SE TV BO TOX
Preocupada por el secuestro posible de los goles, Cristina Fernández y su equipo de manipulación social están trabajando a todo vapor con el fin de distribuir en forma gratuita por lo menos medio millón de decodificadores para televisión digital terrestre antes del comienzo de la copa del mundo en Sudáfrica.
En un renovado intento por no perder al único sector del electorado que mantiene incondicional a sus caprichos, la presidenta ha pergeñado un ardid similar al de las bombitas de luz de bajo consumo que, negociado con Cuba y Venezuela mediante, se propuso distribuir entre los hogares más humildes del conurbano bonaerense.
Este sector socio-geográfico parece ser el único del país que hace perder el sueño al matrimonio presidencial, que alguna vez se ufanó de representar en el parlamento a la lejana provincia de Santa Cruz, hoy absolutamente fuera del interés kirchnerista, salvo por sus negociados o su casita de fin de semana en El Calafate.
Es curiosa la obsesión de la primera magistrada por suministrar decodificadores digitales al conurbano bonaerense, ya que en nuestro país se verifican bolsones de pobreza extrema, como en el caso de Chaco o Jujuy –por citar sólo dos provincias–, donde muchos argentinos carecen de lo más elemental para enfrentar la subsistencia cotidiana y donde los televisores prácticamente no existen, ni qué hablar de tecnologías sofisticadas. Esto desnuda no solamente la voluntaria ignorancia oficial sobre estas situaciones del país real, sino la escandalosa hipocresía de la administración kirchnerista preocupada y ocupada en la captación de electorados funcionales a sus propósitos de acumulación de poder.
Para comprender lo absurdo del tema, digamos que la televisión digital terrestre (TDT) implica la transmisión de imágenes y sonido mediante una señal digital y repetidores terrestres, con ciertas ventajas para los radiodifusores (posibilidad de incluir varios canales en un solo canal) y otras para los receptores (mejor calidad de imagen y sonido y posibilidad de corregir la señal en caso de distorsión por parte de un agente externo). La norma adoptada por la Argentina es la desarrollada por Japón y utilizada ya por nuestro vecino Brasil, aunque no es la única.
Extraoficialmente se calcula que la adquisición directa de estos artefactos, denominados “set top box”, ya nos ha costado a todos los argentinos unos 600 millones de pesos, aunque nadie sabe cuándo comenzará su distribución y puesta en funcionamiento, que implica además la construcción de una torre de transmisión para la que ya hay varios interesados.
Aunque nadie puede asegurar que las imágenes de los partidos de fútbol del mundial se verán mejor a través de estos aparatitos milagrosos, lo que ciertamente distinguiremos más nítidamente con los set top box para la TDT será el botox presidencial, que ahora sí disfrutaremos en cadena nacional cuando Cristina nos aleccione sobre las bondades de este sistema pago de “televisión para todos”.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
28 abr 2010
25 abr 2010
EsKKraches
EsKKraches
El viernes 23 de abril pasadas las 20 horas la neurocirujana cubana Hilda Molina se aprestaba a presentar su obra “Mi Verdad” en la Feria del Libro de Buenos Aires. A pocos minutos de comenzado el acto, un grupo de “estudiantes” y otras personas de etiología dudosa presentes en el salón comenzaron a hostigarla con cánticos favorables al dictador Fidel Castro, generándose en algunos minutos un descontrol que terminó con la retirada de la médica y sus presentadores y frustrando el acto.
Los causantes del escrache terminaron satisfechos la opereta pero consiguiendo el efecto contrario, ya que dieron a publicidad algo que no había tenido la difusión esperada. Por su parte, Molina acusó a la embajada de Cuba en nuestro país de organizar la provocación usando mano de obra local, con el ostensible fin de desprestigiarla e impedirle cualquier manifestación en contra del oprobioso régimen castrista.
El método del escrache, fomentado en nuestro país por la izquierda progresista y, en los últimos años, financiado por el kirchnerato, es una práctica autoritaria y deleznable surgida en la Europa fascista de interguerras (1918-1939) por medio del cual los gobiernos totalitarios perseguían a sus víctimas (identificadas como “el enemigo”) con el fin de “marcarlas” y exponerlas al escarnio y a la violencia de la comunidad.
Desde el retorno de la democracia en Argentina en 1983, los sucesivos gobiernos han apañado los escraches a cualquier individuo que se pronunciara contra los abusos del poder, aunque esta metodología ha sido especialmente dirigida a los integrantes de las fuerzas armadas acusados de violaciones a los derechos humanos durante el período 1976-1983. Casi ninguno de los militares hoy presos o fallecidos durante la administración kirchnerista se ha salvado de ser “escrachado”.
En los últimos meses los ataques han sido focalizados en el vicepresidente Julio Cobos, a quien se considera el enemigo público número uno, por no acompañar con su voto las políticas erradas de Cristina Fernández y sus acólitos, negándosele la posibilidad de disenso y pretendiendo un humillante sometimiento a los caprichos presidenciales.
Tan preocupante como la persecución al presidente del Senado resulta aquella de la que son objeto no solamente algunos medios de comunicación (diarios, radios y canales de TV), sino también ciertos periodistas que no comulgan con el gobierno o que manifiestan sus opiniones haciendo uso de la libertad de expresión consagrada en nuestra Carta Magna para todos los habitantes del suelo argentino y que los funcionarios deben defender a rajatabla. El escrache a los comunicadores sociales mediante afiches callejeros intimidatorios, defendido por el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, desnuda el desprecio por la ley y la evidente voluntad oficial de silenciar o asfixiar cualquier voz en disidencia que no se someta a los absurdos dictados del kirchnerismo.
Sin embargo, lo que resulta aún más escandaloso es la difusión –desde las esferas oficiales- de una práctica totalitaria, propia de las dictaduras más rígidas e inhumanas que se verificaron y se verifican en el planeta, y con respecto a la que este gobierno -que ha basado gran parte de su propaganda en la defensa irrestricta de los derechos humanos- debería manifestarse claramente en contra.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
El viernes 23 de abril pasadas las 20 horas la neurocirujana cubana Hilda Molina se aprestaba a presentar su obra “Mi Verdad” en la Feria del Libro de Buenos Aires. A pocos minutos de comenzado el acto, un grupo de “estudiantes” y otras personas de etiología dudosa presentes en el salón comenzaron a hostigarla con cánticos favorables al dictador Fidel Castro, generándose en algunos minutos un descontrol que terminó con la retirada de la médica y sus presentadores y frustrando el acto.
Los causantes del escrache terminaron satisfechos la opereta pero consiguiendo el efecto contrario, ya que dieron a publicidad algo que no había tenido la difusión esperada. Por su parte, Molina acusó a la embajada de Cuba en nuestro país de organizar la provocación usando mano de obra local, con el ostensible fin de desprestigiarla e impedirle cualquier manifestación en contra del oprobioso régimen castrista.
El método del escrache, fomentado en nuestro país por la izquierda progresista y, en los últimos años, financiado por el kirchnerato, es una práctica autoritaria y deleznable surgida en la Europa fascista de interguerras (1918-1939) por medio del cual los gobiernos totalitarios perseguían a sus víctimas (identificadas como “el enemigo”) con el fin de “marcarlas” y exponerlas al escarnio y a la violencia de la comunidad.
Desde el retorno de la democracia en Argentina en 1983, los sucesivos gobiernos han apañado los escraches a cualquier individuo que se pronunciara contra los abusos del poder, aunque esta metodología ha sido especialmente dirigida a los integrantes de las fuerzas armadas acusados de violaciones a los derechos humanos durante el período 1976-1983. Casi ninguno de los militares hoy presos o fallecidos durante la administración kirchnerista se ha salvado de ser “escrachado”.
En los últimos meses los ataques han sido focalizados en el vicepresidente Julio Cobos, a quien se considera el enemigo público número uno, por no acompañar con su voto las políticas erradas de Cristina Fernández y sus acólitos, negándosele la posibilidad de disenso y pretendiendo un humillante sometimiento a los caprichos presidenciales.
Tan preocupante como la persecución al presidente del Senado resulta aquella de la que son objeto no solamente algunos medios de comunicación (diarios, radios y canales de TV), sino también ciertos periodistas que no comulgan con el gobierno o que manifiestan sus opiniones haciendo uso de la libertad de expresión consagrada en nuestra Carta Magna para todos los habitantes del suelo argentino y que los funcionarios deben defender a rajatabla. El escrache a los comunicadores sociales mediante afiches callejeros intimidatorios, defendido por el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, desnuda el desprecio por la ley y la evidente voluntad oficial de silenciar o asfixiar cualquier voz en disidencia que no se someta a los absurdos dictados del kirchnerismo.
Sin embargo, lo que resulta aún más escandaloso es la difusión –desde las esferas oficiales- de una práctica totalitaria, propia de las dictaduras más rígidas e inhumanas que se verificaron y se verifican en el planeta, y con respecto a la que este gobierno -que ha basado gran parte de su propaganda en la defensa irrestricta de los derechos humanos- debería manifestarse claramente en contra.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
23 abr 2010
SÍ, MI COMANDANTE
SÍ, MI COMANDANTE
En su reciente viaje a Caracas y mientras porfiaba que algunos países americanos están experimentando la "segunda independencia" (en un obvio disparo contra Estados Unidos, adonde estuvo hace unas semanas mendigando una foto con el presidente Obama), Cristina Fernández, en público discurso,se refirió a Hugo Chávez Frías como “comandante”, aunque el presidente de Venezuela nunca despegó del grado de teniente coronel.
La izquierda -que siente un desprecio visceral por lo militar- insiste en llamar "comandantes" a sus líderes, desde el abogado Fidel Castro hasta el político Daniel Ortega, pasando por nuestro ex compatriota y dudoso médico, Ernesto "Che" Guevara de la Serna y el depuesto presidente hondureño Mel Zelaya -entre otros-, y terminando en el hombre del altiplano que combatió al imperio romano y que desalienta el consumo de pollo por el riesgo de volverse homosexual.
Para la izquierda progre existe también el grado de "subcomandante". Tal es el caso de Raúl Castro (mientras viva su hermano, su inmediato superior en este virtual escalafón miliar), o bien del "subcomandante Marcos", identificado por el gobierno mexicano como Rafael Guillén Vicente, un ex estudiante de filosofía y, luego de graduado, profesor en la Universidad Autónoma de México, que opera militarmente desde principios de los noventa en la sierra Lacandona en el sureño estado de Chiapas, liderando el autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que aboga por los derechos civiles de los indígenas de la región. Lo curioso es que este encapuchado que se muestra fuertemente armado, fuma en pipa mientras pasa revista a caballo a su tropa y escribe libros de poesía. Y nadie sabe quién es su "comandante".
Sorprende también que estos seudo militares sean los grandes enemigos de las fuerzas armadas de sus respectivos países y quienes persiguen con saña a los legalmente uniformados con la excusa de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, ya que se pasan la vida hablando en términos militares y evocando situaciones propias del manejo de tropa, y tienen -en contraste- una visible debilidad por disfrazarse con uniformes militares.
Por otra parte, resulta igualmente curioso que algunos militares hayan sido más exitosos en el manejo de políticas económicas que muchos civiles, como sucedió en Argentina durante la “dictadura” de Juan Carlos Onganía, cuando el país llegó a ser acreedor del FMI (Clarín, 26 de enero de 2002) o bien Augusto Pinochet en Chile, que diseñó la estrategia económica que sacó a su país de la postración y lo catapultó al siglo XXI.
Los pseudo militares y todo el progresismo de izquierda que odia los uniformes, en cambio, han fracasado muchas veces en la conducción de las economías nacionales, llegando a desabastecer a sus respectivos países de los artículos de los cuales son prominentes productores mundiales. Así vemos hoy que el “comandante” Castro ha conseguido que Cuba tenga que importar azúcar, el “comandante” Chávez ha logrado desabastecer a Venezuela en materia energética y los “comandantes K” en Argentina han destruido la gallina de los huevos de oro nacional: el campo, tanto en lo ganadero (carne y leche), como en lo agrícola (no se ha salvado ni el “yuyo” sojero).
-Por favor... ¡Un psicólogo por allí!
- Sí, mi comandante.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
En su reciente viaje a Caracas y mientras porfiaba que algunos países americanos están experimentando la "segunda independencia" (en un obvio disparo contra Estados Unidos, adonde estuvo hace unas semanas mendigando una foto con el presidente Obama), Cristina Fernández, en público discurso,se refirió a Hugo Chávez Frías como “comandante”, aunque el presidente de Venezuela nunca despegó del grado de teniente coronel.
La izquierda -que siente un desprecio visceral por lo militar- insiste en llamar "comandantes" a sus líderes, desde el abogado Fidel Castro hasta el político Daniel Ortega, pasando por nuestro ex compatriota y dudoso médico, Ernesto "Che" Guevara de la Serna y el depuesto presidente hondureño Mel Zelaya -entre otros-, y terminando en el hombre del altiplano que combatió al imperio romano y que desalienta el consumo de pollo por el riesgo de volverse homosexual.
Para la izquierda progre existe también el grado de "subcomandante". Tal es el caso de Raúl Castro (mientras viva su hermano, su inmediato superior en este virtual escalafón miliar), o bien del "subcomandante Marcos", identificado por el gobierno mexicano como Rafael Guillén Vicente, un ex estudiante de filosofía y, luego de graduado, profesor en la Universidad Autónoma de México, que opera militarmente desde principios de los noventa en la sierra Lacandona en el sureño estado de Chiapas, liderando el autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que aboga por los derechos civiles de los indígenas de la región. Lo curioso es que este encapuchado que se muestra fuertemente armado, fuma en pipa mientras pasa revista a caballo a su tropa y escribe libros de poesía. Y nadie sabe quién es su "comandante".
Sorprende también que estos seudo militares sean los grandes enemigos de las fuerzas armadas de sus respectivos países y quienes persiguen con saña a los legalmente uniformados con la excusa de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, ya que se pasan la vida hablando en términos militares y evocando situaciones propias del manejo de tropa, y tienen -en contraste- una visible debilidad por disfrazarse con uniformes militares.
Por otra parte, resulta igualmente curioso que algunos militares hayan sido más exitosos en el manejo de políticas económicas que muchos civiles, como sucedió en Argentina durante la “dictadura” de Juan Carlos Onganía, cuando el país llegó a ser acreedor del FMI (Clarín, 26 de enero de 2002) o bien Augusto Pinochet en Chile, que diseñó la estrategia económica que sacó a su país de la postración y lo catapultó al siglo XXI.
