SEÑOR JUEZ
La elección sexual del juez federal Norberto Oyarbide nos tiene sin cuidado. Respetamos la vida privada de cada uno de nuestros congéneres, sea quien sea.
Lo que no puede hacer un juez es exhibirse públicamente a través de todos los medios de comunicación en paños menores, como lo hizo en 1998 durante el allanamiento al prostíbulo gay Spartacus –hoy desaparecido–, o subirse a un escenario para cantar “Beso a beso” con la Mona Giménez, o aparecer con su pareja masculina en las comparsas de Gualeguaychú, mientras degustaba un carísimo champán, que debió dejar a medio beber cuando algunos ciudadanos entrerrianos le dirigieron un estribillo acusador por haber exonerado al matrimonio K por enriquecimiento ilícito.
El broche de oro 24 kilates del “señor juez” de los últimos días es la declaración –y exhibición– pública de un anillo de brillantes (del que parece estar muy orgulloso), de dudosa procedencia. Según su propia declaración, le costó “apenas” un cuarto de millón de dólares. Sencillamente desvergonzado, chocante, obsceno e inaceptable.
Los argentinos pagamos sueldos muy generosos a nuestros jueces, pero aquí, como en otros casos, no cierran los números. Si consideramos que el juez de la Suprema Corte Raúl Eugenio Zaffaroni es propietario de una veintena de inmuebles, y que en más de la mitad de ellos se ejercía la prostitución (hasta que una denuncia lo puso al descubierto a mediados de 2011), que el juez federal Claudio Bonadío baleó por la espalda a dos supuestos ladrones sin ser nunca sumariado, que la jueza Carmen Argibay –que exhibe una currícula de una impactante pobreza académica para integrar el mayor tribunal de la Nación– cobró una indemnización por “desaparecida” (al igual que el juez de Morón Alfredo Meade, que se ufanó de integrar las listas de desaparecidos), nos preguntamos con justa razón quiénes son estos “señores jueces” que fallan sobre nuestra libertad, nuestro patrimonio y nuestro honor.
¿Qué autoridad moral asiste a estos personajes para desempeñar cargos en la Justicia?
Como ciudadanos que pagamos los inmorales sueldos de estos funcionarios que juzgan despreocupadamente a sus pares, queremos crear conciencia de que la legislación que mantiene en sus puestos a estos parásitos se ha vuelto obsoleta y que es necesario entender que los jueces deben cesar en sus funciones en tiempo y forma, pagar impuestos como cualquier compatriota, y que sus asignaciones deben ser controladas no solamente por ciertos organismos ad hoc, como el inefable “Consejo de la Magistratura”, sino por la propia ciudadanía.
Sólo así será justicia.
© Raquel E. Consigli y Horacio Martínez Paz
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