Editorial II
SUPERAR EL PASADO, MIRAR EL FUTURO
Apenas unos días después de la asunción de José Mujica como presidente uruguayo, se cumplieron 25 años de la ley de pacificación nacional, sancionada el 8 de marzo de 1985 en los inicios del gobierno de Julio María Sanguinetti. Aquella ley hizo posible la libertad de Mujica junto con la de su esposa y otros ex militantes de organizaciones armadas condenados a penas de prisión. Poco después, en diciembre de 1986, ese proceso se completó con la ley de caducidad, que declaró la renuncia a "la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto". Esta ley fue ratificada por un referéndum con el voto mayoritario de la ciudadanía el 16 de abril de 1989. A su vez, la Suprema Corte de Justicia declaró su constitucionalidad.
En años recientes, a través de nuevas interpretaciones de la justicia uruguaya, se iniciaron procesos por violación de los derechos humanos a militares y a los máximos responsables de la conducción de gobierno durante los años de la represión de las organizaciones armadas. En 2009, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, posibilitando el dictado de condenas y el inicio de nuevos procesos. Como consecuencia de ello están en prisión, entre otros, los ex presidentes Gregorio Alvarez y Juan María Bordaberry.
Junto a las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2009 se votó un plebiscito sobre la anulación de la ley de caducidad, que no alcanzó la mayoría necesaria. El pueblo uruguayo ratificó así, por segunda vez, su voluntad de dejar atrás las secuelas y juzgamientos de los hechos del pasado. Esta circunstancia y seguramente un espíritu de reconciliación que nace en la conciencia de culpas compartidas, es lo que debe haber movido al presidente Mujica, en sus primeros días de gestión, a realizar actos y declaraciones que expresan su voluntad de superar el pasado y mirar el futuro.
"Yo no quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años. Pero no sólo militares, ningún preso de esa edad", dijo Mujica. Una declaración de este calibre, e inmediatamente luego de haber asumido, no puede interpretarse como una mera preocupación humanitaria por la existencia de presos comunes de mucha edad. De la misma forma y como una invitación a la Justicia para que actúe, deben entenderse sus palabras en una conferencia de prensa: "(La idea) es no sustituir jamás a la Justicia, ni meterse a conseguir ninguna amnistía, sino darles una herramienta a los jueces. El Poder Ejecutivo jamás debe invalidar, lo que es prerrogativa bien clara y definida de otro poder". Con algo más de claridad, la primera dama uruguaya afirmó sobre los militares en prisión: "La condena es que ya se sabe lo que hicieron, es lo que la sociedad siente por ellos, no es que sigan presos".
El camino seguido por la ciudadanía uruguaya, y ahora por su nuevo mandatario, indica madurez y una mayor preocupación por construir el futuro que por revolver el pasado. La pacificación y la reconciliación son un paso necesario para un país que necesita del esfuerzo y unión en pos de esa construcción. La confrontación permanente y la revancha implican conflictos que escalan, y que, obedeciendo a la segura alternancia del poder de las facciones en discordia, pueden terminar reemplazando la justicia por la venganza. Algo que deberían advertir nuestros gobernantes, además de tomar referencia de los pasos insinuados por Mujica.
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21 mar 2010
14 mar 2010
Comentario de un lector
llegó a mis manos su art. sobre el traspàso del poder en Chile, comentando el austero acto de asunción, la calidad de los actores, el profundo respeto hacia la nación y su pueblo que tienen los gobernantes, y lo mío no estoy seguro que sea una sana envidia, créo que es realmente envidia, tengo tanta verguenza de haber colaborado con mi voto a que esta mujer subiera al poder que hasta a veces lo niego,como muchos de nuestros compatriotas que todos los días hacen un tremendo esfuerzo para sostenerce con su trabajo,(como es mi caso que poseo una pequeñisima PIME) y lo véo tambalear a cada momento - los felicito de corazón por expresar lo que muchos sentimos - Gracias -
Oscar B.
Oscar B.
LA NACIÓN - 14/03/10
Editorial I
Certificado de defunción del BCRA
La confirmación de Mercedes Marcó del Pont configuraría el fin de la autonomía de la entidad monetaria
La muy probable ratificación de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central (BCRA) por el Senado de la Nación confirmaría lo poco que al oficialismo y a algunos de sus ocasionales aliados les importa la autonomía de la entidad monetaria, que pasaría a convertirse en un mero apéndice del Poder Ejecutivo.
La licenciada Marcó del Pont adscribe a un modelo de administración económica sujeta a la rigidez ideológica que entiende el desarrollo basado en el crecimiento del mercado interno, con una competitividad garantizada por la política cambiaria, inversiones inducidas por una fuerte intervención estatal en todas las áreas y el funcionamiento de un Consejo Económico Social que convalide tales políticas. Un esquema con marcado sesgo anticapitalista y corporativo.
La titular interina del BCRA es una militante del "modelo" kirchnerista. Descree de la necesidad de una autoridad monetaria dotada de autonomía y considera un error limitar su misión esencial a preservar el valor de la moneda. Es probable que en esas ideas se encuentre la causa que la llevó a ignorar la vigencia de la ley 24.144 que establece en su artículo 3º que el BCRA no puede recibir instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.
En efecto, en su exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado reconoció que la noche anterior a la reunión de la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Kirchner le informó del decreto inédito y le ordenó ejecutarlo.
En su defensa, argumentó que un decreto de necesidad y urgencia tiene fuerza de ley, y debe ser cumplido. Se trata de una interpretación pobre e insuficiente para un dirigente político con responsabilidades de Estado.
La ley impide que la autoridad monetaria pueda declinar funciones, como el manejo de las reservas "sin autorización expresa del Congreso Nacional". Sin perjuicio de ello, Marcó del Pont transfirió igual las reservas, sin orden expresa y con público conocimiento de la existencia de una orden judicial -la sentencia de la jueza Sarmiento-, que impedía transferir reservas sin la previa intervención del Congreso.
El nuevo DNU es un instrumento excepcional que sólo cambió de número, tanto que sus considerandos son idénticos al DNU 2010/09. Luego Marcó del Pont desobedeció una orden judicial.
Por su parte, la ley 26.122 sobre control de DNU y el Código Civil disponen que los decretos rigen desde su publicación en el Boletín Oficial. Según la cronología de los hechos expuestos por la funcionaria, ella convocó el lunes 1° de marzo, a las 12, a una reunión del directorio del BCRA que terminó a las 15, y ordenó al gerente general la transferencia a las 14, mientras que el decreto fue publicado en una edición extraordinaria del boletín a las 16.
Es difícil de aceptar que una operación financiera de esa complejidad pueda obtener dictámenes técnicos y completar el circuito administrativo en pocas horas. Así lo demuestra que el directorio no tuvo en cuenta, al decidir, que los abogados del BCRA en los Estados Unidos habían dictaminado oficialmente que ese tipo de transferencia implicaría un embargo en Nueva York sobre las reservas por miles de millones de dólares. A pesar de este riesgo, la transferencia se hizo.
Hay, en consecuencia, razones suficientes para rechazar el pliego de la candidata por falta de idoneidad profesional para cumplir con las funciones encomendadas. Sin embargo, en realidad el fondo del desendeudamiento oculta las deficiencias y grietas de un modelo agotado, y en los cambios del BCRA subyace la idea de poner fin a la autonomía de la institución.
La verdadera discusión versa sobre la consistencia de un modelo económico kirchnerista, acosado cada vez más por el déficit fiscal y la inflación.
Si en estos tiempos de fragmentación y de posiciones políticas volubles el oficialismo puede capturar los votos para otorgar el acuerdo a Marcó del Pont, estaremos ante una victoria pírrica, que lejos estará de generar el consenso suficiente para respaldar una gestión que nace con la señal de la sumisión y la abdicación de facultades frente a la desmesura y la prepotencia de una administración encerrada en sí misma.
Quedaría al descubierto, una vez más, una concepción de la política que encubre la voluntad de ejercer el poder sin limitaciones, y que se ha evidenciado también en el grave anuncio presidencial según el cual se desconocerán aquellos fallos judiciales que, a juicio de la primera mandataria, constituyan un "palo en la rueda". Algo que, lisa y llanamente, implica la destrucción de la viga maestra del edificio republicano.
Certificado de defunción del BCRA
La confirmación de Mercedes Marcó del Pont configuraría el fin de la autonomía de la entidad monetaria
La muy probable ratificación de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central (BCRA) por el Senado de la Nación confirmaría lo poco que al oficialismo y a algunos de sus ocasionales aliados les importa la autonomía de la entidad monetaria, que pasaría a convertirse en un mero apéndice del Poder Ejecutivo.
La licenciada Marcó del Pont adscribe a un modelo de administración económica sujeta a la rigidez ideológica que entiende el desarrollo basado en el crecimiento del mercado interno, con una competitividad garantizada por la política cambiaria, inversiones inducidas por una fuerte intervención estatal en todas las áreas y el funcionamiento de un Consejo Económico Social que convalide tales políticas. Un esquema con marcado sesgo anticapitalista y corporativo.