Los pseudo militares y todo el progresismo de izquierda que odia los uniformes, en cambio, han fracasado muchas veces en la conducción de las economías nacionales, llegando a desabastecer a sus respectivos países de los artículos de los cuales son prominentes productores mundiales. Así vemos hoy que el “comandante” Castro ha conseguido que Cuba tenga que importar azúcar, el “comandante” Chávez ha logrado desabastecer a Venezuela en materia energética y los “comandantes K” en Argentina han destruido la gallina de los huevos de oro nacional: el campo, tanto en lo ganadero (carne y leche), como en lo agrícola (no se ha salvado ni el “yuyo” sojero).
-Por favor... ¡Un psicólogo por allí!
- Sí, mi comandante.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
21 abr 2010
LA HAYA FALLA
LA HAYA FALLA
El tribunal internacional de La Haya se ha expedido sobre la controversia a la que se sometieron voluntariamente Argentina y Uruguay por el tema de la pastera Botnia. El fallo fue, a todas luces, una patada al hígado al gobierno argentino, con la salomónica admonición a Uruguay por no haber respetado el tratado del río Uruguay y la reconvención a Argentina porque se ha comprobado que Botnia no contamina.
Botnia no se mueve ni se moverá de donde está. No obstante, para nuestra presidente, la misión diplomática que tenía como objetivo desactivar la pastera, "ha sido un éxito", vaya a saber por qué razones, si las del país real o las del virtual. Como contrapartida, se verifica la reacción de los mal llamados “asambleístas” o “ambientalistas”, que anunciaron que no despejarán el puente San Martín, que une ambas orillas del río.
El puente entre Puerto Unzué y Fray Bentos no pertenece a la provincia de Entre Ríos sino a la Nación argentina por un lado y a la Nación uruguaya por el otro. Y mal que les pese a estos piqueteros disfrazados de ambientalistas y de carnaval todo el año, tanto la iniciativa de la obra y su ejecución como la inauguración se deben a gobiernos de facto. Fue Juan Carlos Onganía quien el 16 de junio de 1969 firmó el decreto Nº 3.056 encargando la construcción a Ingenieros Consultores Hidrosud Argentina S.A. y Mandatos Tudor Engineering Company, y luego Jorge Rafael Videla, presidente de la Nación, inauguró la obra el 16 de septiembre de 1976, que se denominó por común acuerdo de las partes “puente Libertador General San Martín” en conmemoración al prócer cuya intención fue la de unir a toda Latinoamérica.
El gobierno argentino está ahora obligado a desalojarlo, incluso usando la fuerza. Pero resulta que dicho corte, que se inició a comienzos de 2006, fue promovido y financiado por el matrimonio presidencial, Cristina y Néstor Kirchner. Es decir que, para llamarlos sin eufemismos, son piqueteros a sueldo, pagados, involuntariamente, por todos los argentinos. A nadie se le escapa el dato de que es imposible vivir sobre un puente durante años sin apoyo "externo". La pregunta que queda flotando es quién y cómo ocupará de ahora en adelante a estos futuros "desocupados" de Gualeguaychú.
Después del fallo del tribunal internacional, el dilema K se balancea entre alinearse con los dirigentes y los países pacíficos y defensores del orden público y de los derechos civiles (y por lo tanto "represores") o bien pronunciarse "a favor del pueblo" y permitir todo tipo de manifestaciones, incluyendo las violentas, a fin de continuar manipulando los hilos del poder (el "progresismo" del siglo XXI).
Desde Caracas, y rodeada de la crema comunista de América, la primera magistrada se manifestó complacida por el equilibrado fallo, al que se sumaron -aparentemente- sus incondicionales: Hugo Chávez, Rafael Correa de Ecuador, Raúl Castro de Cuba, Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua y varios tiranuelos asiáticos y africanos. Stalin faltó a la cita, porque no pudo salir de su féretro.
Si bien el fallo es inapelable y debe ser acatado por ambos países por ser miembros de Naciones Unidas, con los K nunca se sabe. Pepe Mujica, el terrorista reformado y hoy presidente de Uruguay, es infinitamente más confiable que la pareja presidencial argentina cuyas desmesura y ambición de poder viene marcando desde hace siete años el zigzagueante derrotero de la Argentina, que la pone en una delicada situación de credibilidad frente a los desafíos políticos, económicos y sociales del mundo actual.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
El tribunal internacional de La Haya se ha expedido sobre la controversia a la que se sometieron voluntariamente Argentina y Uruguay por el tema de la pastera Botnia. El fallo fue, a todas luces, una patada al hígado al gobierno argentino, con la salomónica admonición a Uruguay por no haber respetado el tratado del río Uruguay y la reconvención a Argentina porque se ha comprobado que Botnia no contamina.
Botnia no se mueve ni se moverá de donde está. No obstante, para nuestra presidente, la misión diplomática que tenía como objetivo desactivar la pastera, "ha sido un éxito", vaya a saber por qué razones, si las del país real o las del virtual. Como contrapartida, se verifica la reacción de los mal llamados “asambleístas” o “ambientalistas”, que anunciaron que no despejarán el puente San Martín, que une ambas orillas del río.
El puente entre Puerto Unzué y Fray Bentos no pertenece a la provincia de Entre Ríos sino a la Nación argentina por un lado y a la Nación uruguaya por el otro. Y mal que les pese a estos piqueteros disfrazados de ambientalistas y de carnaval todo el año, tanto la iniciativa de la obra y su ejecución como la inauguración se deben a gobiernos de facto. Fue Juan Carlos Onganía quien el 16 de junio de 1969 firmó el decreto Nº 3.056 encargando la construcción a Ingenieros Consultores Hidrosud Argentina S.A. y Mandatos Tudor Engineering Company, y luego Jorge Rafael Videla, presidente de la Nación, inauguró la obra el 16 de septiembre de 1976, que se denominó por común acuerdo de las partes “puente Libertador General San Martín” en conmemoración al prócer cuya intención fue la de unir a toda Latinoamérica.
El gobierno argentino está ahora obligado a desalojarlo, incluso usando la fuerza. Pero resulta que dicho corte, que se inició a comienzos de 2006, fue promovido y financiado por el matrimonio presidencial, Cristina y Néstor Kirchner. Es decir que, para llamarlos sin eufemismos, son piqueteros a sueldo, pagados, involuntariamente, por todos los argentinos. A nadie se le escapa el dato de que es imposible vivir sobre un puente durante años sin apoyo "externo". La pregunta que queda flotando es quién y cómo ocupará de ahora en adelante a estos futuros "desocupados" de Gualeguaychú.
Después del fallo del tribunal internacional, el dilema K se balancea entre alinearse con los dirigentes y los países pacíficos y defensores del orden público y de los derechos civiles (y por lo tanto "represores") o bien pronunciarse "a favor del pueblo" y permitir todo tipo de manifestaciones, incluyendo las violentas, a fin de continuar manipulando los hilos del poder (el "progresismo" del siglo XXI).
Desde Caracas, y rodeada de la crema comunista de América, la primera magistrada se manifestó complacida por el equilibrado fallo, al que se sumaron -aparentemente- sus incondicionales: Hugo Chávez, Rafael Correa de Ecuador, Raúl Castro de Cuba, Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua y varios tiranuelos asiáticos y africanos. Stalin faltó a la cita, porque no pudo salir de su féretro.
Si bien el fallo es inapelable y debe ser acatado por ambos países por ser miembros de Naciones Unidas, con los K nunca se sabe. Pepe Mujica, el terrorista reformado y hoy presidente de Uruguay, es infinitamente más confiable que la pareja presidencial argentina cuyas desmesura y ambición de poder viene marcando desde hace siete años el zigzagueante derrotero de la Argentina, que la pone en una delicada situación de credibilidad frente a los desafíos políticos, económicos y sociales del mundo actual.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
9 abr 2010
LA NACIÓN - 9/04/10
DEFENSA EN CRISIS
El paso del tiempo y el escaso presupuesto tornan obsoletos los equipos y los armamentos de las Fuerzas Armadas
Cada año que transcurre agrava las consecuencias de la ya crónica desinversión que sufren nuestras Fuerzas Armadas, que, al verse privadas del presupuesto necesario, no sólo no pueden adquirir equipamiento nuevo, sino que tampoco pueden mantener ni reparar el existente, que de a poco se vuelve inoperable mientras el personal se ve rezagado en materia de capacitación.
La situación no es nueva. La Argentina invierte en defensa mucho menos que los países de la región y de la Unión Europea. Esto se verifica, como proporción del producto bruto interno (PBI), en gasto por kilómetro cuadrado de superficie o por habitante.
Al margen de esas cifras, el resultado es preocupante: las Fuerzas Armadas no están en condiciones de cumplir hoy con su misión principal.
El atraso en la inversión en esta área adquirió un tono marcado desde el primer gobierno de Carlos Menem, cuando se redujo el presupuesto para Defensa y se privatizaron varias de las plantas del complejo fabril de Fabricaciones Militares.
La desinversión ha continuado. El atraso es tal que para darle un corte y comenzar a revertirlo se requiere un cambio de política. En la Presidencia resultaría cómodo argumentar en voz baja que se han equivocado los gobiernos de la ex presidenta Michelle Bachelet en Chile y de los actuales presidentes Luiz Lula da Silva en Brasil, Nicolas Sarkozy Francia y José Luis Rodríguez Zapatero en España, por citar ejemplos muy diferentes entre sí, en dar a esta área un lugar preponderante y, de ese modo, ceder a perversas presiones antidemocráticas.
Al cabo de siete años de bonanza sin precedente en los dineros públicos argentinos -fruto de la economía internacional, no de la sabiduría de los gobernantes locales-, las Fuerzas Armadas afrontan hoy una situación muy difícil y compleja, que constituye ya una pesada hipoteca para el próximo gobierno, cualquiera sea su signo político. El equipamiento del Ejército tiene una edad promedio superior a los 30 años. De los aviones de combate de la Fuerza Aérea vuela menos del 15 por ciento y no tienen misiles ni munición.
La Armada no puede mantener en forma adecuada los buques de la familia Meko, cuyo sistema es el más moderno; su electrónica está fuera de época. Precisamente, el programa Meko fue un ejemplo: decidió incorporarlo en 1974 el presidente Perón, con aprobación del Congreso. El último barco entró en servicio cuando Néstor Kirchner ya era presidente de la República.
De un total de 60 barcos "sólo 16 están en condiciones de navegar", expresó el diputado radical Julio César Martínez, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja. En lo que hace a la Fuerza Aérea, solamente uno o dos Mirage estarían en condiciones de volar, y en la aviación naval sólo habría tres aviones Super Etendard operativos.
Este penoso panorama coincide con la actitud de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hacia el personal militar: han logrado desmotivarlo. Las autoridades de Defensa han alterado las exigencias de excelencia profesional para los ascensos, reemplazándolas por criterios políticos de facción.
A esa arbitrariedad se ha sumado el desorden. Las Fuerzas Armadas, con graves penurias presupuestarias y sin equipos, tienen hoy más oficiales superiores, generales, almirantes y brigadieres que en las últimas tres décadas. Ha crecido, asimismo, el personal y la burocracia del Ministerio.
La comparación con nuestros vecinos es elocuente. La Argentina destina el 5,38 por ciento de su presupuesto a Defensa, contra el 12,3 de Chile y el 7,3 de Uruguay. Un estudio de la consultora Nueva Mayoría indica que en 2008 los gastos argentinos en Defensa representaron el 0,87 por ciento del PBI, muy lejos de Ecuador (3,81), Chile (3,73), Colombia (3,34), Uruguay (1,77) y Brasil (1,70). Surinam, con el 0,95 por ciento, invirtió más en Defensa que nuestro país.
A esta altura del deterioro, resulta irrelevante perderse en anécdotas sobre el estado de equipos cuyo mantenimiento es muy oneroso y sus prestaciones inciertas. Incluso hay muchos equipos que sólo tienen una existencia virtual o contable, pues han sido canibalizados y sus repuestos no se fabrican en el mundo desde hace décadas.
Además de mantener lo que es indispensable mantener -porque es lo único que tenemos-, para lo cual el presupuesto no alcanza y tendría que ser incrementado, deberíamos estar analizando en qué va a gastar la Nación para construir su seguridad futura.
Falta una política de largo alcance que contemple el necesario reequipamiento y capacitación. Nuestras Fuerzas Armadas no pueden estar condenadas a la mera subsistencia, desguazando algunos componentes de su sistema de armas para permitir el precario funcionamiento de otros.
Es vergonzoso que algunos pilotos de la Fuerza Aérea se vean obligados a completar su cuota anual de horas de vuelo y de ciclos de despegues y aterrizajes a bordo, como ocurre, de avionetas Cessna.
En un país en el que aún hay niños que mueren de hambre no se trata, obviamente, de lanzarse a una carrera armamentista, sino de dotar a las fuerzas a las que la Constitución consagró a nuestra defensa de los medios necesarios para que estén en condiciones de cumplir ese mandato. Es responsabilidad del Gobierno y, en distinto grado, de la oposición.
No hay soluciones mágicas para la situación a la que se ha llegado, pero debería haber, al menos, decisión política para revertirla en el futuro inmediato.
El paso del tiempo y el escaso presupuesto tornan obsoletos los equipos y los armamentos de las Fuerzas Armadas
Cada año que transcurre agrava las consecuencias de la ya crónica desinversión que sufren nuestras Fuerzas Armadas, que, al verse privadas del presupuesto necesario, no sólo no pueden adquirir equipamiento nuevo, sino que tampoco pueden mantener ni reparar el existente, que de a poco se vuelve inoperable mientras el personal se ve rezagado en materia de capacitación.
La situación no es nueva. La Argentina invierte en defensa mucho menos que los países de la región y de la Unión Europea. Esto se verifica, como proporción del producto bruto interno (PBI), en gasto por kilómetro cuadrado de superficie o por habitante.
Al margen de esas cifras, el resultado es preocupante: las Fuerzas Armadas no están en condiciones de cumplir hoy con su misión principal.
El atraso en la inversión en esta área adquirió un tono marcado desde el primer gobierno de Carlos Menem, cuando se redujo el presupuesto para Defensa y se privatizaron varias de las plantas del complejo fabril de Fabricaciones Militares.
