Editorial I
Certificado de defunción del BCRA
La confirmación de Mercedes Marcó del Pont configuraría el fin de la autonomía de la entidad monetaria
La muy probable ratificación de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central (BCRA) por el Senado de la Nación confirmaría lo poco que al oficialismo y a algunos de sus ocasionales aliados les importa la autonomía de la entidad monetaria, que pasaría a convertirse en un mero apéndice del Poder Ejecutivo.
La licenciada Marcó del Pont adscribe a un modelo de administración económica sujeta a la rigidez ideológica que entiende el desarrollo basado en el crecimiento del mercado interno, con una competitividad garantizada por la política cambiaria, inversiones inducidas por una fuerte intervención estatal en todas las áreas y el funcionamiento de un Consejo Económico Social que convalide tales políticas. Un esquema con marcado sesgo anticapitalista y corporativo.
La titular interina del BCRA es una militante del "modelo" kirchnerista. Descree de la necesidad de una autoridad monetaria dotada de autonomía y considera un error limitar su misión esencial a preservar el valor de la moneda. Es probable que en esas ideas se encuentre la causa que la llevó a ignorar la vigencia de la ley 24.144 que establece en su artículo 3º que el BCRA no puede recibir instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.
En efecto, en su exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado reconoció que la noche anterior a la reunión de la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Kirchner le informó del decreto inédito y le ordenó ejecutarlo.
En su defensa, argumentó que un decreto de necesidad y urgencia tiene fuerza de ley, y debe ser cumplido. Se trata de una interpretación pobre e insuficiente para un dirigente político con responsabilidades de Estado.
La ley impide que la autoridad monetaria pueda declinar funciones, como el manejo de las reservas "sin autorización expresa del Congreso Nacional". Sin perjuicio de ello, Marcó del Pont transfirió igual las reservas, sin orden expresa y con público conocimiento de la existencia de una orden judicial -la sentencia de la jueza Sarmiento-, que impedía transferir reservas sin la previa intervención del Congreso.
El nuevo DNU es un instrumento excepcional que sólo cambió de número, tanto que sus considerandos son idénticos al DNU 2010/09. Luego Marcó del Pont desobedeció una orden judicial.
Por su parte, la ley 26.122 sobre control de DNU y el Código Civil disponen que los decretos rigen desde su publicación en el Boletín Oficial. Según la cronología de los hechos expuestos por la funcionaria, ella convocó el lunes 1° de marzo, a las 12, a una reunión del directorio del BCRA que terminó a las 15, y ordenó al gerente general la transferencia a las 14, mientras que el decreto fue publicado en una edición extraordinaria del boletín a las 16.
Es difícil de aceptar que una operación financiera de esa complejidad pueda obtener dictámenes técnicos y completar el circuito administrativo en pocas horas. Así lo demuestra que el directorio no tuvo en cuenta, al decidir, que los abogados del BCRA en los Estados Unidos habían dictaminado oficialmente que ese tipo de transferencia implicaría un embargo en Nueva York sobre las reservas por miles de millones de dólares. A pesar de este riesgo, la transferencia se hizo.
Hay, en consecuencia, razones suficientes para rechazar el pliego de la candidata por falta de idoneidad profesional para cumplir con las funciones encomendadas. Sin embargo, en realidad el fondo del desendeudamiento oculta las deficiencias y grietas de un modelo agotado, y en los cambios del BCRA subyace la idea de poner fin a la autonomía de la institución.
La verdadera discusión versa sobre la consistencia de un modelo económico kirchnerista, acosado cada vez más por el déficit fiscal y la inflación.
Si en estos tiempos de fragmentación y de posiciones políticas volubles el oficialismo puede capturar los votos para otorgar el acuerdo a Marcó del Pont, estaremos ante una victoria pírrica, que lejos estará de generar el consenso suficiente para respaldar una gestión que nace con la señal de la sumisión y la abdicación de facultades frente a la desmesura y la prepotencia de una administración encerrada en sí misma.
Quedaría al descubierto, una vez más, una concepción de la política que encubre la voluntad de ejercer el poder sin limitaciones, y que se ha evidenciado también en el grave anuncio presidencial según el cual se desconocerán aquellos fallos judiciales que, a juicio de la primera mandataria, constituyan un "palo en la rueda". Algo que, lisa y llanamente, implica la destrucción de la viga maestra del edificio republicano.
