LA NACIÓN, 30/12/09

Editorial I

Consagración de la impunidad

Un fiscal que por tercera vez permite que los Kirchner permanezcan impunes no debería seguir en su puesto


Son tres las escandalosas vergüenzas que jalonan el caso del presunto enriquecimiento del matrimonio Kirchner durante el año pasado.

La primera es el enorme y veloz incremento patrimonial de 28 millones de pesos que traslucen las declaraciones juradas de 2008.

La segunda, el no menos veloz sobreseimiento con el que el juez federal Norberto Oyarbide benefició a Néstor y Cristina Kirchner sin investigar el origen y las características del enriquecimiento, y basándose exclusivamente en un peritaje de dos peritos contables de la Corte Suprema, uno de ellos muy criticado.

La tercera vergüenza la protagonizó el fiscal federal Eduardo Taiano al no apelar el sobreseimiento permitiendo, así, que el fallo quede firme y no pueda ser revisado.
Si la actitud de Oyarbide mereció justificados cuestionamientos y un pedido de juicio político -hace años que en su juzgado y en otros hay causas similares contra ex funcionarios de Carlos Menem-, la del fiscal Taiano es tanto o más grave, pues su pasividad es la que clausuró definitivamente toda posibilidad de una futura ampliación de la investigación.

En cuanto a la no apelación por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), ni siquiera vale la pena extenderse sobre ella. Desde la renuncia de su anterior titular Manuel Garrido, quien al abandonar el puesto dirigió graves acusaciones al procurador general de la Nación y jefe de todos los fiscales, Esteban Righi, la FIA ha caído en la intrascendencia y nada cabía esperar del sucesor de Garrido, Guillermo Noailles. Constitucionalistas de la talla de Daniel Sabsay hablaron del incumplimiento de sus deberes por parte de Taiano y de Noailles.

Había elementos para apelar, pues la declaración jurada presidencial encerraría transgresiones punibles. El alquiler de un hotel de El Calafate a un importante contratista de obra pública nacional entraña un conflicto de intereses para el matrimonio presidencial, para no hablar de sus montos absurdamente altos e injustificados.

Otro elemento es el de los intereses ganados por depósitos bancarios a plazo fijo en pesos y en dólares, con tasas que exceden más que holgadamente las del mercado. El tercer elemento es el de la venta de un terreno por 6.300.000 pesos, cuando dos años atrás se había pagado por él sólo 132.079 pesos en una compra personal y directa al municipio de Calafate. Surge una renta extraordinaria que supone el uso de una posición de poder para acceder a una propiedad fiscal a precios inferiores a los habituales.

Decíamos que probablemente la actitud de Taiano sea la más grave, y lo es porque, además, es la tercera vez que este fiscal favorece la impunidad de los Kirchner.

Taiano no apeló el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito en la causa que investigaba el juez Julián Ercolini, que comprendía el período de 1995 a 2004 y fue cerrada en 2005. En el expediente en el que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral analizaba la variación patrimonial de los Kirchner entre 2005 y 2007, Taiano fue quien pidió que se desestimara la denuncia por inexistencia del delito.

Es un deber de los fiscales apelar una sentencia endeble o poco exhaustiva, y lo es que, previamente, impulsen la investigación.

En los tribunales federales de Comodoro Py se ha barajado la posibilidad de que la complicidad de Taiano obedezca a una presunta amenaza dirigida contra un hijo suyo. De ser cierto, Taiano debería haber efectuado la denuncia y, de persistir su temor -comprensible desde todo punto de vista- debería haberse apartado de su fiscalía pidiendo el traslado a otra menos expuesta.
Sin embargo, su permanencia en el cargo, al igual que su reiterada inacción en beneficio de la Presidenta y su marido, permiten sospechar que no hay atenuantes para su actitud.

La impunidad ha quedado consagrada y Taiano no debería seguir siendo fiscal.