La desinversión ha continuado. El atraso es tal que para darle un corte y comenzar a revertirlo se requiere un cambio de política. En la Presidencia resultaría cómodo argumentar en voz baja que se han equivocado los gobiernos de la ex presidenta Michelle Bachelet en Chile y de los actuales presidentes Luiz Lula da Silva en Brasil, Nicolas Sarkozy Francia y José Luis Rodríguez Zapatero en España, por citar ejemplos muy diferentes entre sí, en dar a esta área un lugar preponderante y, de ese modo, ceder a perversas presiones antidemocráticas.
Al cabo de siete años de bonanza sin precedente en los dineros públicos argentinos -fruto de la economía internacional, no de la sabiduría de los gobernantes locales-, las Fuerzas Armadas afrontan hoy una situación muy difícil y compleja, que constituye ya una pesada hipoteca para el próximo gobierno, cualquiera sea su signo político. El equipamiento del Ejército tiene una edad promedio superior a los 30 años. De los aviones de combate de la Fuerza Aérea vuela menos del 15 por ciento y no tienen misiles ni munición.
La Armada no puede mantener en forma adecuada los buques de la familia Meko, cuyo sistema es el más moderno; su electrónica está fuera de época. Precisamente, el programa Meko fue un ejemplo: decidió incorporarlo en 1974 el presidente Perón, con aprobación del Congreso. El último barco entró en servicio cuando Néstor Kirchner ya era presidente de la República.
De un total de 60 barcos "sólo 16 están en condiciones de navegar", expresó el diputado radical Julio César Martínez, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja. En lo que hace a la Fuerza Aérea, solamente uno o dos Mirage estarían en condiciones de volar, y en la aviación naval sólo habría tres aviones Super Etendard operativos.
Este penoso panorama coincide con la actitud de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hacia el personal militar: han logrado desmotivarlo. Las autoridades de Defensa han alterado las exigencias de excelencia profesional para los ascensos, reemplazándolas por criterios políticos de facción.
A esa arbitrariedad se ha sumado el desorden. Las Fuerzas Armadas, con graves penurias presupuestarias y sin equipos, tienen hoy más oficiales superiores, generales, almirantes y brigadieres que en las últimas tres décadas. Ha crecido, asimismo, el personal y la burocracia del Ministerio.
La comparación con nuestros vecinos es elocuente. La Argentina destina el 5,38 por ciento de su presupuesto a Defensa, contra el 12,3 de Chile y el 7,3 de Uruguay. Un estudio de la consultora Nueva Mayoría indica que en 2008 los gastos argentinos en Defensa representaron el 0,87 por ciento del PBI, muy lejos de Ecuador (3,81), Chile (3,73), Colombia (3,34), Uruguay (1,77) y Brasil (1,70). Surinam, con el 0,95 por ciento, invirtió más en Defensa que nuestro país.
A esta altura del deterioro, resulta irrelevante perderse en anécdotas sobre el estado de equipos cuyo mantenimiento es muy oneroso y sus prestaciones inciertas. Incluso hay muchos equipos que sólo tienen una existencia virtual o contable, pues han sido canibalizados y sus repuestos no se fabrican en el mundo desde hace décadas.
Además de mantener lo que es indispensable mantener -porque es lo único que tenemos-, para lo cual el presupuesto no alcanza y tendría que ser incrementado, deberíamos estar analizando en qué va a gastar la Nación para construir su seguridad futura.
Falta una política de largo alcance que contemple el necesario reequipamiento y capacitación. Nuestras Fuerzas Armadas no pueden estar condenadas a la mera subsistencia, desguazando algunos componentes de su sistema de armas para permitir el precario funcionamiento de otros.
Es vergonzoso que algunos pilotos de la Fuerza Aérea se vean obligados a completar su cuota anual de horas de vuelo y de ciclos de despegues y aterrizajes a bordo, como ocurre, de avionetas Cessna.
En un país en el que aún hay niños que mueren de hambre no se trata, obviamente, de lanzarse a una carrera armamentista, sino de dotar a las fuerzas a las que la Constitución consagró a nuestra defensa de los medios necesarios para que estén en condiciones de cumplir ese mandato. Es responsabilidad del Gobierno y, en distinto grado, de la oposición.
No hay soluciones mágicas para la situación a la que se ha llegado, pero debería haber, al menos, decisión política para revertirla en el futuro inmediato.
21 mar 2010
LA NACIÓN - 21/03/10
Editorial II
SUPERAR EL PASADO, MIRAR EL FUTURO
Apenas unos días después de la asunción de José Mujica como presidente uruguayo, se cumplieron 25 años de la ley de pacificación nacional, sancionada el 8 de marzo de 1985 en los inicios del gobierno de Julio María Sanguinetti. Aquella ley hizo posible la libertad de Mujica junto con la de su esposa y otros ex militantes de organizaciones armadas condenados a penas de prisión. Poco después, en diciembre de 1986, ese proceso se completó con la ley de caducidad, que declaró la renuncia a "la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto". Esta ley fue ratificada por un referéndum con el voto mayoritario de la ciudadanía el 16 de abril de 1989. A su vez, la Suprema Corte de Justicia declaró su constitucionalidad.
En años recientes, a través de nuevas interpretaciones de la justicia uruguaya, se iniciaron procesos por violación de los derechos humanos a militares y a los máximos responsables de la conducción de gobierno durante los años de la represión de las organizaciones armadas. En 2009, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, posibilitando el dictado de condenas y el inicio de nuevos procesos. Como consecuencia de ello están en prisión, entre otros, los ex presidentes Gregorio Alvarez y Juan María Bordaberry.
Junto a las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2009 se votó un plebiscito sobre la anulación de la ley de caducidad, que no alcanzó la mayoría necesaria. El pueblo uruguayo ratificó así, por segunda vez, su voluntad de dejar atrás las secuelas y juzgamientos de los hechos del pasado. Esta circunstancia y seguramente un espíritu de reconciliación que nace en la conciencia de culpas compartidas, es lo que debe haber movido al presidente Mujica, en sus primeros días de gestión, a realizar actos y declaraciones que expresan su voluntad de superar el pasado y mirar el futuro.
"Yo no quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años. Pero no sólo militares, ningún preso de esa edad", dijo Mujica. Una declaración de este calibre, e inmediatamente luego de haber asumido, no puede interpretarse como una mera preocupación humanitaria por la existencia de presos comunes de mucha edad. De la misma forma y como una invitación a la Justicia para que actúe, deben entenderse sus palabras en una conferencia de prensa: "(La idea) es no sustituir jamás a la Justicia, ni meterse a conseguir ninguna amnistía, sino darles una herramienta a los jueces. El Poder Ejecutivo jamás debe invalidar, lo que es prerrogativa bien clara y definida de otro poder". Con algo más de claridad, la primera dama uruguaya afirmó sobre los militares en prisión: "La condena es que ya se sabe lo que hicieron, es lo que la sociedad siente por ellos, no es que sigan presos".
El camino seguido por la ciudadanía uruguaya, y ahora por su nuevo mandatario, indica madurez y una mayor preocupación por construir el futuro que por revolver el pasado. La pacificación y la reconciliación son un paso necesario para un país que necesita del esfuerzo y unión en pos de esa construcción. La confrontación permanente y la revancha implican conflictos que escalan, y que, obedeciendo a la segura alternancia del poder de las facciones en discordia, pueden terminar reemplazando la justicia por la venganza. Algo que deberían advertir nuestros gobernantes, además de tomar referencia de los pasos insinuados por Mujica.
SUPERAR EL PASADO, MIRAR EL FUTURO
Apenas unos días después de la asunción de José Mujica como presidente uruguayo, se cumplieron 25 años de la ley de pacificación nacional, sancionada el 8 de marzo de 1985 en los inicios del gobierno de Julio María Sanguinetti. Aquella ley hizo posible la libertad de Mujica junto con la de su esposa y otros ex militantes de organizaciones armadas condenados a penas de prisión. Poco después, en diciembre de 1986, ese proceso se completó con la ley de caducidad, que declaró la renuncia a "la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto". Esta ley fue ratificada por un referéndum con el voto mayoritario de la ciudadanía el 16 de abril de 1989. A su vez, la Suprema Corte de Justicia declaró su constitucionalidad.
En años recientes, a través de nuevas interpretaciones de la justicia uruguaya, se iniciaron procesos por violación de los derechos humanos a militares y a los máximos responsables de la conducción de gobierno durante los años de la represión de las organizaciones armadas. En 2009, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, posibilitando el dictado de condenas y el inicio de nuevos procesos. Como consecuencia de ello están en prisión, entre otros, los ex presidentes Gregorio Alvarez y Juan María Bordaberry.
Junto a las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2009 se votó un plebiscito sobre la anulación de la ley de caducidad, que no alcanzó la mayoría necesaria. El pueblo uruguayo ratificó así, por segunda vez, su voluntad de dejar atrás las secuelas y juzgamientos de los hechos del pasado. Esta circunstancia y seguramente un espíritu de reconciliación que nace en la conciencia de culpas compartidas, es lo que debe haber movido al presidente Mujica, en sus primeros días de gestión, a realizar actos y declaraciones que expresan su voluntad de superar el pasado y mirar el futuro.
"Yo no quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años. Pero no sólo militares, ningún preso de esa edad", dijo Mujica. Una declaración de este calibre, e inmediatamente luego de haber asumido, no puede interpretarse como una mera preocupación humanitaria por la existencia de presos comunes de mucha edad. De la misma forma y como una invitación a la Justicia para que actúe, deben entenderse sus palabras en una conferencia de prensa: "(La idea) es no sustituir jamás a la Justicia, ni meterse a conseguir ninguna amnistía, sino darles una herramienta a los jueces. El Poder Ejecutivo jamás debe invalidar, lo que es prerrogativa bien clara y definida de otro poder". Con algo más de claridad, la primera dama uruguaya afirmó sobre los militares en prisión: "La condena es que ya se sabe lo que hicieron, es lo que la sociedad siente por ellos, no es que sigan presos".
El camino seguido por la ciudadanía uruguaya, y ahora por su nuevo mandatario, indica madurez y una mayor preocupación por construir el futuro que por revolver el pasado. La pacificación y la reconciliación son un paso necesario para un país que necesita del esfuerzo y unión en pos de esa construcción. La confrontación permanente y la revancha implican conflictos que escalan, y que, obedeciendo a la segura alternancia del poder de las facciones en discordia, pueden terminar reemplazando la justicia por la venganza. Algo que deberían advertir nuestros gobernantes, además de tomar referencia de los pasos insinuados por Mujica.
14 mar 2010
Comentario de un lector
llegó a mis manos su art. sobre el traspàso del poder en Chile, comentando el austero acto de asunción, la calidad de los actores, el profundo respeto hacia la nación y su pueblo que tienen los gobernantes, y lo mío no estoy seguro que sea una sana envidia, créo que es realmente envidia, tengo tanta verguenza de haber colaborado con mi voto a que esta mujer subiera al poder que hasta a veces lo niego,como muchos de nuestros compatriotas que todos los días hacen un tremendo esfuerzo para sostenerce con su trabajo,(como es mi caso que poseo una pequeñisima PIME) y lo véo tambalear a cada momento - los felicito de corazón por expresar lo que muchos sentimos - Gracias -
Oscar B.
Oscar B.
LA NACIÓN - 14/03/10
Editorial I
Certificado de defunción del BCRA
La confirmación de Mercedes Marcó del Pont configuraría el fin de la autonomía de la entidad monetaria
La muy probable ratificación de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central (BCRA) por el Senado de la Nación confirmaría lo poco que al oficialismo y a algunos de sus ocasionales aliados les importa la autonomía de la entidad monetaria, que pasaría a convertirse en un mero apéndice del Poder Ejecutivo.
La licenciada Marcó del Pont adscribe a un modelo de administración económica sujeta a la rigidez ideológica que entiende el desarrollo basado en el crecimiento del mercado interno, con una competitividad garantizada por la política cambiaria, inversiones inducidas por una fuerte intervención estatal en todas las áreas y el funcionamiento de un Consejo Económico Social que convalide tales políticas. Un esquema con marcado sesgo anticapitalista y corporativo.
La titular interina del BCRA es una militante del "modelo" kirchnerista. Descree de la necesidad de una autoridad monetaria dotada de autonomía y considera un error limitar su misión esencial a preservar el valor de la moneda. Es probable que en esas ideas se encuentre la causa que la llevó a ignorar la vigencia de la ley 24.144 que establece en su artículo 3º que el BCRA no puede recibir instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.
En efecto, en su exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado reconoció que la noche anterior a la reunión de la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Kirchner le informó del decreto inédito y le ordenó ejecutarlo.
En su defensa, argumentó que un decreto de necesidad y urgencia tiene fuerza de ley, y debe ser cumplido. Se trata de una interpretación pobre e insuficiente para un dirigente político con responsabilidades de Estado.
La ley impide que la autoridad monetaria pueda declinar funciones, como el manejo de las reservas "sin autorización expresa del Congreso Nacional". Sin perjuicio de ello, Marcó del Pont transfirió igual las reservas, sin orden expresa y con público conocimiento de la existencia de una orden judicial -la sentencia de la jueza Sarmiento-, que impedía transferir reservas sin la previa intervención del Congreso.
El nuevo DNU es un instrumento excepcional que sólo cambió de número, tanto que sus considerandos son idénticos al DNU 2010/09. Luego Marcó del Pont desobedeció una orden judicial.
Por su parte, la ley 26.122 sobre control de DNU y el Código Civil disponen que los decretos rigen desde su publicación en el Boletín Oficial. Según la cronología de los hechos expuestos por la funcionaria, ella convocó el lunes 1° de marzo, a las 12, a una reunión del directorio del BCRA que terminó a las 15, y ordenó al gerente general la transferencia a las 14, mientras que el decreto fue publicado en una edición extraordinaria del boletín a las 16.
Es difícil de aceptar que una operación financiera de esa complejidad pueda obtener dictámenes técnicos y completar el circuito administrativo en pocas horas. Así lo demuestra que el directorio no tuvo en cuenta, al decidir, que los abogados del BCRA en los Estados Unidos habían dictaminado oficialmente que ese tipo de transferencia implicaría un embargo en Nueva York sobre las reservas por miles de millones de dólares. A pesar de este riesgo, la transferencia se hizo.