La titular interina del BCRA es una militante del "modelo" kirchnerista. Descree de la necesidad de una autoridad monetaria dotada de autonomía y considera un error limitar su misión esencial a preservar el valor de la moneda. Es probable que en esas ideas se encuentre la causa que la llevó a ignorar la vigencia de la ley 24.144 que establece en su artículo 3º que el BCRA no puede recibir instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.
En efecto, en su exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado reconoció que la noche anterior a la reunión de la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Kirchner le informó del decreto inédito y le ordenó ejecutarlo.
En su defensa, argumentó que un decreto de necesidad y urgencia tiene fuerza de ley, y debe ser cumplido. Se trata de una interpretación pobre e insuficiente para un dirigente político con responsabilidades de Estado.
La ley impide que la autoridad monetaria pueda declinar funciones, como el manejo de las reservas "sin autorización expresa del Congreso Nacional". Sin perjuicio de ello, Marcó del Pont transfirió igual las reservas, sin orden expresa y con público conocimiento de la existencia de una orden judicial -la sentencia de la jueza Sarmiento-, que impedía transferir reservas sin la previa intervención del Congreso.
El nuevo DNU es un instrumento excepcional que sólo cambió de número, tanto que sus considerandos son idénticos al DNU 2010/09. Luego Marcó del Pont desobedeció una orden judicial.
Por su parte, la ley 26.122 sobre control de DNU y el Código Civil disponen que los decretos rigen desde su publicación en el Boletín Oficial. Según la cronología de los hechos expuestos por la funcionaria, ella convocó el lunes 1° de marzo, a las 12, a una reunión del directorio del BCRA que terminó a las 15, y ordenó al gerente general la transferencia a las 14, mientras que el decreto fue publicado en una edición extraordinaria del boletín a las 16.
Es difícil de aceptar que una operación financiera de esa complejidad pueda obtener dictámenes técnicos y completar el circuito administrativo en pocas horas. Así lo demuestra que el directorio no tuvo en cuenta, al decidir, que los abogados del BCRA en los Estados Unidos habían dictaminado oficialmente que ese tipo de transferencia implicaría un embargo en Nueva York sobre las reservas por miles de millones de dólares. A pesar de este riesgo, la transferencia se hizo.
Hay, en consecuencia, razones suficientes para rechazar el pliego de la candidata por falta de idoneidad profesional para cumplir con las funciones encomendadas. Sin embargo, en realidad el fondo del desendeudamiento oculta las deficiencias y grietas de un modelo agotado, y en los cambios del BCRA subyace la idea de poner fin a la autonomía de la institución.
La verdadera discusión versa sobre la consistencia de un modelo económico kirchnerista, acosado cada vez más por el déficit fiscal y la inflación.
Si en estos tiempos de fragmentación y de posiciones políticas volubles el oficialismo puede capturar los votos para otorgar el acuerdo a Marcó del Pont, estaremos ante una victoria pírrica, que lejos estará de generar el consenso suficiente para respaldar una gestión que nace con la señal de la sumisión y la abdicación de facultades frente a la desmesura y la prepotencia de una administración encerrada en sí misma.
Quedaría al descubierto, una vez más, una concepción de la política que encubre la voluntad de ejercer el poder sin limitaciones, y que se ha evidenciado también en el grave anuncio presidencial según el cual se desconocerán aquellos fallos judiciales que, a juicio de la primera mandataria, constituyan un "palo en la rueda". Algo que, lisa y llanamente, implica la destrucción de la viga maestra del edificio republicano.
12 mar 2010
Chile 2010
¿SANA? ENVIDIA
En realidad fue envidia, lisa y llana, la que sentimos ante el cambio de mando en la presidencia de Chile. Ya nos habíamos sorprendido hace cuatro años cuando Julio Lagos entregaba la banda presidencial a Michelle Bachelet, aunque, en el fondo, se traspasaban la banda dos representantes del mismo partido. En aquel momento, marzo de 2006, nos sorprendió la sobriedad del acto y la ausencia total de estridencias de cualquier tipo.
Ayer se sumaba un nuevo condimento, porque el relevo presidencial se verificaba entre una presidente de izquierda y uno de derecha. Sin embargo, no sólo reinaron el orden, la sobriedad y el respeto, sino que el mismo auditorio, reunido en forma espontánea en las calles de Santiago, aplaudió a rabiar, y por igual, a la presidente saliente y al mandatario entrante.
No hubo bombos, gritos, insultos o papelitos. Tampoco señoras reclamando supuestos hijos desaparecidos. No se vieron piqueteros en las calles y plazas adyacentes, cortando la circulación y blandiendo muñecos inflables y carteles de las así llamadas “organizaciones sociales”.
Michelle Bachelet se retiró con el 84% de imagen positiva entre su pueblo, aun después del terremoto de fines de febrero. A pesar de haber sufrido en carne propia y en la de su padre al severísimo régimen de Augusto Pinochet, jamás intentó denostar, diezmar o destruir a las fuerzas armadas de su país, ganándose el aprecio de los militares que ayer le brindaron una emotiva despedida. Tampoco se le ocurrió a la presidente saliente en los cuatro años que duró su gestión, como tampoco a los gobiernos de centro izquierda que la precedieron, tocar un ápice de la política económica que trazó el general junto a su entonces ministro de economía, Hernán Büchi.
Del otro lado de la cordillera se puede ser de izquierda o derecha, pero se es esencialmente chileno, y ambas tendencias, que en realidad difieren en matices, trabajan codo a codo por la grandeza de Chile, respetando a rajatabla sus instituciones y sus leyes.
De este lado de los Andes sucede todo lo contrario. Lo que hemos vivido desde fines de 1983 hasta la fecha es una permanente actitud de revancha, venganza, división y confrontación con todos los sectores y todas las instituciones sociales, (iglesia, escuela, fuerzas armadas, parlamento, justicia, etc.), elevada a la enésima potencia desde que el actual matrimonio presidencial ocupara la Casa Rosada en mayo de 2003.
La parquedad del acto en el país trasandino contrastó con lo que aquí experimentamos cotidianamente a través de la gestión K, como se pudo observar, por ejemplo, en la moderación en el vestuario de las mujeres en el poder. Tanto la presidente saliente como la primera dama entrante y las nuevas ministras y esposas de ministros y funcionarios se mostraron a tono con la realidad nacional, en significativo contraste con quien ejerce la primera magistratura en Argentina.
Tal vez otro rasgo diferenciador importantísimo fue la mesura y el optimismo de Sebastián Piñera en su primer discurso público como presidente, inaugurando una gestión que debe enfrentar un duro desafío debido a la reciente catástrofe natural. Por varias veces invocó a Dios, en su calidad de hombre profundamente creyente, y exaltó la familia y la vida como ejes rectores de la política que piensa llevar adelante con sus colaboradores, un gabinete de lujo integrado por 22 miembros, 13 de los cuales ostentan maestrías en sus respectivas áreas de estudio y trabajo, mientras que otros 6 son doctores, al tiempo que él mismo es magister y doctor en Economía por la Universidad de Harvard.
Este dato tampoco es menor, porque, comparado con la realidad argentina, desnuda la tremenda frivolidad, la evidente indigencia de ideas y la contudente falta de preparación, responsabilidad, capacidad y honradez que caracterizan a la actual gestión de gobierno en nuestro país.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
En realidad fue envidia, lisa y llana, la que sentimos ante el cambio de mando en la presidencia de Chile. Ya nos habíamos sorprendido hace cuatro años cuando Julio Lagos entregaba la banda presidencial a Michelle Bachelet, aunque, en el fondo, se traspasaban la banda dos representantes del mismo partido. En aquel momento, marzo de 2006, nos sorprendió la sobriedad del acto y la ausencia total de estridencias de cualquier tipo.
Ayer se sumaba un nuevo condimento, porque el relevo presidencial se verificaba entre una presidente de izquierda y uno de derecha. Sin embargo, no sólo reinaron el orden, la sobriedad y el respeto, sino que el mismo auditorio, reunido en forma espontánea en las calles de Santiago, aplaudió a rabiar, y por igual, a la presidente saliente y al mandatario entrante.
No hubo bombos, gritos, insultos o papelitos. Tampoco señoras reclamando supuestos hijos desaparecidos. No se vieron piqueteros en las calles y plazas adyacentes, cortando la circulación y blandiendo muñecos inflables y carteles de las así llamadas “organizaciones sociales”.
Michelle Bachelet se retiró con el 84% de imagen positiva entre su pueblo, aun después del terremoto de fines de febrero. A pesar de haber sufrido en carne propia y en la de su padre al severísimo régimen de Augusto Pinochet, jamás intentó denostar, diezmar o destruir a las fuerzas armadas de su país, ganándose el aprecio de los militares que ayer le brindaron una emotiva despedida. Tampoco se le ocurrió a la presidente saliente en los cuatro años que duró su gestión, como tampoco a los gobiernos de centro izquierda que la precedieron, tocar un ápice de la política económica que trazó el general junto a su entonces ministro de economía, Hernán Büchi.
Del otro lado de la cordillera se puede ser de izquierda o derecha, pero se es esencialmente chileno, y ambas tendencias, que en realidad difieren en matices, trabajan codo a codo por la grandeza de Chile, respetando a rajatabla sus instituciones y sus leyes.
