LA NACIÓN, 30/12/09
Editorial I
Consagración de la impunidad
Un fiscal que por tercera vez permite que los Kirchner permanezcan impunes no debería seguir en su puesto
Son tres las escandalosas vergüenzas que jalonan el caso del presunto enriquecimiento del matrimonio Kirchner durante el año pasado.
La primera es el enorme y veloz incremento patrimonial de 28 millones de pesos que traslucen las declaraciones juradas de 2008.
La segunda, el no menos veloz sobreseimiento con el que el juez federal Norberto Oyarbide benefició a Néstor y Cristina Kirchner sin investigar el origen y las características del enriquecimiento, y basándose exclusivamente en un peritaje de dos peritos contables de la Corte Suprema, uno de ellos muy criticado.
La tercera vergüenza la protagonizó el fiscal federal Eduardo Taiano al no apelar el sobreseimiento permitiendo, así, que el fallo quede firme y no pueda ser revisado.
Si la actitud de Oyarbide mereció justificados cuestionamientos y un pedido de juicio político -hace años que en su juzgado y en otros hay causas similares contra ex funcionarios de Carlos Menem-, la del fiscal Taiano es tanto o más grave, pues su pasividad es la que clausuró definitivamente toda posibilidad de una futura ampliación de la investigación.
En cuanto a la no apelación por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), ni siquiera vale la pena extenderse sobre ella. Desde la renuncia de su anterior titular Manuel Garrido, quien al abandonar el puesto dirigió graves acusaciones al procurador general de la Nación y jefe de todos los fiscales, Esteban Righi, la FIA ha caído en la intrascendencia y nada cabía esperar del sucesor de Garrido, Guillermo Noailles. Constitucionalistas de la talla de Daniel Sabsay hablaron del incumplimiento de sus deberes por parte de Taiano y de Noailles.
Había elementos para apelar, pues la declaración jurada presidencial encerraría transgresiones punibles. El alquiler de un hotel de El Calafate a un importante contratista de obra pública nacional entraña un conflicto de intereses para el matrimonio presidencial, para no hablar de sus montos absurdamente altos e injustificados.
Otro elemento es el de los intereses ganados por depósitos bancarios a plazo fijo en pesos y en dólares, con tasas que exceden más que holgadamente las del mercado. El tercer elemento es el de la venta de un terreno por 6.300.000 pesos, cuando dos años atrás se había pagado por él sólo 132.079 pesos en una compra personal y directa al municipio de Calafate. Surge una renta extraordinaria que supone el uso de una posición de poder para acceder a una propiedad fiscal a precios inferiores a los habituales.
Decíamos que probablemente la actitud de Taiano sea la más grave, y lo es porque, además, es la tercera vez que este fiscal favorece la impunidad de los Kirchner.
Taiano no apeló el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito en la causa que investigaba el juez Julián Ercolini, que comprendía el período de 1995 a 2004 y fue cerrada en 2005. En el expediente en el que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral analizaba la variación patrimonial de los Kirchner entre 2005 y 2007, Taiano fue quien pidió que se desestimara la denuncia por inexistencia del delito.
Es un deber de los fiscales apelar una sentencia endeble o poco exhaustiva, y lo es que, previamente, impulsen la investigación.
En los tribunales federales de Comodoro Py se ha barajado la posibilidad de que la complicidad de Taiano obedezca a una presunta amenaza dirigida contra un hijo suyo. De ser cierto, Taiano debería haber efectuado la denuncia y, de persistir su temor -comprensible desde todo punto de vista- debería haberse apartado de su fiscalía pidiendo el traslado a otra menos expuesta.
Sin embargo, su permanencia en el cargo, al igual que su reiterada inacción en beneficio de la Presidenta y su marido, permiten sospechar que no hay atenuantes para su actitud.
La impunidad ha quedado consagrada y Taiano no debería seguir siendo fiscal.