Hay, en consecuencia, razones suficientes para rechazar el pliego de la candidata por falta de idoneidad profesional para cumplir con las funciones encomendadas. Sin embargo, en realidad el fondo del desendeudamiento oculta las deficiencias y grietas de un modelo agotado, y en los cambios del BCRA subyace la idea de poner fin a la autonomía de la institución.
La verdadera discusión versa sobre la consistencia de un modelo económico kirchnerista, acosado cada vez más por el déficit fiscal y la inflación.
Si en estos tiempos de fragmentación y de posiciones políticas volubles el oficialismo puede capturar los votos para otorgar el acuerdo a Marcó del Pont, estaremos ante una victoria pírrica, que lejos estará de generar el consenso suficiente para respaldar una gestión que nace con la señal de la sumisión y la abdicación de facultades frente a la desmesura y la prepotencia de una administración encerrada en sí misma.
Quedaría al descubierto, una vez más, una concepción de la política que encubre la voluntad de ejercer el poder sin limitaciones, y que se ha evidenciado también en el grave anuncio presidencial según el cual se desconocerán aquellos fallos judiciales que, a juicio de la primera mandataria, constituyan un "palo en la rueda". Algo que, lisa y llanamente, implica la destrucción de la viga maestra del edificio republicano.
Certificado de defunción del BCRA
La confirmación de Mercedes Marcó del Pont configuraría el fin de la autonomía de la entidad monetaria
La muy probable ratificación de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central (BCRA) por el Senado de la Nación confirmaría lo poco que al oficialismo y a algunos de sus ocasionales aliados les importa la autonomía de la entidad monetaria, que pasaría a convertirse en un mero apéndice del Poder Ejecutivo.
La licenciada Marcó del Pont adscribe a un modelo de administración económica sujeta a la rigidez ideológica que entiende el desarrollo basado en el crecimiento del mercado interno, con una competitividad garantizada por la política cambiaria, inversiones inducidas por una fuerte intervención estatal en todas las áreas y el funcionamiento de un Consejo Económico Social que convalide tales políticas. Un esquema con marcado sesgo anticapitalista y corporativo.
La titular interina del BCRA es una militante del "modelo" kirchnerista. Descree de la necesidad de una autoridad monetaria dotada de autonomía y considera un error limitar su misión esencial a preservar el valor de la moneda. Es probable que en esas ideas se encuentre la causa que la llevó a ignorar la vigencia de la ley 24.144 que establece en su artículo 3º que el BCRA no puede recibir instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.
En efecto, en su exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado reconoció que la noche anterior a la reunión de la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Kirchner le informó del decreto inédito y le ordenó ejecutarlo.
En su defensa, argumentó que un decreto de necesidad y urgencia tiene fuerza de ley, y debe ser cumplido. Se trata de una interpretación pobre e insuficiente para un dirigente político con responsabilidades de Estado.
La ley impide que la autoridad monetaria pueda declinar funciones, como el manejo de las reservas "sin autorización expresa del Congreso Nacional". Sin perjuicio de ello, Marcó del Pont transfirió igual las reservas, sin orden expresa y con público conocimiento de la existencia de una orden judicial -la sentencia de la jueza Sarmiento-, que impedía transferir reservas sin la previa intervención del Congreso.
El nuevo DNU es un instrumento excepcional que sólo cambió de número, tanto que sus considerandos son idénticos al DNU 2010/09. Luego Marcó del Pont desobedeció una orden judicial.
Por su parte, la ley 26.122 sobre control de DNU y el Código Civil disponen que los decretos rigen desde su publicación en el Boletín Oficial. Según la cronología de los hechos expuestos por la funcionaria, ella convocó el lunes 1° de marzo, a las 12, a una reunión del directorio del BCRA que terminó a las 15, y ordenó al gerente general la transferencia a las 14, mientras que el decreto fue publicado en una edición extraordinaria del boletín a las 16.
Es difícil de aceptar que una operación financiera de esa complejidad pueda obtener dictámenes técnicos y completar el circuito administrativo en pocas horas. Así lo demuestra que el directorio no tuvo en cuenta, al decidir, que los abogados del BCRA en los Estados Unidos habían dictaminado oficialmente que ese tipo de transferencia implicaría un embargo en Nueva York sobre las reservas por miles de millones de dólares. A pesar de este riesgo, la transferencia se hizo.
Hay, en consecuencia, razones suficientes para rechazar el pliego de la candidata por falta de idoneidad profesional para cumplir con las funciones encomendadas. Sin embargo, en realidad el fondo del desendeudamiento oculta las deficiencias y grietas de un modelo agotado, y en los cambios del BCRA subyace la idea de poner fin a la autonomía de la institución.
La verdadera discusión versa sobre la consistencia de un modelo económico kirchnerista, acosado cada vez más por el déficit fiscal y la inflación.
Si en estos tiempos de fragmentación y de posiciones políticas volubles el oficialismo puede capturar los votos para otorgar el acuerdo a Marcó del Pont, estaremos ante una victoria pírrica, que lejos estará de generar el consenso suficiente para respaldar una gestión que nace con la señal de la sumisión y la abdicación de facultades frente a la desmesura y la prepotencia de una administración encerrada en sí misma.
Quedaría al descubierto, una vez más, una concepción de la política que encubre la voluntad de ejercer el poder sin limitaciones, y que se ha evidenciado también en el grave anuncio presidencial según el cual se desconocerán aquellos fallos judiciales que, a juicio de la primera mandataria, constituyan un "palo en la rueda". Algo que, lisa y llanamente, implica la destrucción de la viga maestra del edificio republicano.
12 mar 2010
Chile 2010
¿SANA? ENVIDIA
En realidad fue envidia, lisa y llana, la que sentimos ante el cambio de mando en la presidencia de Chile. Ya nos habíamos sorprendido hace cuatro años cuando Julio Lagos entregaba la banda presidencial a Michelle Bachelet, aunque, en el fondo, se traspasaban la banda dos representantes del mismo partido. En aquel momento, marzo de 2006, nos sorprendió la sobriedad del acto y la ausencia total de estridencias de cualquier tipo.
Ayer se sumaba un nuevo condimento, porque el relevo presidencial se verificaba entre una presidente de izquierda y uno de derecha. Sin embargo, no sólo reinaron el orden, la sobriedad y el respeto, sino que el mismo auditorio, reunido en forma espontánea en las calles de Santiago, aplaudió a rabiar, y por igual, a la presidente saliente y al mandatario entrante.
No hubo bombos, gritos, insultos o papelitos. Tampoco señoras reclamando supuestos hijos desaparecidos. No se vieron piqueteros en las calles y plazas adyacentes, cortando la circulación y blandiendo muñecos inflables y carteles de las así llamadas “organizaciones sociales”.
Michelle Bachelet se retiró con el 84% de imagen positiva entre su pueblo, aun después del terremoto de fines de febrero. A pesar de haber sufrido en carne propia y en la de su padre al severísimo régimen de Augusto Pinochet, jamás intentó denostar, diezmar o destruir a las fuerzas armadas de su país, ganándose el aprecio de los militares que ayer le brindaron una emotiva despedida. Tampoco se le ocurrió a la presidente saliente en los cuatro años que duró su gestión, como tampoco a los gobiernos de centro izquierda que la precedieron, tocar un ápice de la política económica que trazó el general junto a su entonces ministro de economía, Hernán Büchi.
Del otro lado de la cordillera se puede ser de izquierda o derecha, pero se es esencialmente chileno, y ambas tendencias, que en realidad difieren en matices, trabajan codo a codo por la grandeza de Chile, respetando a rajatabla sus instituciones y sus leyes.
De este lado de los Andes sucede todo lo contrario. Lo que hemos vivido desde fines de 1983 hasta la fecha es una permanente actitud de revancha, venganza, división y confrontación con todos los sectores y todas las instituciones sociales, (iglesia, escuela, fuerzas armadas, parlamento, justicia, etc.), elevada a la enésima potencia desde que el actual matrimonio presidencial ocupara la Casa Rosada en mayo de 2003.
La parquedad del acto en el país trasandino contrastó con lo que aquí experimentamos cotidianamente a través de la gestión K, como se pudo observar, por ejemplo, en la moderación en el vestuario de las mujeres en el poder. Tanto la presidente saliente como la primera dama entrante y las nuevas ministras y esposas de ministros y funcionarios se mostraron a tono con la realidad nacional, en significativo contraste con quien ejerce la primera magistratura en Argentina.
Tal vez otro rasgo diferenciador importantísimo fue la mesura y el optimismo de Sebastián Piñera en su primer discurso público como presidente, inaugurando una gestión que debe enfrentar un duro desafío debido a la reciente catástrofe natural. Por varias veces invocó a Dios, en su calidad de hombre profundamente creyente, y exaltó la familia y la vida como ejes rectores de la política que piensa llevar adelante con sus colaboradores, un gabinete de lujo integrado por 22 miembros, 13 de los cuales ostentan maestrías en sus respectivas áreas de estudio y trabajo, mientras que otros 6 son doctores, al tiempo que él mismo es magister y doctor en Economía por la Universidad de Harvard.
Este dato tampoco es menor, porque, comparado con la realidad argentina, desnuda la tremenda frivolidad, la evidente indigencia de ideas y la contudente falta de preparación, responsabilidad, capacidad y honradez que caracterizan a la actual gestión de gobierno en nuestro país.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
En realidad fue envidia, lisa y llana, la que sentimos ante el cambio de mando en la presidencia de Chile. Ya nos habíamos sorprendido hace cuatro años cuando Julio Lagos entregaba la banda presidencial a Michelle Bachelet, aunque, en el fondo, se traspasaban la banda dos representantes del mismo partido. En aquel momento, marzo de 2006, nos sorprendió la sobriedad del acto y la ausencia total de estridencias de cualquier tipo.
Ayer se sumaba un nuevo condimento, porque el relevo presidencial se verificaba entre una presidente de izquierda y uno de derecha. Sin embargo, no sólo reinaron el orden, la sobriedad y el respeto, sino que el mismo auditorio, reunido en forma espontánea en las calles de Santiago, aplaudió a rabiar, y por igual, a la presidente saliente y al mandatario entrante.
No hubo bombos, gritos, insultos o papelitos. Tampoco señoras reclamando supuestos hijos desaparecidos. No se vieron piqueteros en las calles y plazas adyacentes, cortando la circulación y blandiendo muñecos inflables y carteles de las así llamadas “organizaciones sociales”.
Michelle Bachelet se retiró con el 84% de imagen positiva entre su pueblo, aun después del terremoto de fines de febrero. A pesar de haber sufrido en carne propia y en la de su padre al severísimo régimen de Augusto Pinochet, jamás intentó denostar, diezmar o destruir a las fuerzas armadas de su país, ganándose el aprecio de los militares que ayer le brindaron una emotiva despedida. Tampoco se le ocurrió a la presidente saliente en los cuatro años que duró su gestión, como tampoco a los gobiernos de centro izquierda que la precedieron, tocar un ápice de la política económica que trazó el general junto a su entonces ministro de economía, Hernán Büchi.
Del otro lado de la cordillera se puede ser de izquierda o derecha, pero se es esencialmente chileno, y ambas tendencias, que en realidad difieren en matices, trabajan codo a codo por la grandeza de Chile, respetando a rajatabla sus instituciones y sus leyes.
De este lado de los Andes sucede todo lo contrario. Lo que hemos vivido desde fines de 1983 hasta la fecha es una permanente actitud de revancha, venganza, división y confrontación con todos los sectores y todas las instituciones sociales, (iglesia, escuela, fuerzas armadas, parlamento, justicia, etc.), elevada a la enésima potencia desde que el actual matrimonio presidencial ocupara la Casa Rosada en mayo de 2003.
La parquedad del acto en el país trasandino contrastó con lo que aquí experimentamos cotidianamente a través de la gestión K, como se pudo observar, por ejemplo, en la moderación en el vestuario de las mujeres en el poder. Tanto la presidente saliente como la primera dama entrante y las nuevas ministras y esposas de ministros y funcionarios se mostraron a tono con la realidad nacional, en significativo contraste con quien ejerce la primera magistratura en Argentina.
Tal vez otro rasgo diferenciador importantísimo fue la mesura y el optimismo de Sebastián Piñera en su primer discurso público como presidente, inaugurando una gestión que debe enfrentar un duro desafío debido a la reciente catástrofe natural. Por varias veces invocó a Dios, en su calidad de hombre profundamente creyente, y exaltó la familia y la vida como ejes rectores de la política que piensa llevar adelante con sus colaboradores, un gabinete de lujo integrado por 22 miembros, 13 de los cuales ostentan maestrías en sus respectivas áreas de estudio y trabajo, mientras que otros 6 son doctores, al tiempo que él mismo es magister y doctor en Economía por la Universidad de Harvard.
Este dato tampoco es menor, porque, comparado con la realidad argentina, desnuda la tremenda frivolidad, la evidente indigencia de ideas y la contudente falta de preparación, responsabilidad, capacidad y honradez que caracterizan a la actual gestión de gobierno en nuestro país.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
2 mar 2010
Las consecuencias de la mentalidad pigmea argentina
LA NACIÓN - 02/03/10
Carta de lectores
Medicación urgente
Señor Director:
"Franco Núñez (DNI 42.339.421) tiene 10 años y sufre de parálisis cerebral, encefalopatía crónica y epilepsia, por lo cual su médico, el doctor Roberto Carballo (MN 61.757), le prescribió Keppra (medicamento distribuido en la Argentina por GlaxoSmithKline) y no un genérico, debido a que, con anterioridad, el chico ya probó un genérico que le provocó fuertes convulsiones, lo que puso en grave peligro su salud.
"Franco dispone de una pensión por invalidez otorgada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, por la cual corresponde al Programa Federal de Salud (Unidad Ejecutora Profe) brindarle cobertura médica y medicamentos. Pero el Profe no sólo se niega a suministrar el Keppra debidamente fundamentado por el médico, sino que también se declara «incompetente para emitir su negativa por escrito».
"Con mi abogada estamos ayudando a la familia de Franco a gestionar los trámites y reclamos ante la obra social y la Defensoría del Pueblo de Quilmes, pero lo cierto es que, hasta que se consiga la solución que el Estado debe proveer, esta familia, que es de bajos recursos, no puede costear la continuidad del tratamiento con Keppra y sólo disponen del medicamento para una semana más."
