdaderamente su hijo”.

“Tal como lo indicó al justicia, se realizó un examen de ADN en la prestigiosa Fundación Favaloro (PRICAI), que confirmó que Carlos Ignacio es nuestro hijo biológico, por un porcentaje superior al 99,9%; se interpuso una de esas 'chicanas' y se declaró nulo dicho examen, pese a que arrojó certeza absoluta con máximo reconocimiento científico-profesional, pretendiéndose ahora -porque es políticamente correcto- extraerle nuevamente sangre a nuestro hijo biológico para ser comparada en el Banco Nacional de Datos Genéticos con la señora Jorgelina Azzarri de Pereyra, quien dice ser su abuela, y con las muestras de familiares de desaparecidos”, continúo el damnificado.

Además, expresó: “Lo único que puedo pensar a esta altura de las circunstancias es que la soberbia y la actitud caprichosa de esta señora, quien además es miembro directivo de Abuelas de Plaza de Mayo, y la lentitud de la Justicia para resolver esta cuestión -ya que nos encontramos con mi esposa imputados desde 2003 cuando se realizó el estudio- hacen que junto a mi familia estemos viviendo esta vejación, eso sí, siempre amparados por los derechos humanos; ¡pero ellos, no nosotros!”.

Todo se había iniciado aparentemente porque Jorgelina Azzarri de Pereyra entendía que Carlos Ignacio podía ser su nieto. Ante ello, optaron por la prueba del hecho positivo, es decir, acreditar que es efectivamente hijo del señor Mancuso, pero esto fue impugnado por fallas de procedimiento imputables al juez, entonces, lo que parecía una confusión, se convirtió en una pesadilla.

El problema de esta familia es que se preguntan quién les garantiza que el día de mañana no se les ocurra otro cuestionamiento para evitar enfrentar la realidad. “¿Cuál realidad? Que se equivocaron y no midieron las consecuencias. O peor aún, que tengamos que soportar un allanamiento para obtener una muestra de pelo, como ya ha pasado en otros casos”, afirmaron.

“Debe quedar claro que puede haber sido nulo aquel estudio, claro que no por nuestra culpa, pero eso puede tener cierta relevancia dentro de un aislado procedimiento judicial que se ciñe a un estricto código procesal; pero para la Sra. Azzarri de Pereyra esto es concluyente, por eso recurrió a las chicanas, pero jamás objetó el fondo del ADN, es que un porcentaje superior al 99,9% le señalaba que no estaba frente a su nieto, como ya ha pasado en esta misma causa y con otro joven”, agregaron.

Por ello, la decisión de la familia fue negarse a confrontar el ADN con cualquier otra persona. Esto sencillamente se funda, en que la mejor manera de esclarecer la cuestión es determinar si es hijo de biológico de Carlos Mancuso. En razón de ello, la familia propuso que se compare el ADN del joven con el de sus padres y el de su hermana.

Sobre lo que explicó el denunciado: “Qué sentido tiene realizar la pericia genética con extraños y en el Banco Nacional de Datos Genéticos donde existe un registro de personas ajenas, siendo que la querella quiere probar que 'Nacho' no pertenece a nuestra sangre, sino a la suya”.

“Sin embargo, no nos negamos a recrear la práctica que fue anulada, pero nuevamente entre mi hijo y nosotros, sus padres, sin la intervención de ningún Banco de Muestras de otras personas ajenas, para que así, la Sra. Azzarri de Pereyra pueda controlar su legalidad y darse cuenta que no tiene razón; incluso ofrecimos que intervengan los medios de comunicación para dar mayor transparencia al estudio, pero no sabemos qué más pretenden”, añadió.

Para finalizar, Mancuso manifestó estar esperando un gesto: “Aún estoy esperando el gesto de grandeza de la Sra. Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, cuando dijo en el programa de la señora Mirtha Legrand que si se demostraba que Carlos Ignacio no era uno de los nietos buscados no tendría reparos en pedirnos disculpas públicamente por los mismos medios en los que nos denostó acusándonos de presuntos apropiadores y represores, sin dejar de reflexionar sobre la liviandad con la que esta mujer pretende poder solucionar el daño causado. ¡Parece paradójico que justo ella hable de reparar!”.

Fuente: Agencia de Noticias ADNciudad, publicado el 26 de junio de 2008.