26 dic 2009
LA NACIÓN 26/12/09
Editorial I
La insultante defensa de un atropello
La embestida de Kirchner contra la prensa transparenta su deseo de destruir al otro antes que de construir algo mejor
De un ex presidente de la Nación, todo ciudadano de bien esperaría un discurso mesurado, capaz de sacar al pueblo del letargo de las antinomias que tanto daño le han hecho al país. No es el caso de Néstor Kirchner, quien tras los fallos judiciales que convalidaron el rechazo a la controvertida ley de medios, insistió en acusar a "algunos empresarios" de desestabilizadores y señaló enfáticamente al Grupo Clarín y a sus directivos.
Visto desde esa óptica sesgada, reducida a una disputa por una cuota de poder, aquel que, sea poderoso o no, se ve afectado por una norma y obtiene de la Justicia un fallo favorable, parecería convertirse en una suerte de réprobo que merece la condena del pueblo argentino. Es peligroso tomar al pie de la letra ese mensaje en una república que, se supone, respeta la división de poderes y en la que, se supone también, ninguno de ellos está sujeto a la altanería de una persona en particular, por caudillo o jefe que se crea.
De Kirchner y de su mujer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más allá de la difusa línea entre el poder real y el virtual, la gente espera la estatura suficiente para honrar la cultura cívica en lugar de tildar a un medio de comunicación, esencial para la vida democrática, de enemigo. Se alienta desde la cúspide del poder político una andanada de insultos y falacias en la cual alguien que se caracteriza por ser crispado acusa al otro de serlo, porque "basta ver las cosas que están escribiendo en sus medios", y alguien que siempre quiso manipular la opinión pública a su antojo acusa al otro de "ser cobarde y antidemocrático" por idéntica causa.
No es novedosa esta embestida de Kirchner contra los medios de comunicación ni contra los periodistas en general. Lamentablemente, lleva ya unos cuantos años y, por ello, es curioso, al menos, que no se haya dado cuenta del daño que provoca con un mensaje tan venenoso con el cual parece empeñado en liquidar un pleito personal. De ser cierto aquello que dice, en un país tan permisivo que lleva dos años engañado con las estadísticas del Indec y bastante más con promesas de obras no hechas, tampoco es el tono apropiado para exponerlo. Exabruptos de esa naturaleza le quitan toda seriedad a la llamada ley de medios.
Desde el 28 de junio, tras una derrota que la Presidenta pretendió interpretar e inculcar como una victoria de su marido, los Kirchner viven más ensimismados que nunca. La suma del poder público, alcanzada con un manejo arbitrario de fondos públicos en campañas electorales, no debería ser utilizada en forma imprudente con un léxico rayano en los malos modales en el cual el otro es el culpable de todo y ellos son los salvadores del país. La mirada hacia el pasado con la mera comparación entre su traspié electoral y los golpes de Estado de 1955 y 1976 poco y nada deja de edificante cuando, en perspectiva, la gente no quiere retroceder, sino avanzar. Parece que este deseo no es fácil de entender en la cima del poder.
Hasta es difícil determinar si, en realidad, es más importante la ley de medios o el encono de los Kirchner con la prensa y otros sectores de la sociedad que, de repente, son tachados de enemigos y golpistas.
Es irresponsable comparar a la Argentina de hoy con la que precedió a la última dictadura militar. Todos hemos aprendido la lección. Nadie estaría dispuesto a tolerar una interrupción del sistema democrático ni un gobierno que no sea el elegido por el pueblo.
Si los países exitosos superaron horrores de dimensiones planetarias, como el Holocausto, guerras civiles y bombas atómicas, ¿qué nos impide a los argentinos establecer pautas de convivencia superadoras? Regodearse con una ley por su aspecto negativo, como si sólo se tratara de destruir al otro en vez de construir algo mejor, refleja la verdadera intención de sus autores y, a su vez, nos pone en autos de que no se puede vivir endilgándole al otro toda la responsabilidad sobre el país que no pudo ser y que, de este modo, tampoco será (a pesar de que últimamente la sociedad da cada vez más señales de que sí quiere volver a serlo).