Esteban Caffini
DNI 21.003.850
N. de la R.: el laboratorio GlaxoSmithKline es de origen y capital inglés.
Carta de lectores
Medicación urgente
Señor Director:
"Franco Núñez (DNI 42.339.421) tiene 10 años y sufre de parálisis cerebral, encefalopatía crónica y epilepsia, por lo cual su médico, el doctor Roberto Carballo (MN 61.757), le prescribió Keppra (medicamento distribuido en la Argentina por GlaxoSmithKline) y no un genérico, debido a que, con anterioridad, el chico ya probó un genérico que le provocó fuertes convulsiones, lo que puso en grave peligro su salud.
"Franco dispone de una pensión por invalidez otorgada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, por la cual corresponde al Programa Federal de Salud (Unidad Ejecutora Profe) brindarle cobertura médica y medicamentos. Pero el Profe no sólo se niega a suministrar el Keppra debidamente fundamentado por el médico, sino que también se declara «incompetente para emitir su negativa por escrito».
"Con mi abogada estamos ayudando a la familia de Franco a gestionar los trámites y reclamos ante la obra social y la Defensoría del Pueblo de Quilmes, pero lo cierto es que, hasta que se consiga la solución que el Estado debe proveer, esta familia, que es de bajos recursos, no puede costear la continuidad del tratamiento con Keppra y sólo disponen del medicamento para una semana más."
Esteban Caffini
DNI 21.003.850
N. de la R.: el laboratorio GlaxoSmithKline es de origen y capital inglés.
27 feb 2010
LA NACIÓN - 27/02/10
Editorial I
Cada vez más aislados
Es una clara señal la omisión de la Argentina en las giras de presidentes y emisarios de países centrales por la región
Es peor querer estar solo que estarlo. El gobierno argentino, sin embargo, actúa como si pretendiera hacernos creer que se encuentra cómodo con su voluntariosa política de aislamiento de la comunidad internacional y de cercanía con un régimen detestable, desde la perspectiva democrática, como la Venezuela de Hugo Chávez. Ese régimen se ha convertido, por obra de los Kirchner, en la principal agencia externa del país. Con los otros gobiernos, incluidos los del Mercosur, las relaciones se ciñen a encuentros en cumbres presidenciales. Con los Estados Unidos, como ha hecho público la presidenta Cristina Kirchner con sus recientes críticas contra Barack Obama, no parece haber interés en conciliar posiciones.
Si en 2007 había tres puertas siempre abiertas, Brasilia, Madrid y Caracas, hoy sólo queda la última. Pocos jefes de Estado han demostrado interés en visitar la Argentina y poca predisposición ha exteriorizado la Presidenta en salir del país. Ha llegado a suscitar estupor, incluso en las raleadas filas del oficialismo, al haber suspendido a último momento la gira que iba a realizar por China.
La descortesía con la segunda potencia mundial y país emergente más importante se originó en razones tan difíciles de entender en cualquier parte como la desconfianza visceral de la Presidenta en el vicepresidente Julio Cobos. Años atrás, el entonces presidente Néstor Kirchner propinó un desaire casi aún peor a quien era presidente socialista de Portugal. Con sólo un mes de anticipación, le hizo saber que no podría recibirlo a pesar de haberse organizado con tiempo holgado -como es natural en estos casos- su visita a la Argentina. En Lisboa se quedaron con la boca abierta y prepararon a las apuradas un viaje a Paraguay.
Desde la crisis de 2001, la Argentina ha resignado presencia y protagonismo en el escenario internacional. La dureza de esa crisis pudo explicar en su momento la involución de nuestro país frente al mundo. Nueve años después, el aislamiento persiste y, por actitudes desprejuiciadas y hostiles de la pareja presidencial, se ha agravado.
La ruptura con las normas más elementales de la convivencia internacional ha resultado ser tan asombrosa como incongruente con otras gestiones. Embajadores políticos de categoría intelectual y emocional insuficientes para representar a empresas de escaso calado se sofocan, mientras tanto, en arduos y penosos trámites para conseguir que alguna figura de relevancia venga a Buenos Aires.
Jacques Chirac, aún presidente de Francia, estrenó una ruta en su periplo por el Cono Sur: Chile y Brasil, sin escalas en nuestro país. Es posible que el presidente Obama emprenda el mismo periplo en su próxima gira. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se dispone a viajar desde pasado mañana a Uruguay, Chile y Brasil, entre otros países de la región, pero pasará por alto a la Argentina.
¿Por qué habría de venir la señora Clinton, después del destrato oficial sufrido aquí por Arturo Valenzuela, el funcionario de más alto rango de su cartera en América latina? ¿O es imaginable que el gobierno de Washington, aun cuando se encuentre en manos demócratas, vaya a olvidar fácilmente la estupidez de haber contribuido la Argentina a organizar en 2005, en Mar del Plata, una contracumbre con la que se agredió al presidente George W. Bush?
El pasado reciente está plagado de hechos absurdos que trastornan la inserción hasta en países en los cuales la Argentina era valorada por su peso específico. Casi nadie piensa que son previsibles las políticas argentinas, lo cual dificulta todavía más cualquier palabra o gesto aislado de sensatez diplomática.
Una vez más, la asombrosa voluntad de permanecer fuera del mercado internacional de capitales, como consecuencia de celebrar incumplimientos contractuales y pretender imponer una prepotente y costosa fórmula en la renegociación de la deuda externa, ha potenciado la opinión externa negativa para el país. Uno de cada cuatro de los acreedores de la Argentina ha procurado cobrar sus acreencias en las más variadas jurisdicciones. Lo cual es lógico. Ni siquiera la sorpresiva transformación del G-20 en el foro en el cual el mundo tanto discute las urgencias económicas más graves como la reestructuración de la arquitectura financiera internacional ha contribuido a mejorar nuestra situación.
Poco parece importarles esta situación a los Kirchner, cuya política exterior ha estado siempre subordinada a sus necesidades domésticas. Si estimularon el estallido del conflicto de las pasteras con un país hermano como Uruguay y han permitido que un grupo de vecinos se arrogara la representación de la Nación, ¿qué podría esperarse de mejor en cuanto a los vínculos con otros Estados?
A diferencia de la Argentina, países como Brasil, Uruguay, Chile y Perú se han limitado a comportarse con normalidad en la arena internacional. O sea, han profundizado su relación con el mundo para tender puentes y captar inversiones. Con lecciones de economía, al estilo de los patéticos programas oficialistas de televisión nocturna, la Presidenta suele pasearse por los escenarios internacionales. Alguien debería explicarle que de esa manera el país estará condenado al aislamiento hasta que por lo menos concluya el actual período de gobierno.
Es hora de cambiar conductas y estilos, así como de dejar de lado la vanidad y la grandilocuencia hueca. Es tiempo de asumir la sobriedad apropiada para una política seria y pragmática, de volver con rigor profesional a las acciones en que nada se halle antepuesto al interés nacional. También es necesario comprender que una política exterior debidamente fundada requiere de la labor paciente en una dirección inequívoca. De lo contrario, sería excesivo pedir a los demás que entiendan aquello que ni siquiera nosotros, los argentinos, tenemos claro.
Editorial I
Cada vez más aislados
Es una clara señal la omisión de la Argentina en las giras de presidentes y emisarios de países centrales por la región
Es peor querer estar solo que estarlo. El gobierno argentino, sin embargo, actúa como si pretendiera hacernos creer que se encuentra cómodo con su voluntariosa política de aislamiento de la comunidad internacional y de cercanía con un régimen detestable, desde la perspectiva democrática, como la Venezuela de Hugo Chávez. Ese régimen se ha convertido, por obra de los Kirchner, en la principal agencia externa del país. Con los otros gobiernos, incluidos los del Mercosur, las relaciones se ciñen a encuentros en cumbres presidenciales. Con los Estados Unidos, como ha hecho público la presidenta Cristina Kirchner con sus recientes críticas contra Barack Obama, no parece haber interés en conciliar posiciones.
Si en 2007 había tres puertas siempre abiertas, Brasilia, Madrid y Caracas, hoy sólo queda la última. Pocos jefes de Estado han demostrado interés en visitar la Argentina y poca predisposición ha exteriorizado la Presidenta en salir del país. Ha llegado a suscitar estupor, incluso en las raleadas filas del oficialismo, al haber suspendido a último momento la gira que iba a realizar por China.
La descortesía con la segunda potencia mundial y país emergente más importante se originó en razones tan difíciles de entender en cualquier parte como la desconfianza visceral de la Presidenta en el vicepresidente Julio Cobos. Años atrás, el entonces presidente Néstor Kirchner propinó un desaire casi aún peor a quien era presidente socialista de Portugal. Con sólo un mes de anticipación, le hizo saber que no podría recibirlo a pesar de haberse organizado con tiempo holgado -como es natural en estos casos- su visita a la Argentina. En Lisboa se quedaron con la boca abierta y prepararon a las apuradas un viaje a Paraguay.
Desde la crisis de 2001, la Argentina ha resignado presencia y protagonismo en el escenario internacional. La dureza de esa crisis pudo explicar en su momento la involución de nuestro país frente al mundo. Nueve años después, el aislamiento persiste y, por actitudes desprejuiciadas y hostiles de la pareja presidencial, se ha agravado.
La ruptura con las normas más elementales de la convivencia internacional ha resultado ser tan asombrosa como incongruente con otras gestiones. Embajadores políticos de categoría intelectual y emocional insuficientes para representar a empresas de escaso calado se sofocan, mientras tanto, en arduos y penosos trámites para conseguir que alguna figura de relevancia venga a Buenos Aires.
Jacques Chirac, aún presidente de Francia, estrenó una ruta en su periplo por el Cono Sur: Chile y Brasil, sin escalas en nuestro país. Es posible que el presidente Obama emprenda el mismo periplo en su próxima gira. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se dispone a viajar desde pasado mañana a Uruguay, Chile y Brasil, entre otros países de la región, pero pasará por alto a la Argentina.
¿Por qué habría de venir la señora Clinton, después del destrato oficial sufrido aquí por Arturo Valenzuela, el funcionario de más alto rango de su cartera en América latina? ¿O es imaginable que el gobierno de Washington, aun cuando se encuentre en manos demócratas, vaya a olvidar fácilmente la estupidez de haber contribuido la Argentina a organizar en 2005, en Mar del Plata, una contracumbre con la que se agredió al presidente George W. Bush?
El pasado reciente está plagado de hechos absurdos que trastornan la inserción hasta en países en los cuales la Argentina era valorada por su peso específico. Casi nadie piensa que son previsibles las políticas argentinas, lo cual dificulta todavía más cualquier palabra o gesto aislado de sensatez diplomática.
Una vez más, la asombrosa voluntad de permanecer fuera del mercado internacional de capitales, como consecuencia de celebrar incumplimientos contractuales y pretender imponer una prepotente y costosa fórmula en la renegociación de la deuda externa, ha potenciado la opinión externa negativa para el país. Uno de cada cuatro de los acreedores de la Argentina ha procurado cobrar sus acreencias en las más variadas jurisdicciones. Lo cual es lógico. Ni siquiera la sorpresiva transformación del G-20 en el foro en el cual el mundo tanto discute las urgencias económicas más graves como la reestructuración de la arquitectura financiera internacional ha contribuido a mejorar nuestra situación.
Poco parece importarles esta situación a los Kirchner, cuya política exterior ha estado siempre subordinada a sus necesidades domésticas. Si estimularon el estallido del conflicto de las pasteras con un país hermano como Uruguay y han permitido que un grupo de vecinos se arrogara la representación de la Nación, ¿qué podría esperarse de mejor en cuanto a los vínculos con otros Estados?
A diferencia de la Argentina, países como Brasil, Uruguay, Chile y Perú se han limitado a comportarse con normalidad en la arena internacional. O sea, han profundizado su relación con el mundo para tender puentes y captar inversiones. Con lecciones de economía, al estilo de los patéticos programas oficialistas de televisión nocturna, la Presidenta suele pasearse por los escenarios internacionales. Alguien debería explicarle que de esa manera el país estará condenado al aislamiento hasta que por lo menos concluya el actual período de gobierno.
Es hora de cambiar conductas y estilos, así como de dejar de lado la vanidad y la grandilocuencia hueca. Es tiempo de asumir la sobriedad apropiada para una política seria y pragmática, de volver con rigor profesional a las acciones en que nada se halle antepuesto al interés nacional. También es necesario comprender que una política exterior debidamente fundada requiere de la labor paciente en una dirección inequívoca. De lo contrario, sería excesivo pedir a los demás que entiendan aquello que ni siquiera nosotros, los argentinos, tenemos claro.
LA POBREZA DE LOS ARGENTINOS
No se necesitan estudios estadísticos, ni mostrar el crecimiento de las villas de emergencia, los que duermen en las calles o la vida de los indigentes, para saber que la mayoría de los argentinos están empobrecidos.
El empobrecimiento del pueblo argentino se expresa en hechos diarios: su incapacidad de pago de los bienes de consumo para su vida diaria.
Los argentinos no tienen plata para pagar el valor de la carne, que sí pueden pagarlo los habitantes de países con poblaciones de mayores ingresos. Para ocultar la pobreza, el gobierno le fija precio máximo a la carne, con lo que estanca la producción. Tampoco pueden pagar el valor de la leche, el pan, los fideos, el pasaje en colectivo, trenes y subterráneos, la electricidad, el gas etc. etc., que el gobierno subsidia, paralizando la inversión y la producción.
La estructura productiva argentina vive en un círculo vicioso generador permanente de pobreza. A los argentinos no los ayuda que el gobierno les tire huesos para entretenerlos: deben ganar más para poder pagar el valor de los bienes que necesitan o desean. Esto requiere que la economía sea exportadora, que genere oportunidades de trabajo y aumente los salarios; para conseguirlo, los argentinos deben trabajar fuerte y ser creativos, sin interferencia del gobierno. La corporación sindical tiene responsabilidad en que se logre.
Los ingresos de los trabajadores argentinos deben elevarse.
Dr. Marcelo Castro Corbat
segundarepublica@fibertel.com.ar
www.segundarepublica.blogspot.com
No se necesitan estudios estadísticos, ni mostrar el crecimiento de las villas de emergencia, los que duermen en las calles o la vida de los indigentes, para saber que la mayoría de los argentinos están empobrecidos.