De este lado de los Andes sucede todo lo contrario. Lo que hemos vivido desde fines de 1983 hasta la fecha es una permanente actitud de revancha, venganza, división y confrontación con todos los sectores y todas las instituciones sociales, (iglesia, escuela, fuerzas armadas, parlamento, justicia, etc.), elevada a la enésima potencia desde que el actual matrimonio presidencial ocupara la Casa Rosada en mayo de 2003.
La parquedad del acto en el país trasandino contrastó con lo que aquí experimentamos cotidianamente a través de la gestión K, como se pudo observar, por ejemplo, en la moderación en el vestuario de las mujeres en el poder. Tanto la presidente saliente como la primera dama entrante y las nuevas ministras y esposas de ministros y funcionarios se mostraron a tono con la realidad nacional, en significativo contraste con quien ejerce la primera magistratura en Argentina.
Tal vez otro rasgo diferenciador importantísimo fue la mesura y el optimismo de Sebastián Piñera en su primer discurso público como presidente, inaugurando una gestión que debe enfrentar un duro desafío debido a la reciente catástrofe natural. Por varias veces invocó a Dios, en su calidad de hombre profundamente creyente, y exaltó la familia y la vida como ejes rectores de la política que piensa llevar adelante con sus colaboradores, un gabinete de lujo integrado por 22 miembros, 13 de los cuales ostentan maestrías en sus respectivas áreas de estudio y trabajo, mientras que otros 6 son doctores, al tiempo que él mismo es magister y doctor en Economía por la Universidad de Harvard.
Este dato tampoco es menor, porque, comparado con la realidad argentina, desnuda la tremenda frivolidad, la evidente indigencia de ideas y la contudente falta de preparación, responsabilidad, capacidad y honradez que caracterizan a la actual gestión de gobierno en nuestro país.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
2 mar 2010
Las consecuencias de la mentalidad pigmea argentina
LA NACIÓN - 02/03/10
Carta de lectores
Medicación urgente
Señor Director:
"Franco Núñez (DNI 42.339.421) tiene 10 años y sufre de parálisis cerebral, encefalopatía crónica y epilepsia, por lo cual su médico, el doctor Roberto Carballo (MN 61.757), le prescribió Keppra (medicamento distribuido en la Argentina por GlaxoSmithKline) y no un genérico, debido a que, con anterioridad, el chico ya probó un genérico que le provocó fuertes convulsiones, lo que puso en grave peligro su salud.
"Franco dispone de una pensión por invalidez otorgada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, por la cual corresponde al Programa Federal de Salud (Unidad Ejecutora Profe) brindarle cobertura médica y medicamentos. Pero el Profe no sólo se niega a suministrar el Keppra debidamente fundamentado por el médico, sino que también se declara «incompetente para emitir su negativa por escrito».
"Con mi abogada estamos ayudando a la familia de Franco a gestionar los trámites y reclamos ante la obra social y la Defensoría del Pueblo de Quilmes, pero lo cierto es que, hasta que se consiga la solución que el Estado debe proveer, esta familia, que es de bajos recursos, no puede costear la continuidad del tratamiento con Keppra y sólo disponen del medicamento para una semana más."
Esteban Caffini
DNI 21.003.850
N. de la R.: el laboratorio GlaxoSmithKline es de origen y capital inglés.
Carta de lectores
Medicación urgente
Señor Director:
"Franco Núñez (DNI 42.339.421) tiene 10 años y sufre de parálisis cerebral, encefalopatía crónica y epilepsia, por lo cual su médico, el doctor Roberto Carballo (MN 61.757), le prescribió Keppra (medicamento distribuido en la Argentina por GlaxoSmithKline) y no un genérico, debido a que, con anterioridad, el chico ya probó un genérico que le provocó fuertes convulsiones, lo que puso en grave peligro su salud.
"Franco dispone de una pensión por invalidez otorgada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, por la cual corresponde al Programa Federal de Salud (Unidad Ejecutora Profe) brindarle cobertura médica y medicamentos. Pero el Profe no sólo se niega a suministrar el Keppra debidamente fundamentado por el médico, sino que también se declara «incompetente para emitir su negativa por escrito».
"Con mi abogada estamos ayudando a la familia de Franco a gestionar los trámites y reclamos ante la obra social y la Defensoría del Pueblo de Quilmes, pero lo cierto es que, hasta que se consiga la solución que el Estado debe proveer, esta familia, que es de bajos recursos, no puede costear la continuidad del tratamiento con Keppra y sólo disponen del medicamento para una semana más."
Esteban Caffini
DNI 21.003.850
N. de la R.: el laboratorio GlaxoSmithKline es de origen y capital inglés.
27 feb 2010
LA NACIÓN - 27/02/10
Editorial I
Cada vez más aislados
Es una clara señal la omisión de la Argentina en las giras de presidentes y emisarios de países centrales por la región
Es peor querer estar solo que estarlo. El gobierno argentino, sin embargo, actúa como si pretendiera hacernos creer que se encuentra cómodo con su voluntariosa política de aislamiento de la comunidad internacional y de cercanía con un régimen detestable, desde la perspectiva democrática, como la Venezuela de Hugo Chávez. Ese régimen se ha convertido, por obra de los Kirchner, en la principal agencia externa del país. Con los otros gobiernos, incluidos los del Mercosur, las relaciones se ciñen a encuentros en cumbres presidenciales. Con los Estados Unidos, como ha hecho público la presidenta Cristina Kirchner con sus recientes críticas contra Barack Obama, no parece haber interés en conciliar posiciones.
Si en 2007 había tres puertas siempre abiertas, Brasilia, Madrid y Caracas, hoy sólo queda la última. Pocos jefes de Estado han demostrado interés en visitar la Argentina y poca predisposición ha exteriorizado la Presidenta en salir del país. Ha llegado a suscitar estupor, incluso en las raleadas filas del oficialismo, al haber suspendido a último momento la gira que iba a realizar por China.
La descortesía con la segunda potencia mundial y país emergente más importante se originó en razones tan difíciles de entender en cualquier parte como la desconfianza visceral de la Presidenta en el vicepresidente Julio Cobos. Años atrás, el entonces presidente Néstor Kirchner propinó un desaire casi aún peor a quien era presidente socialista de Portugal. Con sólo un mes de anticipación, le hizo saber que no podría recibirlo a pesar de haberse organizado con tiempo holgado -como es natural en estos casos- su visita a la Argentina. En Lisboa se quedaron con la boca abierta y prepararon a las apuradas un viaje a Paraguay.
Desde la crisis de 2001, la Argentina ha resignado presencia y protagonismo en el escenario internacional. La dureza de esa crisis pudo explicar en su momento la involución de nuestro país frente al mundo. Nueve años después, el aislamiento persiste y, por actitudes desprejuiciadas y hostiles de la pareja presidencial, se ha agravado.
La ruptura con las normas más elementales de la convivencia internacional ha resultado ser tan asombrosa como incongruente con otras gestiones. Embajadores políticos de categoría intelectual y emocional insuficientes para representar a empresas de escaso calado se sofocan, mientras tanto, en arduos y penosos trámites para conseguir que alguna figura de relevancia venga a Buenos Aires.
Jacques Chirac, aún presidente de Francia, estrenó una ruta en su periplo por el Cono Sur: Chile y Brasil, sin escalas en nuestro país. Es posible que el presidente Obama emprenda el mismo periplo en su próxima gira. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se dispone a viajar desde pasado mañana a Uruguay, Chile y Brasil, entre otros países de la región, pero pasará por alto a la Argentina.
¿Por qué habría de venir la señora Clinton, después del destrato oficial sufrido aquí por Arturo Valenzuela, el funcionario de más alto rango de su cartera en América latina? ¿O es imaginable que el gobierno de Washington, aun cuando se encuentre en manos demócratas, vaya a olvidar fácilmente la estupidez de haber contribuido la Argentina a organizar en 2005, en Mar del Plata, una contracumbre con la que se agredió al presidente George W. Bush?
El pasado reciente está plagado de hechos absurdos que trastornan la inserción hasta en países en los cuales la Argentina era valorada por su peso específico. Casi nadie piensa que son previsibles las políticas argentinas, lo cual dificulta todavía más cualquier palabra o gesto aislado de sensatez diplomática.
Una vez más, la asombrosa voluntad de permanecer fuera del mercado internacional de capitales, como consecuencia de celebrar incumplimientos contractuales y pretender imponer una prepotente y costosa fórmula en la renegociación de la deuda externa, ha potenciado la opinión externa negativa para el país. Uno de cada cuatro de los acreedores de la Argentina ha procurado cobrar sus acreencias en las más variadas jurisdicciones. Lo cual es lógico. Ni siquiera la sorpresiva transformación del G-20 en el foro en el cual el mundo tanto discute las urgencias económicas más graves como la reestructuración de la arquitectura financiera internacional ha contribuido a mejorar nuestra situación.
Poco parece importarles esta situación a los Kirchner, cuya política exterior ha estado siempre subordinada a sus necesidades domésticas. Si estimularon el estallido del conflicto de las pasteras con un país hermano como Uruguay y han permitido que un grupo de vecinos se arrogara la representación de la Nación, ¿qué podría esperarse de mejor en cuanto a los vínculos con otros Estados?