Será, en todo caso, un país que no ha cambiado en más de medio siglo, cuyo poder se mide en votos y cuyas leyes, al menos las más polémicas, deben ser avasallantes, casi humillantes, para ser efectivas. En la batalla que nos proponen los Kirchner, quizás ellos crean que son los ganadores, pero el gran perdedor es el país por medir su progreso en ver quién aplasta a quién hasta que, como si fuera una bomba de tiempo, no queden más que odios y divisiones.
Editorial I
La insultante defensa de un atropello
La embestida de Kirchner contra la prensa transparenta su deseo de destruir al otro antes que de construir algo mejor
De un ex presidente de la Nación, todo ciudadano de bien esperaría un discurso mesurado, capaz de sacar al pueblo del letargo de las antinomias que tanto daño le han hecho al país. No es el caso de Néstor Kirchner, quien tras los fallos judiciales que convalidaron el rechazo a la controvertida ley de medios, insistió en acusar a "algunos empresarios" de desestabilizadores y señaló enfáticamente al Grupo Clarín y a sus directivos.
Visto desde esa óptica sesgada, reducida a una disputa por una cuota de poder, aquel que, sea poderoso o no, se ve afectado por una norma y obtiene de la Justicia un fallo favorable, parecería convertirse en una suerte de réprobo que merece la condena del pueblo argentino. Es peligroso tomar al pie de la letra ese mensaje en una república que, se supone, respeta la división de poderes y en la que, se supone también, ninguno de ellos está sujeto a la altanería de una persona en particular, por caudillo o jefe que se crea.
De Kirchner y de su mujer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más allá de la difusa línea entre el poder real y el virtual, la gente espera la estatura suficiente para honrar la cultura cívica en lugar de tildar a un medio de comunicación, esencial para la vida democrática, de enemigo. Se alienta desde la cúspide del poder político una andanada de insultos y falacias en la cual alguien que se caracteriza por ser crispado acusa al otro de serlo, porque "basta ver las cosas que están escribiendo en sus medios", y alguien que siempre quiso manipular la opinión pública a su antojo acusa al otro de "ser cobarde y antidemocrático" por idéntica causa.
No es novedosa esta embestida de Kirchner contra los medios de comunicación ni contra los periodistas en general. Lamentablemente, lleva ya unos cuantos años y, por ello, es curioso, al menos, que no se haya dado cuenta del daño que provoca con un mensaje tan venenoso con el cual parece empeñado en liquidar un pleito personal. De ser cierto aquello que dice, en un país tan permisivo que lleva dos años engañado con las estadísticas del Indec y bastante más con promesas de obras no hechas, tampoco es el tono apropiado para exponerlo. Exabruptos de esa naturaleza le quitan toda seriedad a la llamada ley de medios.
Desde el 28 de junio, tras una derrota que la Presidenta pretendió interpretar e inculcar como una victoria de su marido, los Kirchner viven más ensimismados que nunca. La suma del poder público, alcanzada con un manejo arbitrario de fondos públicos en campañas electorales, no debería ser utilizada en forma imprudente con un léxico rayano en los malos modales en el cual el otro es el culpable de todo y ellos son los salvadores del país. La mirada hacia el pasado con la mera comparación entre su traspié electoral y los golpes de Estado de 1955 y 1976 poco y nada deja de edificante cuando, en perspectiva, la gente no quiere retroceder, sino avanzar. Parece que este deseo no es fácil de entender en la cima del poder.
Hasta es difícil determinar si, en realidad, es más importante la ley de medios o el encono de los Kirchner con la prensa y otros sectores de la sociedad que, de repente, son tachados de enemigos y golpistas.
Es irresponsable comparar a la Argentina de hoy con la que precedió a la última dictadura militar. Todos hemos aprendido la lección. Nadie estaría dispuesto a tolerar una interrupción del sistema democrático ni un gobierno que no sea el elegido por el pueblo.