El empobrecimiento del pueblo argentino se expresa en hechos diarios: su incapacidad de pago de los bienes de consumo para su vida diaria.
Los argentinos no tienen plata para pagar el valor de la carne, que sí pueden pagarlo los habitantes de países con poblaciones de mayores ingresos. Para ocultar la pobreza, el gobierno le fija precio máximo a la carne, con lo que estanca la producción. Tampoco pueden pagar el valor de la leche, el pan, los fideos, el pasaje en colectivo, trenes y subterráneos, la electricidad, el gas etc. etc., que el gobierno subsidia, paralizando la inversión y la producción.
La estructura productiva argentina vive en un círculo vicioso generador permanente de pobreza. A los argentinos no los ayuda que el gobierno les tire huesos para entretenerlos: deben ganar más para poder pagar el valor de los bienes que necesitan o desean. Esto requiere que la economía sea exportadora, que genere oportunidades de trabajo y aumente los salarios; para conseguirlo, los argentinos deben trabajar fuerte y ser creativos, sin interferencia del gobierno. La corporación sindical tiene responsabilidad en que se logre.
Los ingresos de los trabajadores argentinos deben elevarse.
Dr. Marcelo Castro Corbat
segundarepublica@fibertel.com.ar
www.segundarepublica.blogspot.com
9 feb 2010
LA VOZ DEL INTERIOR - Martes 9 de febrero de 2010
Editorial
Una oradora mal asesorada
Las casi diarias alocuciones de Cristina Kirchner sólo sirven para desnudar una alarmante falta de asesoramiento y un triunfalismo inconvincente por parte de la Presidenta en sus exposiciones.
Casi no pasa día sin que la presidenta de la República realice anuncio y pronuncie arengas con anticipos espectaculares, ataques contra los medios independientes y promesas de un futuro esplendoroso. A veces, y cada vez con mayor frecuencia, formula con gran soltura declaraciones que diseminan asombro y estupor e inducen a conjeturar que está mal asesorada o que, peor aún, impregnada del estilo arrogante de su marido, se abstiene de informarse antes de hablar. Y se despeña en lo grotesco, como su afirmación de que la carne de cerdo puede reemplazar a una difundida pastilla que actúa como estímulo sexual.
Cruza sin medir ni pesar las palabras las fronteras del decoro y se interna en el absurdo, con lo que proyecta una imagen internacional de jefa de un Estado bananero. Lo preocupante es que el mal asesoramiento, o su sistemática prescindencia cuando aborda problemas económicos y sociales que, lejos de ser solucionados por su triunfalismo militante no hacen otra cosa que agravarse, han despojado a su oratoria hasta de la esperanza.
Así, en la semana anterior proclamó con gran euforia que en 2009 se habían logrado niveles récord de exportaciones de carne vacuna. Dos gruesos errores. En primer término, porque los despachos al exterior fueron inferiores, por ejemplo, a los registrados en 2005. En segundo lugar, lo que es mucho más preocupante, pasó por alto el hecho de que las exportaciones estuvieron basadas, en gran parte, sobre la faena de hembras, vacas y futuras madres, principal causa de la reducción del stock ganadero en más de tres millones de cabezas.
Cuando la participación de hembras en la matanza es superior al 50 por ciento, como lo fue en el año anterior, técnicamente se ingresa en una etapa de desinversión en la ganadería. Y, lo que es mucho peor, la liquidación de vientres reduce la oferta, no ya para los dos próximos años -que será muy severa, porque se estima que la disponibilidad de carne no superará los 16 kilogramos por habitante y por año-, perspectiva nada alentadora para un año que se presenta sobrecargado de indicadores deprimidos.
De no ser así, ¿por qué razón el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenaría de inmediato la suspensión de las exportaciones? La explicación oficial es porque se quiere contener el encarecimiento de un producto básico de la canasta familiar argentina. Ello implica asegurar el mantenimiento de la irracionalidad de una dieta que ha alcanzado un consumo promedio de 70 kilogramos por habitante y por año, un nivel riesgoso no sólo por la reducción de saldos exportables.
También es preocupante por la incidencia negativa que el sobreconsumo de carne tiene sobre las enfermedades cardiovasculares, que ocupan el primer lugar en las estadísticas de causas de muertes en nuestro país. Sigamos improvisando y perorando.
Editorial
Una oradora mal asesorada
Las casi diarias alocuciones de Cristina Kirchner sólo sirven para desnudar una alarmante falta de asesoramiento y un triunfalismo inconvincente por parte de la Presidenta en sus exposiciones.
Casi no pasa día sin que la presidenta de la República realice anuncio y pronuncie arengas con anticipos espectaculares, ataques contra los medios independientes y promesas de un futuro esplendoroso. A veces, y cada vez con mayor frecuencia, formula con gran soltura declaraciones que diseminan asombro y estupor e inducen a conjeturar que está mal asesorada o que, peor aún, impregnada del estilo arrogante de su marido, se abstiene de informarse antes de hablar. Y se despeña en lo grotesco, como su afirmación de que la carne de cerdo puede reemplazar a una difundida pastilla que actúa como estímulo sexual.
Cruza sin medir ni pesar las palabras las fronteras del decoro y se interna en el absurdo, con lo que proyecta una imagen internacional de jefa de un Estado bananero. Lo preocupante es que el mal asesoramiento, o su sistemática prescindencia cuando aborda problemas económicos y sociales que, lejos de ser solucionados por su triunfalismo militante no hacen otra cosa que agravarse, han despojado a su oratoria hasta de la esperanza.
Así, en la semana anterior proclamó con gran euforia que en 2009 se habían logrado niveles récord de exportaciones de carne vacuna. Dos gruesos errores. En primer término, porque los despachos al exterior fueron inferiores, por ejemplo, a los registrados en 2005. En segundo lugar, lo que es mucho más preocupante, pasó por alto el hecho de que las exportaciones estuvieron basadas, en gran parte, sobre la faena de hembras, vacas y futuras madres, principal causa de la reducción del stock ganadero en más de tres millones de cabezas.
Cuando la participación de hembras en la matanza es superior al 50 por ciento, como lo fue en el año anterior, técnicamente se ingresa en una etapa de desinversión en la ganadería. Y, lo que es mucho peor, la liquidación de vientres reduce la oferta, no ya para los dos próximos años -que será muy severa, porque se estima que la disponibilidad de carne no superará los 16 kilogramos por habitante y por año-, perspectiva nada alentadora para un año que se presenta sobrecargado de indicadores deprimidos.
De no ser así, ¿por qué razón el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenaría de inmediato la suspensión de las exportaciones? La explicación oficial es porque se quiere contener el encarecimiento de un producto básico de la canasta familiar argentina. Ello implica asegurar el mantenimiento de la irracionalidad de una dieta que ha alcanzado un consumo promedio de 70 kilogramos por habitante y por año, un nivel riesgoso no sólo por la reducción de saldos exportables.
También es preocupante por la incidencia negativa que el sobreconsumo de carne tiene sobre las enfermedades cardiovasculares, que ocupan el primer lugar en las estadísticas de causas de muertes en nuestro país. Sigamos improvisando y perorando.
12 ene 2010
11 ene 2010
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/10/opinion/21794622.html
EL MUNDO, de España
EDITORIAL
Freno judicial a los decretazos de la déspota Cristina Kirchner
10.01.2010
AUNQUE los argentinos dicen, con mucha retranca, que su país está permanentemente en crisis, lo cierto es que la tormenta política y judicial de las últimas horas ha hecho tambalearse a las instituciones del Estado. Sobre todo al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien ha encontrado la horma de su zapato en una jueza federal que el viernes no dudó en echar abajo los dos últimos decretos de la presidenta. El primero, encaminado a financiar deuda pública con 6.500 millones de dólares de reservas del Banco Central; y el segundo, firmado para destituir al presidente de esta entidad, Martín Redrado, por negarse a ejecutar su orden. El fallo de la magistrada deja claro que son decisiones arbitrarias y de abuso de poder, puesto que el Banco Central es un organismo independiente del Ejecutivo y sólo el Parlamento puede decidir sobre el uso de sus fondos. Redrado fue, por tanto, restituido a las 24 horas, provocando la cólera de Kirchner, que ayer se negó a acatar la decisión y dijo que todo es una «conspiración política y mediática».
El surrealista conflicto entre el Gobierno y el Banco -que ahora tiene dos gobernadores simultáneos- ha hecho saltar las alarmas por el temor a que la economía argentina -la tercera de Latinoamérica- caiga en un nuevo abismo, cuando el país no se ha recuperado aún de las secuelas del corralito de 2001. El viernes, el valor de los bonos se hundió, a la vez que se disparaba el riesgo de la deuda. En España se sigue el caso con gran preocupación, porque somos el principal inversor allí, con un 40% del negocio extranjero.
No es éste el primer gran revés que sufre la autoritaria Cristina Kirchner en sus planes económicos. Su primer año de mandato estuvo marcado por la fallida pretensión de imponer una espectacular subida de impuestos al sector agrario, respondida con una larguísima huelga y una caída en picado de su popularidad de la que no se ha recuperado. Después, su incapacidad para controlar la inflación, sus nefastas medidas populistas -incluida la nacionalización de compañías como Aerolíneas Argentinas- y el gasto descontrolado de la Administración -las reservas han mermado en 12 meses de 40.000 millones de dólares a 17.000-, han llevado a la economía a una situación angustiosa. La oposición acusa a la presidenta de querer gastarse los 6.500 millones de las reservas para financiar deuda y así poder seguir después despilfarrando dinero con la vista puesta en las elecciones del próximo año.
Las cosas pintan muy mal para los Kirchner -no se puede olvidar que muchos de los problemas actuales los heredó la presidenta de la anterior etapa de gobierno de su marido Néstor-. Y las encuestas confirman el hartazgo de los ciudadanos en la mala gestión, la corrupción y el nepotismo que rodea al matrimonio, cada vez más aislado políticamente. Incluso otrora fervientes partidarios como el defenestrado presidente del Banco Central, Redrado, ahora se afanan en marcar distancias para intentar salvarse de la previsible quema política de los Kirchner.
La derrota de su partido en las legislativas del verano ya dejó al oficialismo sin mayoría en ninguna de las dos cámaras del Parlamento. Pero Cristina, lejos de interpretarlo como un aviso del electorado, se ha dedicado a hacer más patente aún su desprecio por la división de poderes, gobernando -igual que hacía su marido- a golpe de decretos. Sin embargo, ahora la Justicia puede pararle los pies, aunque el Gobierno recurrirá la sentencia a la Corte de Apelaciones, donde algunos magistrados presumen de su cercanía a los Kirchner. Está por ver si Néstor y Cristina logran, como otras veces, evitar que esta crisis política y financiera les arrastre definitivamente.
EL MUNDO, de España
EDITORIAL
Freno judicial a los decretazos de la déspota Cristina Kirchner
10.01.2010
AUNQUE los argentinos dicen, con mucha retranca, que su país está permanentemente en crisis, lo cierto es que la tormenta política y judicial de las últimas horas ha hecho tambalearse a las instituciones del Estado. Sobre todo al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien ha encontrado la horma de su zapato en una jueza federal que el viernes no dudó en echar abajo los dos últimos decretos de la presidenta. El primero, encaminado a financiar deuda pública con 6.500 millones de dólares de reservas del Banco Central; y el segundo, firmado para destituir al presidente de esta entidad, Martín Redrado, por negarse a ejecutar su orden. El fallo de la magistrada deja claro que son decisiones arbitrarias y de abuso de poder, puesto que el Banco Central es un organismo independiente del Ejecutivo y sólo el Parlamento puede decidir sobre el uso de sus fondos. Redrado fue, por tanto, restituido a las 24 horas, provocando la cólera de Kirchner, que ayer se negó a acatar la decisión y dijo que todo es una «conspiración política y mediática».
El surrealista conflicto entre el Gobierno y el Banco -que ahora tiene dos gobernadores simultáneos- ha hecho saltar las alarmas por el temor a que la economía argentina -la tercera de Latinoamérica- caiga en un nuevo abismo, cuando el país no se ha recuperado aún de las secuelas del corralito de 2001. El viernes, el valor de los bonos se hundió, a la vez que se disparaba el riesgo de la deuda. En España se sigue el caso con gran preocupación, porque somos el principal inversor allí, con un 40% del negocio extranjero.
No es éste el primer gran revés que sufre la autoritaria Cristina Kirchner en sus planes económicos. Su primer año de mandato estuvo marcado por la fallida pretensión de imponer una espectacular subida de impuestos al sector agrario, respondida con una larguísima huelga y una caída en picado de su popularidad de la que no se ha recuperado. Después, su incapacidad para controlar la inflación, sus nefastas medidas populistas -incluida la nacionalización de compañías como Aerolíneas Argentinas- y el gasto descontrolado de la Administración -las reservas han mermado en 12 meses de 40.000 millones de dólares a 17.000-, han llevado a la economía a una situación angustiosa. La oposición acusa a la presidenta de querer gastarse los 6.500 millones de las reservas para financiar deuda y así poder seguir después despilfarrando dinero con la vista puesta en las elecciones del próximo año.
Las cosas pintan muy mal para los Kirchner -no se puede olvidar que muchos de los problemas actuales los heredó la presidenta de la anterior etapa de gobierno de su marido Néstor-. Y las encuestas confirman el hartazgo de los ciudadanos en la mala gestión, la corrupción y el nepotismo que rodea al matrimonio, cada vez más aislado políticamente. Incluso otrora fervientes partidarios como el defenestrado presidente del Banco Central, Redrado, ahora se afanan en marcar distancias para intentar salvarse de la previsible quema política de los Kirchner.
La derrota de su partido en las legislativas del verano ya dejó al oficialismo sin mayoría en ninguna de las dos cámaras del Parlamento. Pero Cristina, lejos de interpretarlo como un aviso del electorado, se ha dedicado a hacer más patente aún su desprecio por la división de poderes, gobernando -igual que hacía su marido- a golpe de decretos. Sin embargo, ahora la Justicia puede pararle los pies, aunque el Gobierno recurrirá la sentencia a la Corte de Apelaciones, donde algunos magistrados presumen de su cercanía a los Kirchner. Está por ver si Néstor y Cristina logran, como otras veces, evitar que esta crisis política y financiera les arrastre definitivamente.
