EL DESINFORMANTE
En aquellos países en los cuales el sistema democrático está más afianzado que en el nuestro, la posibilidad de acceder a la información pública por parte de la ciudadanía se ha convertido en un derecho a través de leyes que lo consagran.
Algunos países latinoamericanos, entre ellos México y nuestros vecinos Chile y Uruguay, cuentan con normas en ese sentido, algo que en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente, ya que los diferentes proyectos han sido “cajoneados” varias veces en las Cámaras, una de ellas gracias a las gestiones de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.
En Argentina es tan difícil saber por qué todos los juicios que rozan al poder político recaen siempre en un determinado juzgado, como pretender enterarse de la forma en que se gastan los fondos públicos.
En tiempos de Carlos Menem (1989-1999) las demandas contra el gobierno iban a parar indefectiblemente a la oficina capitaneada por María Romilda Servini de Cubría, mientras que las valijas con dólares eran transportadas por Amira Yoma y el tráfico más importante era el de armas de la mano de Monzer Al Kassar.
Durante la gestión K, iniciada en 2003, los juicios resonantes terminan inexplicablemente en Norberto Oyarbide, las valijas las acarrea Antonini Wilson (lacayo de Hugo Chávez) y el tráfico de ocasión es la droga, que sale tranquilamente de cualquier aeropuerto del país, por ejemplo desde Morón a Barcelona.
Por su parte, el Estado, encarnado por los funcionarios, legisladores y jueces funcionales a Cristina Fernández, se encarga de cerrar filas en torno a la presidenta, obstaculizando, impidiendo y negando a la ciudadanía el derecho a conocer cómo y en qué se gastan los fondos públicos, es decir el dinero que pertenece a todos los argentinos.
Un caso paradigmático en ese sentido lo constituye el de “la reparación histórica” a las víctimas del terrorismo de Estado encarado por la administración kirchnerista. Cada una de las supuestas víctimas –o sus familiares– fue indemnizada con 250 mil dólares, pero resulta imposible conocer cuántos y quiénes fueron los beneficiados. Cualquier gestión en ese sentido ante el Ministerio Público termina en una olímpica negativa, que deja profundas sospechas en la opinión pública.
La única excepción en este tema son los 700 mil dólares cobrados por el padre de la joven Dagmar Hagelin, como resultado de un juicio contra el Estado y gracias a la intervención del ex presidente Fernando de la Rúa, aunque Hagelin no conocía a su hija ni jamás se interesó por su suerte.
El Estado argentino indemnizó también a miles de subversivos “desaparecidos”, que un día, curiosamente, aparecieron en México gozando de buena salud luego de un fuerte terremoto. Otro “reparado” resultó ser un ex juez de Morón protagonista de un sonado caso que involucró al sacerdote Julio César Grassi, y que declaró públicamente y sin ningún empacho que no pidió su baja de la lista de desaparecidos de la Conadep porque para él era un honor estar entre ellos. Así llegamos finalmente al emblemático caso de la jueza de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación que, acosada por el periodismo, reconoció haber cobrado pero afirmó que lo iba a devolver, hecho que hasta ahora no parece haber sucedido.
En tiempos del matrimonio K, los desaparecidos fondos de la Provincia de Santa Cruz, el misterioso incremento del patrimonio de Néstor y Cristina, la “bolsita” de Felisa Miceli, el escándalo del ex secretario de transporte Ricardo Jaime y el más reciente de Sergio Schoklender, ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, entre otros casos, no solamente apuntan claramente a la oficina presidencial, sino que desnudan la realidad del país en lo que hace al manejo discrecional de los fondos públicos. Demás está decir que cualquier averiguación en este sentido está indefectiblemente condenada al fracaso.
Es imperativo por eso la sanción de una ley que permita conocer con certeza el destino de los dineros públicos –además de su inmediata aplicación por parte de las instituciones correspondientes–, debido a que en Argentina, mientras el gobierno se comporta como el gran desinformante, escondiendo o reteniendo datos como secreto de estado y la justicia cómplice se hace la distraída, a la ciudadanía sólo le queda recurrir al periodismo honesto para intentar gozar de un derecho que debería estar vigente desde hace años en el país “en serio” que prometieron los Kirchner.
© Raquel E. Consigli y Horacio Martínez Paz