Si los países exitosos superaron horrores de dimensiones planetarias, como el Holocausto, guerras civiles y bombas atómicas, ¿qué nos impide a los argentinos establecer pautas de convivencia superadoras? Regodearse con una ley por su aspecto negativo, como si sólo se tratara de destruir al otro en vez de construir algo mejor, refleja la verdadera intención de sus autores y, a su vez, nos pone en autos de que no se puede vivir endilgándole al otro toda la responsabilidad sobre el país que no pudo ser y que, de este modo, tampoco será (a pesar de que últimamente la sociedad da cada vez más señales de que sí quiere volver a serlo).
Será, en todo caso, un país que no ha cambiado en más de medio siglo, cuyo poder se mide en votos y cuyas leyes, al menos las más polémicas, deben ser avasallantes, casi humillantes, para ser efectivas. En la batalla que nos proponen los Kirchner, quizás ellos crean que son los ganadores, pero el gran perdedor es el país por medir su progreso en ver quién aplasta a quién hasta que, como si fuera una bomba de tiempo, no queden más que odios y divisiones.
LA NACIÓN, 26/12/09
UN MERCOSUR CON VENEZUELA
Julio María Sanguinetti
Finalmente, el Senado brasileño dio su aprobación al ingreso de Venezuela en el Mercosur, después de tres años de idas y venidas, en los que una mayoría muy hostil retuvo la decisión. La mayoría logró ahora culminar con el proceso de adhesión, al que sólo le resta la aprobación de Paraguay, donde, por el momento, la actitud parlamentaria es negativa.
El episodio es relevante. Cambia los equilibrios internos del Mercosur, su imagen hacia el exterior y hasta su estilo. Esto resulta es particularmente grave en el contexto de un Mercosur estancado, que no avanza en las coordinaciones macroeconómicas.
Dentro del actual Mercosur, la Argentina y Brasil viven en un clima de represalias comerciales recíprocas y Uruguay sufre el insólito cierre de un puente internacional sobre el río Uruguay desde hace tres años, aun contra la decisión de los tribunales regionales.
Ante todo, cabría preguntarse si es compatible la economía venezolana con los acuerdos del Mercosur, cuya esencia es la libertad comercial, la "libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países", como reza el artículo primero del tratado constitutivo.
Es obvio que este sistema no puede funcionar con un país que fija cupos de importación, certificados previos y autorizaciones caso por caso para comprar la moneda extranjera correspondiente a una importación.
El Mercosur, además, como toda zona de libre comercio, tiene un arancel externo común, que regula las importaciones desde fuera del área y del cual ni se ha hablado. Incongruencias, todas ellas, que aparecen como la natural consecuencia de que el Mercosur es un acuerdo entre países de economía de mercado y, notoriamente, el comandante Chávez está construyendo el socialismo del siglo XXI sobre la base de una economía ampliamente intervenida por el Estado.
Nadie ha negociado nada, y alegremente marchamos adelante sin saber bien adónde y para qué. O sea que Venezuela no podrá cumplir con la libertad comercial del Mercosur y nada les ofrecerá de nuevo a sus restantes socios.
No olvidemos tampoco que México solicitó su incorporación hace muchos años, sin que nadie le haya respondido. Como es lógico, lo hizo cuando el Mercosur dejó de ser sureño y emprendió este proyecto por el hemisferio norte de América del Sur.
Si esto ocurre en lo económico, mucho peor resulta el tema en el ámbito político. Para empezar, el Protocolo de Ushuaia exige a los socios "la plena vigencia de las instituciones democráticas". ¿Puede afirmarse esto de un país en el que se cancela la principal cadena de televisión y en el que se prohíbe la participación de centenares de candidatos a cargos parlamentarios? ¿No habría razones, por lo menos, para esperar?
El gobierno venezolano, por otra parte, sigue una política exterior signada por un antiyanquismo militante, que no es la política de ninguno de los socios. Practica, además, un estilo que rompe con todos los códigos del derecho internacional.