7 ene 2010
LA NACIÓN, 7/01/10
Delirante: lo quieren echar por cumplir con la ley
Roberto Cachanosky
Resulta realmente delirante la conflictiva situación entre el presidente del BCRA y la presidenta Cristina Fernández. La esposa de Néstor Kirchner le pide la renuncia a Martín Redrado porque no quiere entregarle los U$S 6500 millones de reservas para que el matrimonio los dilapide. Pero la razón de fondo no es que Redrado pueda estar preocupado porque dilapiden las reservas, dado que ya han dilapidado bastantes recursos y nunca se lo escuchó hacer mención del tema. Lo delirante es que una de las pocas causas por las cuales los integrantes del directorio del BCRA podrían ser removidos sería por incumplimiento de la Carta Orgánica de dicha institución, recordando que dicha Carta Orgánica es una ley de la Nación.
Ahora bien, Martín Redrado no puede entregarle las reservas excedentes que inventó el Gobierno porque: a) no existen tales reservas excedentes y b) la Carta Orgánica del BCRA (una ley nacional) dice textualmente que "En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional".
Es decir, Cristina Kirchner quiere la renuncia de Redrado porque el presidente del BCRA quiere cumplir con la ley. Claro, la ley en el sentido de una democracia republicana como la que entendemos y queremos vivir la mayoría de los argentinos. En el caso de los Kirchner la ley son sus caprichos, arrebatos y avasallamiento de las instituciones. El matrimonio es una verdadera cuadrilla de demolición de las instituciones.
En su profunda ignorancia en temas económicos, el senador Pichetto sostuvo que el BCRA no puede ser independiente del poder Ejecutivo como ocurrió en los 90. Claro, Pichetto se olvida que cuando el BCRA dejó de ser independiente logró el récord de destruir el peso moneda nacional, el peso ley 18.188, el peso argentino, el austral y éste que está en terapia intensiva. Cuando el BCRA pasó a depender de los caprichos del gobierno de turno, tuvimos inflación, megainflación e hiperinflación.
Justamente por eso se equivoca Aníbal Fernández cuando dice que las reservas no las juntó Redrado, sino que las juntó el Gobierno con políticas económicas pensadas por Néstor Kirchner y después ratificadas por Cristina Fernández. La verdad es que tampoco es para darle el premio Nobel de Economía a Kirchner, ni quedó en coma cuatro por pensar, como dice Fernández, las políticas económicas, dado que lo único que hizo Redrado fue emitir moneda a una tasa descomunal para sostener el tipo de cambio en el nivel que deseaba Kirchner. En todo caso, las políticas pensadas por Kirchner para juntar reservas fueron las que generaron el fenomenal proceso inflacionario que estamos viviendo, con la consecuente caída del ingreso real, la pobreza y la indigencia. Y tampoco puede hablarse de una genialidad de Kirchner el haber tratado de esconder los nefastos resultados de esa política inflacionaria con controles de precios, prohibiciones de exportación y la destrucción del Indec.
De la misma manera, tampoco es una genialidad de Martín Redrado mostrar reservas que no existen. Poner en ellas los encajes en dólares que las entidades tienen que constituir en el BCRA por sus depósitos en dólares, contrarrestar parte de la emisión monetaria para comprar reservas con Lebacs, Nobacs y pases pasivos no es otra cosa que comprar reservas contra deuda. No informar la deuda con el Banco de Basilea ni las ventas a futuro son estrategias tipo Moreno que no contribuyen en nada a la transparencia de información que debería ser de público conocimiento.
Ahora bien, ¿cuál es el conflicto de fondo? Por un lado los Kirchner están desesperados por caja. Llevaron el gasto público hasta niveles récord en cantidad y pésima calidad. Ese nivel de gasto hoy es infinanciable a pesar de la estatización de las AFJP y nuestros ahorros, de la formidable carga tributaria que soportamos y del invento de las transferencias de utilidades del BCRA al tesoro por diferencias de cambio. Lo que necesitan los Kirchner es más plata y por eso quieren ir por las reservas.
Por otro lado, Martín Redrado se encuentra en una situación complicada porque si obedece a los Kirchner estaría violando la ley. Primero por no ser independiente del poder político, segundo porque no existen las reservas excedentes y tercero porque las reservas no podrían destinarse a gastos corrientes como pretende el matrimonio. Es decir, estaría violando la ley, por lo menos, en tres aspectos, con el riesgo adicional de que si Redrado transfiere reservas para financiar gastos corrientes los hold outs tendrían todas las razones jurídicas para pedir el embargo de las reservas.
Bajo el sistema monetario como el que tenemos y que rige en buena parte del mundo, el respaldo del papel moneda ya no lo otorgan las reservas en oro, sino la calidad de las instituciones jurídicas, políticas y económicas. Algo que los Kirchner, como decía antes, sistemáticamente se encargaron de demoler. Pregunta: ¿qué calidad de respaldo institucional tendría el peso con los Kirchner?
Es obvio que el matrimonio va avanzando constantemente sobre todo lo que puede. Destruyó al sector ganadero con tal de tener, por un tiempo, carne barata. Hizo lo mismo con los lácteos. Aniquiló el escaso mercado de capitales que generaban nuestros ahorros en las AFJP. Quiso esquilmar al sector agrícola con la 125 y ahora van por las reservas del BCRA. El próximo paso será confiscar ahorros, ordenarle a otro presidente del BCRA que emita moneda para financiar al tesoro o la medida más insólita que uno pueda imaginar.
En síntesis, no sorprende que los Kirchner se enojen con Redrado por no querer entregarle las reservas del Central. Es solo una mancha más en el aniquilamiento de las instituciones. En caso de lograr su objetivo, solo cabe esperar otro destrozo monetario e inflacionario que, como es obvio, lo terminarán pagando los sectores de menos ingresos, siendo que la inflación es el impuesto más regresivo.
Los Kirchner están desesperados por caja. Carecen del apoyo de la población. Tiene el mismo nivel de confianza que tenía De la Rúa en noviembre de 2001. Por eso, nada tienen que perder si redoblan la apuesta en su avasallamiento de las instituciones, porque primero están sus objetivos políticos, siendo el bienestar de la población y la prosperidad del país algo totalmente secundario en sus ambiciones autocráticas. Y si para ello tienen que generar una estampida inflacionaria dejándole el problema al próximo gobierno, lo harán sin piedad.
Delirante: lo quieren echar por cumplir con la ley
Roberto Cachanosky
Resulta realmente delirante la conflictiva situación entre el presidente del BCRA y la presidenta Cristina Fernández. La esposa de Néstor Kirchner le pide la renuncia a Martín Redrado porque no quiere entregarle los U$S 6500 millones de reservas para que el matrimonio los dilapide. Pero la razón de fondo no es que Redrado pueda estar preocupado porque dilapiden las reservas, dado que ya han dilapidado bastantes recursos y nunca se lo escuchó hacer mención del tema. Lo delirante es que una de las pocas causas por las cuales los integrantes del directorio del BCRA podrían ser removidos sería por incumplimiento de la Carta Orgánica de dicha institución, recordando que dicha Carta Orgánica es una ley de la Nación.
Ahora bien, Martín Redrado no puede entregarle las reservas excedentes que inventó el Gobierno porque: a) no existen tales reservas excedentes y b) la Carta Orgánica del BCRA (una ley nacional) dice textualmente que "En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional".
Es decir, Cristina Kirchner quiere la renuncia de Redrado porque el presidente del BCRA quiere cumplir con la ley. Claro, la ley en el sentido de una democracia republicana como la que entendemos y queremos vivir la mayoría de los argentinos. En el caso de los Kirchner la ley son sus caprichos, arrebatos y avasallamiento de las instituciones. El matrimonio es una verdadera cuadrilla de demolición de las instituciones.
En su profunda ignorancia en temas económicos, el senador Pichetto sostuvo que el BCRA no puede ser independiente del poder Ejecutivo como ocurrió en los 90. Claro, Pichetto se olvida que cuando el BCRA dejó de ser independiente logró el récord de destruir el peso moneda nacional, el peso ley 18.188, el peso argentino, el austral y éste que está en terapia intensiva. Cuando el BCRA pasó a depender de los caprichos del gobierno de turno, tuvimos inflación, megainflación e hiperinflación.
Justamente por eso se equivoca Aníbal Fernández cuando dice que las reservas no las juntó Redrado, sino que las juntó el Gobierno con políticas económicas pensadas por Néstor Kirchner y después ratificadas por Cristina Fernández. La verdad es que tampoco es para darle el premio Nobel de Economía a Kirchner, ni quedó en coma cuatro por pensar, como dice Fernández, las políticas económicas, dado que lo único que hizo Redrado fue emitir moneda a una tasa descomunal para sostener el tipo de cambio en el nivel que deseaba Kirchner. En todo caso, las políticas pensadas por Kirchner para juntar reservas fueron las que generaron el fenomenal proceso inflacionario que estamos viviendo, con la consecuente caída del ingreso real, la pobreza y la indigencia. Y tampoco puede hablarse de una genialidad de Kirchner el haber tratado de esconder los nefastos resultados de esa política inflacionaria con controles de precios, prohibiciones de exportación y la destrucción del Indec.
De la misma manera, tampoco es una genialidad de Martín Redrado mostrar reservas que no existen. Poner en ellas los encajes en dólares que las entidades tienen que constituir en el BCRA por sus depósitos en dólares, contrarrestar parte de la emisión monetaria para comprar reservas con Lebacs, Nobacs y pases pasivos no es otra cosa que comprar reservas contra deuda. No informar la deuda con el Banco de Basilea ni las ventas a futuro son estrategias tipo Moreno que no contribuyen en nada a la transparencia de información que debería ser de público conocimiento.
Ahora bien, ¿cuál es el conflicto de fondo? Por un lado los Kirchner están desesperados por caja. Llevaron el gasto público hasta niveles récord en cantidad y pésima calidad. Ese nivel de gasto hoy es infinanciable a pesar de la estatización de las AFJP y nuestros ahorros, de la formidable carga tributaria que soportamos y del invento de las transferencias de utilidades del BCRA al tesoro por diferencias de cambio. Lo que necesitan los Kirchner es más plata y por eso quieren ir por las reservas.
Por otro lado, Martín Redrado se encuentra en una situación complicada porque si obedece a los Kirchner estaría violando la ley. Primero por no ser independiente del poder político, segundo porque no existen las reservas excedentes y tercero porque las reservas no podrían destinarse a gastos corrientes como pretende el matrimonio. Es decir, estaría violando la ley, por lo menos, en tres aspectos, con el riesgo adicional de que si Redrado transfiere reservas para financiar gastos corrientes los hold outs tendrían todas las razones jurídicas para pedir el embargo de las reservas.
Bajo el sistema monetario como el que tenemos y que rige en buena parte del mundo, el respaldo del papel moneda ya no lo otorgan las reservas en oro, sino la calidad de las instituciones jurídicas, políticas y económicas. Algo que los Kirchner, como decía antes, sistemáticamente se encargaron de demoler. Pregunta: ¿qué calidad de respaldo institucional tendría el peso con los Kirchner?
Es obvio que el matrimonio va avanzando constantemente sobre todo lo que puede. Destruyó al sector ganadero con tal de tener, por un tiempo, carne barata. Hizo lo mismo con los lácteos. Aniquiló el escaso mercado de capitales que generaban nuestros ahorros en las AFJP. Quiso esquilmar al sector agrícola con la 125 y ahora van por las reservas del BCRA. El próximo paso será confiscar ahorros, ordenarle a otro presidente del BCRA que emita moneda para financiar al tesoro o la medida más insólita que uno pueda imaginar.
En síntesis, no sorprende que los Kirchner se enojen con Redrado por no querer entregarle las reservas del Central. Es solo una mancha más en el aniquilamiento de las instituciones. En caso de lograr su objetivo, solo cabe esperar otro destrozo monetario e inflacionario que, como es obvio, lo terminarán pagando los sectores de menos ingresos, siendo que la inflación es el impuesto más regresivo.
Los Kirchner están desesperados por caja. Carecen del apoyo de la población. Tiene el mismo nivel de confianza que tenía De la Rúa en noviembre de 2001. Por eso, nada tienen que perder si redoblan la apuesta en su avasallamiento de las instituciones, porque primero están sus objetivos políticos, siendo el bienestar de la población y la prosperidad del país algo totalmente secundario en sus ambiciones autocráticas. Y si para ello tienen que generar una estampida inflacionaria dejándole el problema al próximo gobierno, lo harán sin piedad.
30 dic 2009
LA NACIÓN, 30/12/09
Editorial I
Consagración de la impunidad
Un fiscal que por tercera vez permite que los Kirchner permanezcan impunes no debería seguir en su puesto
Son tres las escandalosas vergüenzas que jalonan el caso del presunto enriquecimiento del matrimonio Kirchner durante el año pasado.
La primera es el enorme y veloz incremento patrimonial de 28 millones de pesos que traslucen las declaraciones juradas de 2008.
La segunda, el no menos veloz sobreseimiento con el que el juez federal Norberto Oyarbide benefició a Néstor y Cristina Kirchner sin investigar el origen y las características del enriquecimiento, y basándose exclusivamente en un peritaje de dos peritos contables de la Corte Suprema, uno de ellos muy criticado.
La tercera vergüenza la protagonizó el fiscal federal Eduardo Taiano al no apelar el sobreseimiento permitiendo, así, que el fallo quede firme y no pueda ser revisado.
Si la actitud de Oyarbide mereció justificados cuestionamientos y un pedido de juicio político -hace años que en su juzgado y en otros hay causas similares contra ex funcionarios de Carlos Menem-, la del fiscal Taiano es tanto o más grave, pues su pasividad es la que clausuró definitivamente toda posibilidad de una futura ampliación de la investigación.
En cuanto a la no apelación por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), ni siquiera vale la pena extenderse sobre ella. Desde la renuncia de su anterior titular Manuel Garrido, quien al abandonar el puesto dirigió graves acusaciones al procurador general de la Nación y jefe de todos los fiscales, Esteban Righi, la FIA ha caído en la intrascendencia y nada cabía esperar del sucesor de Garrido, Guillermo Noailles. Constitucionalistas de la talla de Daniel Sabsay hablaron del incumplimiento de sus deberes por parte de Taiano y de Noailles.
Había elementos para apelar, pues la declaración jurada presidencial encerraría transgresiones punibles. El alquiler de un hotel de El Calafate a un importante contratista de obra pública nacional entraña un conflicto de intereses para el matrimonio presidencial, para no hablar de sus montos absurdamente altos e injustificados.