A diferencia de la Argentina, países como Brasil, Uruguay, Chile y Perú se han limitado a comportarse con normalidad en la arena internacional. O sea, han profundizado su relación con el mundo para tender puentes y captar inversiones. Con lecciones de economía, al estilo de los patéticos programas oficialistas de televisión nocturna, la Presidenta suele pasearse por los escenarios internacionales. Alguien debería explicarle que de esa manera el país estará condenado al aislamiento hasta que por lo menos concluya el actual período de gobierno.
Es hora de cambiar conductas y estilos, así como de dejar de lado la vanidad y la grandilocuencia hueca. Es tiempo de asumir la sobriedad apropiada para una política seria y pragmática, de volver con rigor profesional a las acciones en que nada se halle antepuesto al interés nacional. También es necesario comprender que una política exterior debidamente fundada requiere de la labor paciente en una dirección inequívoca. De lo contrario, sería excesivo pedir a los demás que entiendan aquello que ni siquiera nosotros, los argentinos, tenemos claro.
Editorial I
Cada vez más aislados
Es una clara señal la omisión de la Argentina en las giras de presidentes y emisarios de países centrales por la región
Es peor querer estar solo que estarlo. El gobierno argentino, sin embargo, actúa como si pretendiera hacernos creer que se encuentra cómodo con su voluntariosa política de aislamiento de la comunidad internacional y de cercanía con un régimen detestable, desde la perspectiva democrática, como la Venezuela de Hugo Chávez. Ese régimen se ha convertido, por obra de los Kirchner, en la principal agencia externa del país. Con los otros gobiernos, incluidos los del Mercosur, las relaciones se ciñen a encuentros en cumbres presidenciales. Con los Estados Unidos, como ha hecho público la presidenta Cristina Kirchner con sus recientes críticas contra Barack Obama, no parece haber interés en conciliar posiciones.
Si en 2007 había tres puertas siempre abiertas, Brasilia, Madrid y Caracas, hoy sólo queda la última. Pocos jefes de Estado han demostrado interés en visitar la Argentina y poca predisposición ha exteriorizado la Presidenta en salir del país. Ha llegado a suscitar estupor, incluso en las raleadas filas del oficialismo, al haber suspendido a último momento la gira que iba a realizar por China.
La descortesía con la segunda potencia mundial y país emergente más importante se originó en razones tan difíciles de entender en cualquier parte como la desconfianza visceral de la Presidenta en el vicepresidente Julio Cobos. Años atrás, el entonces presidente Néstor Kirchner propinó un desaire casi aún peor a quien era presidente socialista de Portugal. Con sólo un mes de anticipación, le hizo saber que no podría recibirlo a pesar de haberse organizado con tiempo holgado -como es natural en estos casos- su visita a la Argentina. En Lisboa se quedaron con la boca abierta y prepararon a las apuradas un viaje a Paraguay.
Desde la crisis de 2001, la Argentina ha resignado presencia y protagonismo en el escenario internacional. La dureza de esa crisis pudo explicar en su momento la involución de nuestro país frente al mundo. Nueve años después, el aislamiento persiste y, por actitudes desprejuiciadas y hostiles de la pareja presidencial, se ha agravado.
La ruptura con las normas más elementales de la convivencia internacional ha resultado ser tan asombrosa como incongruente con otras gestiones. Embajadores políticos de categoría intelectual y emocional insuficientes para representar a empresas de escaso calado se sofocan, mientras tanto, en arduos y penosos trámites para conseguir que alguna figura de relevancia venga a Buenos Aires.
Jacques Chirac, aún presidente de Francia, estrenó una ruta en su periplo por el Cono Sur: Chile y Brasil, sin escalas en nuestro país. Es posible que el presidente Obama emprenda el mismo periplo en su próxima gira. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se dispone a viajar desde pasado mañana a Uruguay, Chile y Brasil, entre otros países de la región, pero pasará por alto a la Argentina.
¿Por qué habría de venir la señora Clinton, después del destrato oficial sufrido aquí por Arturo Valenzuela, el funcionario de más alto rango de su cartera en América latina? ¿O es imaginable que el gobierno de Washington, aun cuando se encuentre en manos demócratas, vaya a olvidar fácilmente la estupidez de haber contribuido la Argentina a organizar en 2005, en Mar del Plata, una contracumbre con la que se agredió al presidente George W. Bush?
El pasado reciente está plagado de hechos absurdos que trastornan la inserción hasta en países en los cuales la Argentina era valorada por su peso específico. Casi nadie piensa que son previsibles las políticas argentinas, lo cual dificulta todavía más cualquier palabra o gesto aislado de sensatez diplomática.
Una vez más, la asombrosa voluntad de permanecer fuera del mercado internacional de capitales, como consecuencia de celebrar incumplimientos contractuales y pretender imponer una prepotente y costosa fórmula en la renegociación de la deuda externa, ha potenciado la opinión externa negativa para el país. Uno de cada cuatro de los acreedores de la Argentina ha procurado cobrar sus acreencias en las más variadas jurisdicciones. Lo cual es lógico. Ni siquiera la sorpresiva transformación del G-20 en el foro en el cual el mundo tanto discute las urgencias económicas más graves como la reestructuración de la arquitectura financiera internacional ha contribuido a mejorar nuestra situación.
Poco parece importarles esta situación a los Kirchner, cuya política exterior ha estado siempre subordinada a sus necesidades domésticas. Si estimularon el estallido del conflicto de las pasteras con un país hermano como Uruguay y han permitido que un grupo de vecinos se arrogara la representación de la Nación, ¿qué podría esperarse de mejor en cuanto a los vínculos con otros Estados?
A diferencia de la Argentina, países como Brasil, Uruguay, Chile y Perú se han limitado a comportarse con normalidad en la arena internacional. O sea, han profundizado su relación con el mundo para tender puentes y captar inversiones. Con lecciones de economía, al estilo de los patéticos programas oficialistas de televisión nocturna, la Presidenta suele pasearse por los escenarios internacionales. Alguien debería explicarle que de esa manera el país estará condenado al aislamiento hasta que por lo menos concluya el actual período de gobierno.
Es hora de cambiar conductas y estilos, así como de dejar de lado la vanidad y la grandilocuencia hueca. Es tiempo de asumir la sobriedad apropiada para una política seria y pragmática, de volver con rigor profesional a las acciones en que nada se halle antepuesto al interés nacional. También es necesario comprender que una política exterior debidamente fundada requiere de la labor paciente en una dirección inequívoca. De lo contrario, sería excesivo pedir a los demás que entiendan aquello que ni siquiera nosotros, los argentinos, tenemos claro.
LA POBREZA DE LOS ARGENTINOS
No se necesitan estudios estadísticos, ni mostrar el crecimiento de las villas de emergencia, los que duermen en las calles o la vida de los indigentes, para saber que la mayoría de los argentinos están empobrecidos.
El empobrecimiento del pueblo argentino se expresa en hechos diarios: su incapacidad de pago de los bienes de consumo para su vida diaria.
Los argentinos no tienen plata para pagar el valor de la carne, que sí pueden pagarlo los habitantes de países con poblaciones de mayores ingresos. Para ocultar la pobreza, el gobierno le fija precio máximo a la carne, con lo que estanca la producción. Tampoco pueden pagar el valor de la leche, el pan, los fideos, el pasaje en colectivo, trenes y subterráneos, la electricidad, el gas etc. etc., que el gobierno subsidia, paralizando la inversión y la producción.
La estructura productiva argentina vive en un círculo vicioso generador permanente de pobreza. A los argentinos no los ayuda que el gobierno les tire huesos para entretenerlos: deben ganar más para poder pagar el valor de los bienes que necesitan o desean. Esto requiere que la economía sea exportadora, que genere oportunidades de trabajo y aumente los salarios; para conseguirlo, los argentinos deben trabajar fuerte y ser creativos, sin interferencia del gobierno. La corporación sindical tiene responsabilidad en que se logre.
Los ingresos de los trabajadores argentinos deben elevarse.
Dr. Marcelo Castro Corbat
segundarepublica@fibertel.com.ar
www.segundarepublica.blogspot.com
No se necesitan estudios estadísticos, ni mostrar el crecimiento de las villas de emergencia, los que duermen en las calles o la vida de los indigentes, para saber que la mayoría de los argentinos están empobrecidos.
El empobrecimiento del pueblo argentino se expresa en hechos diarios: su incapacidad de pago de los bienes de consumo para su vida diaria.
Los argentinos no tienen plata para pagar el valor de la carne, que sí pueden pagarlo los habitantes de países con poblaciones de mayores ingresos. Para ocultar la pobreza, el gobierno le fija precio máximo a la carne, con lo que estanca la producción. Tampoco pueden pagar el valor de la leche, el pan, los fideos, el pasaje en colectivo, trenes y subterráneos, la electricidad, el gas etc. etc., que el gobierno subsidia, paralizando la inversión y la producción.