El presidente Chávez se introduce en la política interna de los países, comenta sus actos, amenaza y hasta insulta, como lo hizo el otro día, en Copenhague, nada menos que al presidente de los Estados Unidos.
¿Es bueno, es saludable, introducir en una organización como la nuestra, de tan trabajosa andadura, los conflictos que genera esta verborragia improvisadora? ¿Qué le diremos a Colombia cuando salga con sus discursos y agresiones, antes o después de cada cumbre? ¿Nuestros gobiernos no se sienten incómodos, cuando es notorio que su aproximación a Venezuela se basa en una grosera diplomacia de chequera?
Ingresada en nuestro espacio sin que le hayamos exigido contrapartida alguna, Venezuela adquiere, además, un poder de veto sobre nuestras decisiones. Poco o nada se ha hablado de este tema, que pasa a ser central.
El Mercosur es un acuerdo de países del Cono Sur, vecinos y demócratas, realmente compatibles. ¿Cuál es la necesidad de incorporar a quien notoriamente está movido por otros intereses? Chávez quiere fortalecer el ALBA, o sea, el eje populista del continente, y arrastrar al Mercosur a su zona de influencia. Está en su derecho de intentarlo. Pero ello es contradictorio con la política de nuestros Estados, dificultará su inserción con otros espacios económicos y mostrará al mundo internacional el feo rostro de la peor América latina: la del autoritarismo, la de los gobernantes personalistas y exhibicionistas, la de la demagogia irresponsable.
Con superficialidad, se dice que una cosa es Venezuela y otra el gobierno actual. Por supuesto, una cosa es España y otra era Franco, pero si hoy siguiera gobernando el "Caudillo por la Gracia de Dios", la Madre Patria no estaría en la Unión Europea. Con la misma banalidad se dice que más vale tenerlo cerca que lejos, como si no pudiera manejarse esta relación como hasta hoy, sin añadir a nuestro acuerdo a quien transita por tan peligrosos caminos. Da la impresión de que hay gobernantes que les temen a sus insultos y visten eso con la presunta estrategia inteligente de no aislar a quien tiene acceso a todos los ámbitos de actuación. Pero él no tiene por qué ser socio de aquellos Estados que viven la democracia en su realidad.
Infortunadamente, como dijo días pasados O Globo , ahora "evitar el suicidio del Mercosur está en manos del Senado de Paraguay". No deberíamos haber llegado a ese punto.
© LA NACION
El autor fue dos veces presidente de la República Oriental del Uruguay.
UN MERCOSUR CON VENEZUELA
Julio María Sanguinetti
Finalmente, el Senado brasileño dio su aprobación al ingreso de Venezuela en el Mercosur, después de tres años de idas y venidas, en los que una mayoría muy hostil retuvo la decisión. La mayoría logró ahora culminar con el proceso de adhesión, al que sólo le resta la aprobación de Paraguay, donde, por el momento, la actitud parlamentaria es negativa.
El episodio es relevante. Cambia los equilibrios internos del Mercosur, su imagen hacia el exterior y hasta su estilo. Esto resulta es particularmente grave en el contexto de un Mercosur estancado, que no avanza en las coordinaciones macroeconómicas.
Dentro del actual Mercosur, la Argentina y Brasil viven en un clima de represalias comerciales recíprocas y Uruguay sufre el insólito cierre de un puente internacional sobre el río Uruguay desde hace tres años, aun contra la decisión de los tribunales regionales.
Ante todo, cabría preguntarse si es compatible la economía venezolana con los acuerdos del Mercosur, cuya esencia es la libertad comercial, la "libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países", como reza el artículo primero del tratado constitutivo.
Es obvio que este sistema no puede funcionar con un país que fija cupos de importación, certificados previos y autorizaciones caso por caso para comprar la moneda extranjera correspondiente a una importación.