Otro elemento es el de los intereses ganados por depósitos bancarios a plazo fijo en pesos y en dólares, con tasas que exceden más que holgadamente las del mercado. El tercer elemento es el de la venta de un terreno por 6.300.000 pesos, cuando dos años atrás se había pagado por él sólo 132.079 pesos en una compra personal y directa al municipio de Calafate. Surge una renta extraordinaria que supone el uso de una posición de poder para acceder a una propiedad fiscal a precios inferiores a los habituales.
Decíamos que probablemente la actitud de Taiano sea la más grave, y lo es porque, además, es la tercera vez que este fiscal favorece la impunidad de los Kirchner.
Taiano no apeló el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito en la causa que investigaba el juez Julián Ercolini, que comprendía el período de 1995 a 2004 y fue cerrada en 2005. En el expediente en el que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral analizaba la variación patrimonial de los Kirchner entre 2005 y 2007, Taiano fue quien pidió que se desestimara la denuncia por inexistencia del delito.
Es un deber de los fiscales apelar una sentencia endeble o poco exhaustiva, y lo es que, previamente, impulsen la investigación.
En los tribunales federales de Comodoro Py se ha barajado la posibilidad de que la complicidad de Taiano obedezca a una presunta amenaza dirigida contra un hijo suyo. De ser cierto, Taiano debería haber efectuado la denuncia y, de persistir su temor -comprensible desde todo punto de vista- debería haberse apartado de su fiscalía pidiendo el traslado a otra menos expuesta.
Sin embargo, su permanencia en el cargo, al igual que su reiterada inacción en beneficio de la Presidenta y su marido, permiten sospechar que no hay atenuantes para su actitud.
La impunidad ha quedado consagrada y Taiano no debería seguir siendo fiscal.
Editorial I
Consagración de la impunidad
Un fiscal que por tercera vez permite que los Kirchner permanezcan impunes no debería seguir en su puesto
Son tres las escandalosas vergüenzas que jalonan el caso del presunto enriquecimiento del matrimonio Kirchner durante el año pasado.
La primera es el enorme y veloz incremento patrimonial de 28 millones de pesos que traslucen las declaraciones juradas de 2008.
La segunda, el no menos veloz sobreseimiento con el que el juez federal Norberto Oyarbide benefició a Néstor y Cristina Kirchner sin investigar el origen y las características del enriquecimiento, y basándose exclusivamente en un peritaje de dos peritos contables de la Corte Suprema, uno de ellos muy criticado.
La tercera vergüenza la protagonizó el fiscal federal Eduardo Taiano al no apelar el sobreseimiento permitiendo, así, que el fallo quede firme y no pueda ser revisado.
Si la actitud de Oyarbide mereció justificados cuestionamientos y un pedido de juicio político -hace años que en su juzgado y en otros hay causas similares contra ex funcionarios de Carlos Menem-, la del fiscal Taiano es tanto o más grave, pues su pasividad es la que clausuró definitivamente toda posibilidad de una futura ampliación de la investigación.
En cuanto a la no apelación por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), ni siquiera vale la pena extenderse sobre ella. Desde la renuncia de su anterior titular Manuel Garrido, quien al abandonar el puesto dirigió graves acusaciones al procurador general de la Nación y jefe de todos los fiscales, Esteban Righi, la FIA ha caído en la intrascendencia y nada cabía esperar del sucesor de Garrido, Guillermo Noailles. Constitucionalistas de la talla de Daniel Sabsay hablaron del incumplimiento de sus deberes por parte de Taiano y de Noailles.
Había elementos para apelar, pues la declaración jurada presidencial encerraría transgresiones punibles. El alquiler de un hotel de El Calafate a un importante contratista de obra pública nacional entraña un conflicto de intereses para el matrimonio presidencial, para no hablar de sus montos absurdamente altos e injustificados.
Otro elemento es el de los intereses ganados por depósitos bancarios a plazo fijo en pesos y en dólares, con tasas que exceden más que holgadamente las del mercado. El tercer elemento es el de la venta de un terreno por 6.300.000 pesos, cuando dos años atrás se había pagado por él sólo 132.079 pesos en una compra personal y directa al municipio de Calafate. Surge una renta extraordinaria que supone el uso de una posición de poder para acceder a una propiedad fiscal a precios inferiores a los habituales.
Decíamos que probablemente la actitud de Taiano sea la más grave, y lo es porque, además, es la tercera vez que este fiscal favorece la impunidad de los Kirchner.
Taiano no apeló el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito en la causa que investigaba el juez Julián Ercolini, que comprendía el período de 1995 a 2004 y fue cerrada en 2005. En el expediente en el que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral analizaba la variación patrimonial de los Kirchner entre 2005 y 2007, Taiano fue quien pidió que se desestimara la denuncia por inexistencia del delito.
Es un deber de los fiscales apelar una sentencia endeble o poco exhaustiva, y lo es que, previamente, impulsen la investigación.
En los tribunales federales de Comodoro Py se ha barajado la posibilidad de que la complicidad de Taiano obedezca a una presunta amenaza dirigida contra un hijo suyo. De ser cierto, Taiano debería haber efectuado la denuncia y, de persistir su temor -comprensible desde todo punto de vista- debería haberse apartado de su fiscalía pidiendo el traslado a otra menos expuesta.
Sin embargo, su permanencia en el cargo, al igual que su reiterada inacción en beneficio de la Presidenta y su marido, permiten sospechar que no hay atenuantes para su actitud.
La impunidad ha quedado consagrada y Taiano no debería seguir siendo fiscal.
26 dic 2009
LA NACIÓN 26/12/09
Editorial I
La insultante defensa de un atropello
La embestida de Kirchner contra la prensa transparenta su deseo de destruir al otro antes que de construir algo mejor
De un ex presidente de la Nación, todo ciudadano de bien esperaría un discurso mesurado, capaz de sacar al pueblo del letargo de las antinomias que tanto daño le han hecho al país. No es el caso de Néstor Kirchner, quien tras los fallos judiciales que convalidaron el rechazo a la controvertida ley de medios, insistió en acusar a "algunos empresarios" de desestabilizadores y señaló enfáticamente al Grupo Clarín y a sus directivos.
Visto desde esa óptica sesgada, reducida a una disputa por una cuota de poder, aquel que, sea poderoso o no, se ve afectado por una norma y obtiene de la Justicia un fallo favorable, parecería convertirse en una suerte de réprobo que merece la condena del pueblo argentino. Es peligroso tomar al pie de la letra ese mensaje en una república que, se supone, respeta la división de poderes y en la que, se supone también, ninguno de ellos está sujeto a la altanería de una persona en particular, por caudillo o jefe que se crea.
De Kirchner y de su mujer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más allá de la difusa línea entre el poder real y el virtual, la gente espera la estatura suficiente para honrar la cultura cívica en lugar de tildar a un medio de comunicación, esencial para la vida democrática, de enemigo. Se alienta desde la cúspide del poder político una andanada de insultos y falacias en la cual alguien que se caracteriza por ser crispado acusa al otro de serlo, porque "basta ver las cosas que están escribiendo en sus medios", y alguien que siempre quiso manipular la opinión pública a su antojo acusa al otro de "ser cobarde y antidemocrático" por idéntica causa.
No es novedosa esta embestida de Kirchner contra los medios de comunicación ni contra los periodistas en general. Lamentablemente, lleva ya unos cuantos años y, por ello, es curioso, al menos, que no se haya dado cuenta del daño que provoca con un mensaje tan venenoso con el cual parece empeñado en liquidar un pleito personal. De ser cierto aquello que dice, en un país tan permisivo que lleva dos años engañado con las estadísticas del Indec y bastante más con promesas de obras no hechas, tampoco es el tono apropiado para exponerlo. Exabruptos de esa naturaleza le quitan toda seriedad a la llamada ley de medios.
Desde el 28 de junio, tras una derrota que la Presidenta pretendió interpretar e inculcar como una victoria de su marido, los Kirchner viven más ensimismados que nunca. La suma del poder público, alcanzada con un manejo arbitrario de fondos públicos en campañas electorales, no debería ser utilizada en forma imprudente con un léxico rayano en los malos modales en el cual el otro es el culpable de todo y ellos son los salvadores del país. La mirada hacia el pasado con la mera comparación entre su traspié electoral y los golpes de Estado de 1955 y 1976 poco y nada deja de edificante cuando, en perspectiva, la gente no quiere retroceder, sino avanzar. Parece que este deseo no es fácil de entender en la cima del poder.
Hasta es difícil determinar si, en realidad, es más importante la ley de medios o el encono de los Kirchner con la prensa y otros sectores de la sociedad que, de repente, son tachados de enemigos y golpistas.
Es irresponsable comparar a la Argentina de hoy con la que precedió a la última dictadura militar. Todos hemos aprendido la lección. Nadie estaría dispuesto a tolerar una interrupción del sistema democrático ni un gobierno que no sea el elegido por el pueblo.
Si los países exitosos superaron horrores de dimensiones planetarias, como el Holocausto, guerras civiles y bombas atómicas, ¿qué nos impide a los argentinos establecer pautas de convivencia superadoras? Regodearse con una ley por su aspecto negativo, como si sólo se tratara de destruir al otro en vez de construir algo mejor, refleja la verdadera intención de sus autores y, a su vez, nos pone en autos de que no se puede vivir endilgándole al otro toda la responsabilidad sobre el país que no pudo ser y que, de este modo, tampoco será (a pesar de que últimamente la sociedad da cada vez más señales de que sí quiere volver a serlo).
Será, en todo caso, un país que no ha cambiado en más de medio siglo, cuyo poder se mide en votos y cuyas leyes, al menos las más polémicas, deben ser avasallantes, casi humillantes, para ser efectivas. En la batalla que nos proponen los Kirchner, quizás ellos crean que son los ganadores, pero el gran perdedor es el país por medir su progreso en ver quién aplasta a quién hasta que, como si fuera una bomba de tiempo, no queden más que odios y divisiones.
Editorial I
La insultante defensa de un atropello
La embestida de Kirchner contra la prensa transparenta su deseo de destruir al otro antes que de construir algo mejor
De un ex presidente de la Nación, todo ciudadano de bien esperaría un discurso mesurado, capaz de sacar al pueblo del letargo de las antinomias que tanto daño le han hecho al país. No es el caso de Néstor Kirchner, quien tras los fallos judiciales que convalidaron el rechazo a la controvertida ley de medios, insistió en acusar a "algunos empresarios" de desestabilizadores y señaló enfáticamente al Grupo Clarín y a sus directivos.
Visto desde esa óptica sesgada, reducida a una disputa por una cuota de poder, aquel que, sea poderoso o no, se ve afectado por una norma y obtiene de la Justicia un fallo favorable, parecería convertirse en una suerte de réprobo que merece la condena del pueblo argentino. Es peligroso tomar al pie de la letra ese mensaje en una república que, se supone, respeta la división de poderes y en la que, se supone también, ninguno de ellos está sujeto a la altanería de una persona en particular, por caudillo o jefe que se crea.
De Kirchner y de su mujer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más allá de la difusa línea entre el poder real y el virtual, la gente espera la estatura suficiente para honrar la cultura cívica en lugar de tildar a un medio de comunicación, esencial para la vida democrática, de enemigo. Se alienta desde la cúspide del poder político una andanada de insultos y falacias en la cual alguien que se caracteriza por ser crispado acusa al otro de serlo, porque "basta ver las cosas que están escribiendo en sus medios", y alguien que siempre quiso manipular la opinión pública a su antojo acusa al otro de "ser cobarde y antidemocrático" por idéntica causa.
No es novedosa esta embestida de Kirchner contra los medios de comunicación ni contra los periodistas en general. Lamentablemente, lleva ya unos cuantos años y, por ello, es curioso, al menos, que no se haya dado cuenta del daño que provoca con un mensaje tan venenoso con el cual parece empeñado en liquidar un pleito personal. De ser cierto aquello que dice, en un país tan permisivo que lleva dos años engañado con las estadísticas del Indec y bastante más con promesas de obras no hechas, tampoco es el tono apropiado para exponerlo. Exabruptos de esa naturaleza le quitan toda seriedad a la llamada ley de medios.
Desde el 28 de junio, tras una derrota que la Presidenta pretendió interpretar e inculcar como una victoria de su marido, los Kirchner viven más ensimismados que nunca. La suma del poder público, alcanzada con un manejo arbitrario de fondos públicos en campañas electorales, no debería ser utilizada en forma imprudente con un léxico rayano en los malos modales en el cual el otro es el culpable de todo y ellos son los salvadores del país. La mirada hacia el pasado con la mera comparación entre su traspié electoral y los golpes de Estado de 1955 y 1976 poco y nada deja de edificante cuando, en perspectiva, la gente no quiere retroceder, sino avanzar. Parece que este deseo no es fácil de entender en la cima del poder.
Hasta es difícil determinar si, en realidad, es más importante la ley de medios o el encono de los Kirchner con la prensa y otros sectores de la sociedad que, de repente, son tachados de enemigos y golpistas.
Es irresponsable comparar a la Argentina de hoy con la que precedió a la última dictadura militar. Todos hemos aprendido la lección. Nadie estaría dispuesto a tolerar una interrupción del sistema democrático ni un gobierno que no sea el elegido por el pueblo.
Si los países exitosos superaron horrores de dimensiones planetarias, como el Holocausto, guerras civiles y bombas atómicas, ¿qué nos impide a los argentinos establecer pautas de convivencia superadoras? Regodearse con una ley por su aspecto negativo, como si sólo se tratara de destruir al otro en vez de construir algo mejor, refleja la verdadera intención de sus autores y, a su vez, nos pone en autos de que no se puede vivir endilgándole al otro toda la responsabilidad sobre el país que no pudo ser y que, de este modo, tampoco será (a pesar de que últimamente la sociedad da cada vez más señales de que sí quiere volver a serlo).
Será, en todo caso, un país que no ha cambiado en más de medio siglo, cuyo poder se mide en votos y cuyas leyes, al menos las más polémicas, deben ser avasallantes, casi humillantes, para ser efectivas. En la batalla que nos proponen los Kirchner, quizás ellos crean que son los ganadores, pero el gran perdedor es el país por medir su progreso en ver quién aplasta a quién hasta que, como si fuera una bomba de tiempo, no queden más que odios y divisiones.
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