La estructura productiva argentina vive en un círculo vicioso generador permanente de pobreza. A los argentinos no los ayuda que el gobierno les tire huesos para entretenerlos: deben ganar más para poder pagar el valor de los bienes que necesitan o desean. Esto requiere que la economía sea exportadora, que genere oportunidades de trabajo y aumente los salarios; para conseguirlo, los argentinos deben trabajar fuerte y ser creativos, sin interferencia del gobierno. La corporación sindical tiene responsabilidad en que se logre.
Los ingresos de los trabajadores argentinos deben elevarse.
Dr. Marcelo Castro Corbat
segundarepublica@fibertel.com.ar
www.segundarepublica.blogspot.com
9 feb 2010
LA VOZ DEL INTERIOR - Martes 9 de febrero de 2010
Editorial
Una oradora mal asesorada
Las casi diarias alocuciones de Cristina Kirchner sólo sirven para desnudar una alarmante falta de asesoramiento y un triunfalismo inconvincente por parte de la Presidenta en sus exposiciones.
Casi no pasa día sin que la presidenta de la República realice anuncio y pronuncie arengas con anticipos espectaculares, ataques contra los medios independientes y promesas de un futuro esplendoroso. A veces, y cada vez con mayor frecuencia, formula con gran soltura declaraciones que diseminan asombro y estupor e inducen a conjeturar que está mal asesorada o que, peor aún, impregnada del estilo arrogante de su marido, se abstiene de informarse antes de hablar. Y se despeña en lo grotesco, como su afirmación de que la carne de cerdo puede reemplazar a una difundida pastilla que actúa como estímulo sexual.
Cruza sin medir ni pesar las palabras las fronteras del decoro y se interna en el absurdo, con lo que proyecta una imagen internacional de jefa de un Estado bananero. Lo preocupante es que el mal asesoramiento, o su sistemática prescindencia cuando aborda problemas económicos y sociales que, lejos de ser solucionados por su triunfalismo militante no hacen otra cosa que agravarse, han despojado a su oratoria hasta de la esperanza.
Así, en la semana anterior proclamó con gran euforia que en 2009 se habían logrado niveles récord de exportaciones de carne vacuna. Dos gruesos errores. En primer término, porque los despachos al exterior fueron inferiores, por ejemplo, a los registrados en 2005. En segundo lugar, lo que es mucho más preocupante, pasó por alto el hecho de que las exportaciones estuvieron basadas, en gran parte, sobre la faena de hembras, vacas y futuras madres, principal causa de la reducción del stock ganadero en más de tres millones de cabezas.
Cuando la participación de hembras en la matanza es superior al 50 por ciento, como lo fue en el año anterior, técnicamente se ingresa en una etapa de desinversión en la ganadería. Y, lo que es mucho peor, la liquidación de vientres reduce la oferta, no ya para los dos próximos años -que será muy severa, porque se estima que la disponibilidad de carne no superará los 16 kilogramos por habitante y por año-, perspectiva nada alentadora para un año que se presenta sobrecargado de indicadores deprimidos.
De no ser así, ¿por qué razón el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenaría de inmediato la suspensión de las exportaciones? La explicación oficial es porque se quiere contener el encarecimiento de un producto básico de la canasta familiar argentina. Ello implica asegurar el mantenimiento de la irracionalidad de una dieta que ha alcanzado un consumo promedio de 70 kilogramos por habitante y por año, un nivel riesgoso no sólo por la reducción de saldos exportables.
También es preocupante por la incidencia negativa que el sobreconsumo de carne tiene sobre las enfermedades cardiovasculares, que ocupan el primer lugar en las estadísticas de causas de muertes en nuestro país. Sigamos improvisando y perorando.
Editorial
Una oradora mal asesorada
Las casi diarias alocuciones de Cristina Kirchner sólo sirven para desnudar una alarmante falta de asesoramiento y un triunfalismo inconvincente por parte de la Presidenta en sus exposiciones.
Casi no pasa día sin que la presidenta de la República realice anuncio y pronuncie arengas con anticipos espectaculares, ataques contra los medios independientes y promesas de un futuro esplendoroso. A veces, y cada vez con mayor frecuencia, formula con gran soltura declaraciones que diseminan asombro y estupor e inducen a conjeturar que está mal asesorada o que, peor aún, impregnada del estilo arrogante de su marido, se abstiene de informarse antes de hablar. Y se despeña en lo grotesco, como su afirmación de que la carne de cerdo puede reemplazar a una difundida pastilla que actúa como estímulo sexual.
Cruza sin medir ni pesar las palabras las fronteras del decoro y se interna en el absurdo, con lo que proyecta una imagen internacional de jefa de un Estado bananero. Lo preocupante es que el mal asesoramiento, o su sistemática prescindencia cuando aborda problemas económicos y sociales que, lejos de ser solucionados por su triunfalismo militante no hacen otra cosa que agravarse, han despojado a su oratoria hasta de la esperanza.
Así, en la semana anterior proclamó con gran euforia que en 2009 se habían logrado niveles récord de exportaciones de carne vacuna. Dos gruesos errores. En primer término, porque los despachos al exterior fueron inferiores, por ejemplo, a los registrados en 2005. En segundo lugar, lo que es mucho más preocupante, pasó por alto el hecho de que las exportaciones estuvieron basadas, en gran parte, sobre la faena de hembras, vacas y futuras madres, principal causa de la reducción del stock ganadero en más de tres millones de cabezas.
Cuando la participación de hembras en la matanza es superior al 50 por ciento, como lo fue en el año anterior, técnicamente se ingresa en una etapa de desinversión en la ganadería. Y, lo que es mucho peor, la liquidación de vientres reduce la oferta, no ya para los dos próximos años -que será muy severa, porque se estima que la disponibilidad de carne no superará los 16 kilogramos por habitante y por año-, perspectiva nada alentadora para un año que se presenta sobrecargado de indicadores deprimidos.
De no ser así, ¿por qué razón el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenaría de inmediato la suspensión de las exportaciones? La explicación oficial es porque se quiere contener el encarecimiento de un producto básico de la canasta familiar argentina. Ello implica asegurar el mantenimiento de la irracionalidad de una dieta que ha alcanzado un consumo promedio de 70 kilogramos por habitante y por año, un nivel riesgoso no sólo por la reducción de saldos exportables.
También es preocupante por la incidencia negativa que el sobreconsumo de carne tiene sobre las enfermedades cardiovasculares, que ocupan el primer lugar en las estadísticas de causas de muertes en nuestro país. Sigamos improvisando y perorando.
11 ene 2010
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/10/opinion/21794622.html
EL MUNDO, de España
EDITORIAL
Freno judicial a los decretazos de la déspota Cristina Kirchner
10.01.2010
AUNQUE los argentinos dicen, con mucha retranca, que su país está permanentemente en crisis, lo cierto es que la tormenta política y judicial de las últimas horas ha hecho tambalearse a las instituciones del Estado. Sobre todo al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien ha encontrado la horma de su zapato en una jueza federal que el viernes no dudó en echar abajo los dos últimos decretos de la presidenta. El primero, encaminado a financiar deuda pública con 6.500 millones de dólares de reservas del Banco Central; y el segundo, firmado para destituir al presidente de esta entidad, Martín Redrado, por negarse a ejecutar su orden. El fallo de la magistrada deja claro que son decisiones arbitrarias y de abuso de poder, puesto que el Banco Central es un organismo independiente del Ejecutivo y sólo el Parlamento puede decidir sobre el uso de sus fondos. Redrado fue, por tanto, restituido a las 24 horas, provocando la cólera de Kirchner, que ayer se negó a acatar la decisión y dijo que todo es una «conspiración política y mediática».
El surrealista conflicto entre el Gobierno y el Banco -que ahora tiene dos gobernadores simultáneos- ha hecho saltar las alarmas por el temor a que la economía argentina -la tercera de Latinoamérica- caiga en un nuevo abismo, cuando el país no se ha recuperado aún de las secuelas del corralito de 2001. El viernes, el valor de los bonos se hundió, a la vez que se disparaba el riesgo de la deuda. En España se sigue el caso con gran preocupación, porque somos el principal inversor allí, con un 40% del negocio extranjero.
No es éste el primer gran revés que sufre la autoritaria Cristina Kirchner en sus planes económicos. Su primer año de mandato estuvo marcado por la fallida pretensión de imponer una espectacular subida de impuestos al sector agrario, respondida con una larguísima huelga y una caída en picado de su popularidad de la que no se ha recuperado. Después, su incapacidad para controlar la inflación, sus nefastas medidas populistas -incluida la nacionalización de compañías como Aerolíneas Argentinas- y el gasto descontrolado de la Administración -las reservas han mermado en 12 meses de 40.000 millones de dólares a 17.000-, han llevado a la economía a una situación angustiosa. La oposición acusa a la presidenta de querer gastarse los 6.500 millones de las reservas para financiar deuda y así poder seguir después despilfarrando dinero con la vista puesta en las elecciones del próximo año.
Las cosas pintan muy mal para los Kirchner -no se puede olvidar que muchos de los problemas actuales los heredó la presidenta de la anterior etapa de gobierno de su marido Néstor-. Y las encuestas confirman el hartazgo de los ciudadanos en la mala gestión, la corrupción y el nepotismo que rodea al matrimonio, cada vez más aislado políticamente. Incluso otrora fervientes partidarios como el defenestrado presidente del Banco Central, Redrado, ahora se afanan en marcar distancias para intentar salvarse de la previsible quema política de los Kirchner.