El Mercosur, además, como toda zona de libre comercio, tiene un arancel externo común, que regula las importaciones desde fuera del área y del cual ni se ha hablado. Incongruencias, todas ellas, que aparecen como la natural consecuencia de que el Mercosur es un acuerdo entre países de economía de mercado y, notoriamente, el comandante Chávez está construyendo el socialismo del siglo XXI sobre la base de una economía ampliamente intervenida por el Estado.
Nadie ha negociado nada, y alegremente marchamos adelante sin saber bien adónde y para qué. O sea que Venezuela no podrá cumplir con la libertad comercial del Mercosur y nada les ofrecerá de nuevo a sus restantes socios.
No olvidemos tampoco que México solicitó su incorporación hace muchos años, sin que nadie le haya respondido. Como es lógico, lo hizo cuando el Mercosur dejó de ser sureño y emprendió este proyecto por el hemisferio norte de América del Sur.
Si esto ocurre en lo económico, mucho peor resulta el tema en el ámbito político. Para empezar, el Protocolo de Ushuaia exige a los socios "la plena vigencia de las instituciones democráticas". ¿Puede afirmarse esto de un país en el que se cancela la principal cadena de televisión y en el que se prohíbe la participación de centenares de candidatos a cargos parlamentarios? ¿No habría razones, por lo menos, para esperar?
El gobierno venezolano, por otra parte, sigue una política exterior signada por un antiyanquismo militante, que no es la política de ninguno de los socios. Practica, además, un estilo que rompe con todos los códigos del derecho internacional.
El presidente Chávez se introduce en la política interna de los países, comenta sus actos, amenaza y hasta insulta, como lo hizo el otro día, en Copenhague, nada menos que al presidente de los Estados Unidos.
¿Es bueno, es saludable, introducir en una organización como la nuestra, de tan trabajosa andadura, los conflictos que genera esta verborragia improvisadora? ¿Qué le diremos a Colombia cuando salga con sus discursos y agresiones, antes o después de cada cumbre? ¿Nuestros gobiernos no se sienten incómodos, cuando es notorio que su aproximación a Venezuela se basa en una grosera diplomacia de chequera?
Ingresada en nuestro espacio sin que le hayamos exigido contrapartida alguna, Venezuela adquiere, además, un poder de veto sobre nuestras decisiones. Poco o nada se ha hablado de este tema, que pasa a ser central.
El Mercosur es un acuerdo de países del Cono Sur, vecinos y demócratas, realmente compatibles. ¿Cuál es la necesidad de incorporar a quien notoriamente está movido por otros intereses? Chávez quiere fortalecer el ALBA, o sea, el eje populista del continente, y arrastrar al Mercosur a su zona de influencia. Está en su derecho de intentarlo. Pero ello es contradictorio con la política de nuestros Estados, dificultará su inserción con otros espacios económicos y mostrará al mundo internacional el feo rostro de la peor América latina: la del autoritarismo, la de los gobernantes personalistas y exhibicionistas, la de la demagogia irresponsable.
Con superficialidad, se dice que una cosa es Venezuela y otra el gobierno actual. Por supuesto, una cosa es España y otra era Franco, pero si hoy siguiera gobernando el "Caudillo por la Gracia de Dios", la Madre Patria no estaría en la Unión Europea. Con la misma banalidad se dice que más vale tenerlo cerca que lejos, como si no pudiera manejarse esta relación como hasta hoy, sin añadir a nuestro acuerdo a quien transita por tan peligrosos caminos. Da la impresión de que hay gobernantes que les temen a sus insultos y visten eso con la presunta estrategia inteligente de no aislar a quien tiene acceso a todos los ámbitos de actuación. Pero él no tiene por qué ser socio de aquellos Estados que viven la democracia en su realidad.
Infortunadamente, como dijo días pasados O Globo , ahora "evitar el suicidio del Mercosur está en manos del Senado de Paraguay". No deberíamos haber llegado a ese punto.
© LA NACION
El autor fue dos veces presidente de la República Oriental del Uruguay.
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