21 mar. 2010

LA NACIÓN - 21/03/10

Editorial II

SUPERAR EL PASADO, MIRAR EL FUTURO

Apenas unos días después de la asunción de José Mujica como presidente uruguayo, se cumplieron 25 años de la ley de pacificación nacional, sancionada el 8 de marzo de 1985 en los inicios del gobierno de Julio María Sanguinetti. Aquella ley hizo posible la libertad de Mujica junto con la de su esposa y otros ex militantes de organizaciones armadas condenados a penas de prisión. Poco después, en diciembre de 1986, ese proceso se completó con la ley de caducidad, que declaró la renuncia a "la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto". Esta ley fue ratificada por un referéndum con el voto mayoritario de la ciudadanía el 16 de abril de 1989. A su vez, la Suprema Corte de Justicia declaró su constitucionalidad.

En años recientes, a través de nuevas interpretaciones de la justicia uruguaya, se iniciaron procesos por violación de los derechos humanos a militares y a los máximos responsables de la conducción de gobierno durante los años de la represión de las organizaciones armadas. En 2009, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, posibilitando el dictado de condenas y el inicio de nuevos procesos. Como consecuencia de ello están en prisión, entre otros, los ex presidentes Gregorio Alvarez y Juan María Bordaberry.

Junto a las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2009 se votó un plebiscito sobre la anulación de la ley de caducidad, que no alcanzó la mayoría necesaria. El pueblo uruguayo ratificó así, por segunda vez, su voluntad de dejar atrás las secuelas y juzgamientos de los hechos del pasado. Esta circunstancia y seguramente un espíritu de reconciliación que nace en la conciencia de culpas compartidas, es lo que debe haber movido al presidente Mujica, en sus primeros días de gestión, a realizar actos y declaraciones que expresan su voluntad de superar el pasado y mirar el futuro.

"Yo no quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años. Pero no sólo militares, ningún preso de esa edad", dijo Mujica. Una declaración de este calibre, e inmediatamente luego de haber asumido, no puede interpretarse como una mera preocupación humanitaria por la existencia de presos comunes de mucha edad. De la misma forma y como una invitación a la Justicia para que actúe, deben entenderse sus palabras en una conferencia de prensa: "(La idea) es no sustituir jamás a la Justicia, ni meterse a conseguir ninguna amnistía, sino darles una herramienta a los jueces. El Poder Ejecutivo jamás debe invalidar, lo que es prerrogativa bien clara y definida de otro poder". Con algo más de claridad, la primera dama uruguaya afirmó sobre los militares en prisión: "La condena es que ya se sabe lo que hicieron, es lo que la sociedad siente por ellos, no es que sigan presos".

El camino seguido por la ciudadanía uruguaya, y ahora por su nuevo mandatario, indica madurez y una mayor preocupación por construir el futuro que por revolver el pasado. La pacificación y la reconciliación son un paso necesario para un país que necesita del esfuerzo y unión en pos de esa construcción. La confrontación permanente y la revancha implican conflictos que escalan, y que, obedeciendo a la segura alternancia del poder de las facciones en discordia, pueden terminar reemplazando la justicia por la venganza. Algo que deberían advertir nuestros gobernantes, además de tomar referencia de los pasos insinuados por Mujica.