La derrota de su partido en las legislativas del verano ya dejó al oficialismo sin mayoría en ninguna de las dos cámaras del Parlamento. Pero Cristina, lejos de interpretarlo como un aviso del electorado, se ha dedicado a hacer más patente aún su desprecio por la división de poderes, gobernando -igual que hacía su marido- a golpe de decretos. Sin embargo, ahora la Justicia puede pararle los pies, aunque el Gobierno recurrirá la sentencia a la Corte de Apelaciones, donde algunos magistrados presumen de su cercanía a los Kirchner. Está por ver si Néstor y Cristina logran, como otras veces, evitar que esta crisis política y financiera les arrastre definitivamente.
EL MUNDO, de España
EDITORIAL
Freno judicial a los decretazos de la déspota Cristina Kirchner
10.01.2010
AUNQUE los argentinos dicen, con mucha retranca, que su país está permanentemente en crisis, lo cierto es que la tormenta política y judicial de las últimas horas ha hecho tambalearse a las instituciones del Estado. Sobre todo al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien ha encontrado la horma de su zapato en una jueza federal que el viernes no dudó en echar abajo los dos últimos decretos de la presidenta. El primero, encaminado a financiar deuda pública con 6.500 millones de dólares de reservas del Banco Central; y el segundo, firmado para destituir al presidente de esta entidad, Martín Redrado, por negarse a ejecutar su orden. El fallo de la magistrada deja claro que son decisiones arbitrarias y de abuso de poder, puesto que el Banco Central es un organismo independiente del Ejecutivo y sólo el Parlamento puede decidir sobre el uso de sus fondos. Redrado fue, por tanto, restituido a las 24 horas, provocando la cólera de Kirchner, que ayer se negó a acatar la decisión y dijo que todo es una «conspiración política y mediática».
El surrealista conflicto entre el Gobierno y el Banco -que ahora tiene dos gobernadores simultáneos- ha hecho saltar las alarmas por el temor a que la economía argentina -la tercera de Latinoamérica- caiga en un nuevo abismo, cuando el país no se ha recuperado aún de las secuelas del corralito de 2001. El viernes, el valor de los bonos se hundió, a la vez que se disparaba el riesgo de la deuda. En España se sigue el caso con gran preocupación, porque somos el principal inversor allí, con un 40% del negocio extranjero.
No es éste el primer gran revés que sufre la autoritaria Cristina Kirchner en sus planes económicos. Su primer año de mandato estuvo marcado por la fallida pretensión de imponer una espectacular subida de impuestos al sector agrario, respondida con una larguísima huelga y una caída en picado de su popularidad de la que no se ha recuperado. Después, su incapacidad para controlar la inflación, sus nefastas medidas populistas -incluida la nacionalización de compañías como Aerolíneas Argentinas- y el gasto descontrolado de la Administración -las reservas han mermado en 12 meses de 40.000 millones de dólares a 17.000-, han llevado a la economía a una situación angustiosa. La oposición acusa a la presidenta de querer gastarse los 6.500 millones de las reservas para financiar deuda y así poder seguir después despilfarrando dinero con la vista puesta en las elecciones del próximo año.
Las cosas pintan muy mal para los Kirchner -no se puede olvidar que muchos de los problemas actuales los heredó la presidenta de la anterior etapa de gobierno de su marido Néstor-. Y las encuestas confirman el hartazgo de los ciudadanos en la mala gestión, la corrupción y el nepotismo que rodea al matrimonio, cada vez más aislado políticamente. Incluso otrora fervientes partidarios como el defenestrado presidente del Banco Central, Redrado, ahora se afanan en marcar distancias para intentar salvarse de la previsible quema política de los Kirchner.
La derrota de su partido en las legislativas del verano ya dejó al oficialismo sin mayoría en ninguna de las dos cámaras del Parlamento. Pero Cristina, lejos de interpretarlo como un aviso del electorado, se ha dedicado a hacer más patente aún su desprecio por la división de poderes, gobernando -igual que hacía su marido- a golpe de decretos. Sin embargo, ahora la Justicia puede pararle los pies, aunque el Gobierno recurrirá la sentencia a la Corte de Apelaciones, donde algunos magistrados presumen de su cercanía a los Kirchner. Está por ver si Néstor y Cristina logran, como otras veces, evitar que esta crisis política y financiera les arrastre definitivamente.
7 ene 2010
LA NACIÓN, 7/01/10
Delirante: lo quieren echar por cumplir con la ley
Roberto Cachanosky
Resulta realmente delirante la conflictiva situación entre el presidente del BCRA y la presidenta Cristina Fernández. La esposa de Néstor Kirchner le pide la renuncia a Martín Redrado porque no quiere entregarle los U$S 6500 millones de reservas para que el matrimonio los dilapide. Pero la razón de fondo no es que Redrado pueda estar preocupado porque dilapiden las reservas, dado que ya han dilapidado bastantes recursos y nunca se lo escuchó hacer mención del tema. Lo delirante es que una de las pocas causas por las cuales los integrantes del directorio del BCRA podrían ser removidos sería por incumplimiento de la Carta Orgánica de dicha institución, recordando que dicha Carta Orgánica es una ley de la Nación.
Ahora bien, Martín Redrado no puede entregarle las reservas excedentes que inventó el Gobierno porque: a) no existen tales reservas excedentes y b) la Carta Orgánica del BCRA (una ley nacional) dice textualmente que "En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional".
Es decir, Cristina Kirchner quiere la renuncia de Redrado porque el presidente del BCRA quiere cumplir con la ley. Claro, la ley en el sentido de una democracia republicana como la que entendemos y queremos vivir la mayoría de los argentinos. En el caso de los Kirchner la ley son sus caprichos, arrebatos y avasallamiento de las instituciones. El matrimonio es una verdadera cuadrilla de demolición de las instituciones.
En su profunda ignorancia en temas económicos, el senador Pichetto sostuvo que el BCRA no puede ser independiente del poder Ejecutivo como ocurrió en los 90. Claro, Pichetto se olvida que cuando el BCRA dejó de ser independiente logró el récord de destruir el peso moneda nacional, el peso ley 18.188, el peso argentino, el austral y éste que está en terapia intensiva. Cuando el BCRA pasó a depender de los caprichos del gobierno de turno, tuvimos inflación, megainflación e hiperinflación.
Justamente por eso se equivoca Aníbal Fernández cuando dice que las reservas no las juntó Redrado, sino que las juntó el Gobierno con políticas económicas pensadas por Néstor Kirchner y después ratificadas por Cristina Fernández. La verdad es que tampoco es para darle el premio Nobel de Economía a Kirchner, ni quedó en coma cuatro por pensar, como dice Fernández, las políticas económicas, dado que lo único que hizo Redrado fue emitir moneda a una tasa descomunal para sostener el tipo de cambio en el nivel que deseaba Kirchner. En todo caso, las políticas pensadas por Kirchner para juntar reservas fueron las que generaron el fenomenal proceso inflacionario que estamos viviendo, con la consecuente caída del ingreso real, la pobreza y la indigencia. Y tampoco puede hablarse de una genialidad de Kirchner el haber tratado de esconder los nefastos resultados de esa política inflacionaria con controles de precios, prohibiciones de exportación y la destrucción del Indec.
De la misma manera, tampoco es una genialidad de Martín Redrado mostrar reservas que no existen. Poner en ellas los encajes en dólares que las entidades tienen que constituir en el BCRA por sus depósitos en dólares, contrarrestar parte de la emisión monetaria para comprar reservas con Lebacs, Nobacs y pases pasivos no es otra cosa que comprar reservas contra deuda. No informar la deuda con el Banco de Basilea ni las ventas a futuro son estrategias tipo Moreno que no contribuyen en nada a la transparencia de información que debería ser de público conocimiento.
Ahora bien, ¿cuál es el conflicto de fondo? Por un lado los Kirchner están desesperados por caja. Llevaron el gasto público hasta niveles récord en cantidad y pésima calidad. Ese nivel de gasto hoy es infinanciable a pesar de la estatización de las AFJP y nuestros ahorros, de la formidable carga tributaria que soportamos y del invento de las transferencias de utilidades del BCRA al tesoro por diferencias de cambio. Lo que necesitan los Kirchner es más plata y por eso quieren ir por las reservas.
Por otro lado, Martín Redrado se encuentra en una situación complicada porque si obedece a los Kirchner estaría violando la ley. Primero por no ser independiente del poder político, segundo porque no existen las reservas excedentes y tercero porque las reservas no podrían destinarse a gastos corrientes como pretende el matrimonio. Es decir, estaría violando la ley, por lo menos, en tres aspectos, con el riesgo adicional de que si Redrado transfiere reservas para financiar gastos corrientes los hold outs tendrían todas las razones jurídicas para pedir el embargo de las reservas.
Bajo el sistema monetario como el que tenemos y que rige en buena parte del mundo, el respaldo del papel moneda ya no lo otorgan las reservas en oro, sino la calidad de las instituciones jurídicas, políticas y económicas. Algo que los Kirchner, como decía antes, sistemáticamente se encargaron de demoler. Pregunta: ¿qué calidad de respaldo institucional tendría el peso con los Kirchner?
Es obvio que el matrimonio va avanzando constantemente sobre todo lo que puede. Destruyó al sector ganadero con tal de tener, por un tiempo, carne barata. Hizo lo mismo con los lácteos. Aniquiló el escaso mercado de capitales que generaban nuestros ahorros en las AFJP. Quiso esquilmar al sector agrícola con la 125 y ahora van por las reservas del BCRA. El próximo paso será confiscar ahorros, ordenarle a otro presidente del BCRA que emita moneda para financiar al tesoro o la medida más insólita que uno pueda imaginar.
En síntesis, no sorprende que los Kirchner se enojen con Redrado por no querer entregarle las reservas del Central. Es solo una mancha más en el aniquilamiento de las instituciones. En caso de lograr su objetivo, solo cabe esperar otro destrozo monetario e inflacionario que, como es obvio, lo terminarán pagando los sectores de menos ingresos, siendo que la inflación es el impuesto más regresivo.
Los Kirchner están desesperados por caja. Carecen del apoyo de la población. Tiene el mismo nivel de confianza que tenía De la Rúa en noviembre de 2001. Por eso, nada tienen que perder si redoblan la apuesta en su avasallamiento de las instituciones, porque primero están sus objetivos políticos, siendo el bienestar de la población y la prosperidad del país algo totalmente secundario en sus ambiciones autocráticas. Y si para ello tienen que generar una estampida inflacionaria dejándole el problema al próximo gobierno, lo harán sin piedad.
Delirante: lo quieren echar por cumplir con la ley
Roberto Cachanosky
Resulta realmente delirante la conflictiva situación entre el presidente del BCRA y la presidenta Cristina Fernández. La esposa de Néstor Kirchner le pide la renuncia a Martín Redrado porque no quiere entregarle los U$S 6500 millones de reservas para que el matrimonio los dilapide. Pero la razón de fondo no es que Redrado pueda estar preocupado porque dilapiden las reservas, dado que ya han dilapidado bastantes recursos y nunca se lo escuchó hacer mención del tema. Lo delirante es que una de las pocas causas por las cuales los integrantes del directorio del BCRA podrían ser removidos sería por incumplimiento de la Carta Orgánica de dicha institución, recordando que dicha Carta Orgánica es una ley de la Nación.
Ahora bien, Martín Redrado no puede entregarle las reservas excedentes que inventó el Gobierno porque: a) no existen tales reservas excedentes y b) la Carta Orgánica del BCRA (una ley nacional) dice textualmente que "En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional".
Es decir, Cristina Kirchner quiere la renuncia de Redrado porque el presidente del BCRA quiere cumplir con la ley. Claro, la ley en el sentido de una democracia republicana como la que entendemos y queremos vivir la mayoría de los argentinos. En el caso de los Kirchner la ley son sus caprichos, arrebatos y avasallamiento de las instituciones. El matrimonio es una verdadera cuadrilla de demolición de las instituciones.
En su profunda ignorancia en temas económicos, el senador Pichetto sostuvo que el BCRA no puede ser independiente del poder Ejecutivo como ocurrió en los 90. Claro, Pichetto se olvida que cuando el BCRA dejó de ser independiente logró el récord de destruir el peso moneda nacional, el peso ley 18.188, el peso argentino, el austral y éste que está en terapia intensiva. Cuando el BCRA pasó a depender de los caprichos del gobierno de turno, tuvimos inflación, megainflación e hiperinflación.
Justamente por eso se equivoca Aníbal Fernández cuando dice que las reservas no las juntó Redrado, sino que las juntó el Gobierno con políticas económicas pensadas por Néstor Kirchner y después ratificadas por Cristina Fernández. La verdad es que tampoco es para darle el premio Nobel de Economía a Kirchner, ni quedó en coma cuatro por pensar, como dice Fernández, las políticas económicas, dado que lo único que hizo Redrado fue emitir moneda a una tasa descomunal para sostener el tipo de cambio en el nivel que deseaba Kirchner. En todo caso, las políticas pensadas por Kirchner para juntar reservas fueron las que generaron el fenomenal proceso inflacionario que estamos viviendo, con la consecuente caída del ingreso real, la pobreza y la indigencia. Y tampoco puede hablarse de una genialidad de Kirchner el haber tratado de esconder los nefastos resultados de esa política inflacionaria con controles de precios, prohibiciones de exportación y la destrucción del Indec.
De la misma manera, tampoco es una genialidad de Martín Redrado mostrar reservas que no existen. Poner en ellas los encajes en dólares que las entidades tienen que constituir en el BCRA por sus depósitos en dólares, contrarrestar parte de la emisión monetaria para comprar reservas con Lebacs, Nobacs y pases pasivos no es otra cosa que comprar reservas contra deuda. No informar la deuda con el Banco de Basilea ni las ventas a futuro son estrategias tipo Moreno que no contribuyen en nada a la transparencia de información que debería ser de público conocimiento.
Ahora bien, ¿cuál es el conflicto de fondo? Por un lado los Kirchner están desesperados por caja. Llevaron el gasto público hasta niveles récord en cantidad y pésima calidad. Ese nivel de gasto hoy es infinanciable a pesar de la estatización de las AFJP y nuestros ahorros, de la formidable carga tributaria que soportamos y del invento de las transferencias de utilidades del BCRA al tesoro por diferencias de cambio. Lo que necesitan los Kirchner es más plata y por eso quieren ir por las reservas.
Por otro lado, Martín Redrado se encuentra en una situación complicada porque si obedece a los Kirchner estaría violando la ley. Primero por no ser independiente del poder político, segundo porque no existen las reservas excedentes y tercero porque las reservas no podrían destinarse a gastos corrientes como pretende el matrimonio. Es decir, estaría violando la ley, por lo menos, en tres aspectos, con el riesgo adicional de que si Redrado transfiere reservas para financiar gastos corrientes los hold outs tendrían todas las razones jurídicas para pedir el embargo de las reservas.
Bajo el sistema monetario como el que tenemos y que rige en buena parte del mundo, el respaldo del papel moneda ya no lo otorgan las reservas en oro, sino la calidad de las instituciones jurídicas, políticas y económicas. Algo que los Kirchner, como decía antes, sistemáticamente se encargaron de demoler. Pregunta: ¿qué calidad de respaldo institucional tendría el peso con los Kirchner?
Es obvio que el matrimonio va avanzando constantemente sobre todo lo que puede. Destruyó al sector ganadero con tal de tener, por un tiempo, carne barata. Hizo lo mismo con los lácteos. Aniquiló el escaso mercado de capitales que generaban nuestros ahorros en las AFJP. Quiso esquilmar al sector agrícola con la 125 y ahora van por las reservas del BCRA. El próximo paso será confiscar ahorros, ordenarle a otro presidente del BCRA que emita moneda para financiar al tesoro o la medida más insólita que uno pueda imaginar.
En síntesis, no sorprende que los Kirchner se enojen con Redrado por no querer entregarle las reservas del Central. Es solo una mancha más en el aniquilamiento de las instituciones. En caso de lograr su objetivo, solo cabe esperar otro destrozo monetario e inflacionario que, como es obvio, lo terminarán pagando los sectores de menos ingresos, siendo que la inflación es el impuesto más regresivo.
Los Kirchner están desesperados por caja. Carecen del apoyo de la población. Tiene el mismo nivel de confianza que tenía De la Rúa en noviembre de 2001. Por eso, nada tienen que perder si redoblan la apuesta en su avasallamiento de las instituciones, porque primero están sus objetivos políticos, siendo el bienestar de la población y la prosperidad del país algo totalmente secundario en sus ambiciones autocráticas. Y si para ello tienen que generar una estampida inflacionaria dejándole el problema al próximo gobierno, lo harán sin piedad.
30 dic 2009
LA NACIÓN, 30/12/09
Editorial I
Consagración de la impunidad
Un fiscal que por tercera vez permite que los Kirchner permanezcan impunes no debería seguir en su puesto
Son tres las escandalosas vergüenzas que jalonan el caso del presunto enriquecimiento del matrimonio Kirchner durante el año pasado.
La primera es el enorme y veloz incremento patrimonial de 28 millones de pesos que traslucen las declaraciones juradas de 2008.
La segunda, el no menos veloz sobreseimiento con el que el juez federal Norberto Oyarbide benefició a Néstor y Cristina Kirchner sin investigar el origen y las características del enriquecimiento, y basándose exclusivamente en un peritaje de dos peritos contables de la Corte Suprema, uno de ellos muy criticado.
La tercera vergüenza la protagonizó el fiscal federal Eduardo Taiano al no apelar el sobreseimiento permitiendo, así, que el fallo quede firme y no pueda ser revisado.
Si la actitud de Oyarbide mereció justificados cuestionamientos y un pedido de juicio político -hace años que en su juzgado y en otros hay causas similares contra ex funcionarios de Carlos Menem-, la del fiscal Taiano es tanto o más grave, pues su pasividad es la que clausuró definitivamente toda posibilidad de una futura ampliación de la investigación.
En cuanto a la no apelación por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), ni siquiera vale la pena extenderse sobre ella. Desde la renuncia de su anterior titular Manuel Garrido, quien al abandonar el puesto dirigió graves acusaciones al procurador general de la Nación y jefe de todos los fiscales, Esteban Righi, la FIA ha caído en la intrascendencia y nada cabía esperar del sucesor de Garrido, Guillermo Noailles. Constitucionalistas de la talla de Daniel Sabsay hablaron del incumplimiento de sus deberes por parte de Taiano y de Noailles.
Había elementos para apelar, pues la declaración jurada presidencial encerraría transgresiones punibles. El alquiler de un hotel de El Calafate a un importante contratista de obra pública nacional entraña un conflicto de intereses para el matrimonio presidencial, para no hablar de sus montos absurdamente altos e injustificados.
Otro elemento es el de los intereses ganados por depósitos bancarios a plazo fijo en pesos y en dólares, con tasas que exceden más que holgadamente las del mercado. El tercer elemento es el de la venta de un terreno por 6.300.000 pesos, cuando dos años atrás se había pagado por él sólo 132.079 pesos en una compra personal y directa al municipio de Calafate. Surge una renta extraordinaria que supone el uso de una posición de poder para acceder a una propiedad fiscal a precios inferiores a los habituales.
Decíamos que probablemente la actitud de Taiano sea la más grave, y lo es porque, además, es la tercera vez que este fiscal favorece la impunidad de los Kirchner.
Taiano no apeló el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito en la causa que investigaba el juez Julián Ercolini, que comprendía el período de 1995 a 2004 y fue cerrada en 2005. En el expediente en el que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral analizaba la variación patrimonial de los Kirchner entre 2005 y 2007, Taiano fue quien pidió que se desestimara la denuncia por inexistencia del delito.
Es un deber de los fiscales apelar una sentencia endeble o poco exhaustiva, y lo es que, previamente, impulsen la investigación.
En los tribunales federales de Comodoro Py se ha barajado la posibilidad de que la complicidad de Taiano obedezca a una presunta amenaza dirigida contra un hijo suyo. De ser cierto, Taiano debería haber efectuado la denuncia y, de persistir su temor -comprensible desde todo punto de vista- debería haberse apartado de su fiscalía pidiendo el traslado a otra menos expuesta.
Sin embargo, su permanencia en el cargo, al igual que su reiterada inacción en beneficio de la Presidenta y su marido, permiten sospechar que no hay atenuantes para su actitud.
La impunidad ha quedado consagrada y Taiano no debería seguir siendo fiscal.
Editorial I
Consagración de la impunidad
Un fiscal que por tercera vez permite que los Kirchner permanezcan impunes no debería seguir en su puesto
Son tres las escandalosas vergüenzas que jalonan el caso del presunto enriquecimiento del matrimonio Kirchner durante el año pasado.
La primera es el enorme y veloz incremento patrimonial de 28 millones de pesos que traslucen las declaraciones juradas de 2008.
La segunda, el no menos veloz sobreseimiento con el que el juez federal Norberto Oyarbide benefició a Néstor y Cristina Kirchner sin investigar el origen y las características del enriquecimiento, y basándose exclusivamente en un peritaje de dos peritos contables de la Corte Suprema, uno de ellos muy criticado.
La tercera vergüenza la protagonizó el fiscal federal Eduardo Taiano al no apelar el sobreseimiento permitiendo, así, que el fallo quede firme y no pueda ser revisado.
Si la actitud de Oyarbide mereció justificados cuestionamientos y un pedido de juicio político -hace años que en su juzgado y en otros hay causas similares contra ex funcionarios de Carlos Menem-, la del fiscal Taiano es tanto o más grave, pues su pasividad es la que clausuró definitivamente toda posibilidad de una futura ampliación de la investigación.
En cuanto a la no apelación por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), ni siquiera vale la pena extenderse sobre ella. Desde la renuncia de su anterior titular Manuel Garrido, quien al abandonar el puesto dirigió graves acusaciones al procurador general de la Nación y jefe de todos los fiscales, Esteban Righi, la FIA ha caído en la intrascendencia y nada cabía esperar del sucesor de Garrido, Guillermo Noailles. Constitucionalistas de la talla de Daniel Sabsay hablaron del incumplimiento de sus deberes por parte de Taiano y de Noailles.
Había elementos para apelar, pues la declaración jurada presidencial encerraría transgresiones punibles. El alquiler de un hotel de El Calafate a un importante contratista de obra pública nacional entraña un conflicto de intereses para el matrimonio presidencial, para no hablar de sus montos absurdamente altos e injustificados.
Otro elemento es el de los intereses ganados por depósitos bancarios a plazo fijo en pesos y en dólares, con tasas que exceden más que holgadamente las del mercado. El tercer elemento es el de la venta de un terreno por 6.300.000 pesos, cuando dos años atrás se había pagado por él sólo 132.079 pesos en una compra personal y directa al municipio de Calafate. Surge una renta extraordinaria que supone el uso de una posición de poder para acceder a una propiedad fiscal a precios inferiores a los habituales.
Decíamos que probablemente la actitud de Taiano sea la más grave, y lo es porque, además, es la tercera vez que este fiscal favorece la impunidad de los Kirchner.
Taiano no apeló el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito en la causa que investigaba el juez Julián Ercolini, que comprendía el período de 1995 a 2004 y fue cerrada en 2005. En el expediente en el que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral analizaba la variación patrimonial de los Kirchner entre 2005 y 2007, Taiano fue quien pidió que se desestimara la denuncia por inexistencia del delito.
Es un deber de los fiscales apelar una sentencia endeble o poco exhaustiva, y lo es que, previamente, impulsen la investigación.
En los tribunales federales de Comodoro Py se ha barajado la posibilidad de que la complicidad de Taiano obedezca a una presunta amenaza dirigida contra un hijo suyo. De ser cierto, Taiano debería haber efectuado la denuncia y, de persistir su temor -comprensible desde todo punto de vista- debería haberse apartado de su fiscalía pidiendo el traslado a otra menos expuesta.
Sin embargo, su permanencia en el cargo, al igual que su reiterada inacción en beneficio de la Presidenta y su marido, permiten sospechar que no hay atenuantes para su actitud.
La impunidad ha quedado consagrada y Taiano no debería seguir siendo fiscal.
26 dic 2009
LA NACIÓN 26/12/09
Editorial I
La insultante defensa de un atropello
La embestida de Kirchner contra la prensa transparenta su deseo de destruir al otro antes que de construir algo mejor
De un ex presidente de la Nación, todo ciudadano de bien esperaría un discurso mesurado, capaz de sacar al pueblo del letargo de las antinomias que tanto daño le han hecho al país. No es el caso de Néstor Kirchner, quien tras los fallos judiciales que convalidaron el rechazo a la controvertida ley de medios, insistió en acusar a "algunos empresarios" de desestabilizadores y señaló enfáticamente al Grupo Clarín y a sus directivos.
Visto desde esa óptica sesgada, reducida a una disputa por una cuota de poder, aquel que, sea poderoso o no, se ve afectado por una norma y obtiene de la Justicia un fallo favorable, parecería convertirse en una suerte de réprobo que merece la condena del pueblo argentino. Es peligroso tomar al pie de la letra ese mensaje en una república que, se supone, respeta la división de poderes y en la que, se supone también, ninguno de ellos está sujeto a la altanería de una persona en particular, por caudillo o jefe que se crea.
De Kirchner y de su mujer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más allá de la difusa línea entre el poder real y el virtual, la gente espera la estatura suficiente para honrar la cultura cívica en lugar de tildar a un medio de comunicación, esencial para la vida democrática, de enemigo. Se alienta desde la cúspide del poder político una andanada de insultos y falacias en la cual alguien que se caracteriza por ser crispado acusa al otro de serlo, porque "basta ver las cosas que están escribiendo en sus medios", y alguien que siempre quiso manipular la opinión pública a su antojo acusa al otro de "ser cobarde y antidemocrático" por idéntica causa.
No es novedosa esta embestida de Kirchner contra los medios de comunicación ni contra los periodistas en general. Lamentablemente, lleva ya unos cuantos años y, por ello, es curioso, al menos, que no se haya dado cuenta del daño que provoca con un mensaje tan venenoso con el cual parece empeñado en liquidar un pleito personal. De ser cierto aquello que dice, en un país tan permisivo que lleva dos años engañado con las estadísticas del Indec y bastante más con promesas de obras no hechas, tampoco es el tono apropiado para exponerlo. Exabruptos de esa naturaleza le quitan toda seriedad a la llamada ley de medios.
Desde el 28 de junio, tras una derrota que la Presidenta pretendió interpretar e inculcar como una victoria de su marido, los Kirchner viven más ensimismados que nunca. La suma del poder público, alcanzada con un manejo arbitrario de fondos públicos en campañas electorales, no debería ser utilizada en forma imprudente con un léxico rayano en los malos modales en el cual el otro es el culpable de todo y ellos son los salvadores del país. La mirada hacia el pasado con la mera comparación entre su traspié electoral y los golpes de Estado de 1955 y 1976 poco y nada deja de edificante cuando, en perspectiva, la gente no quiere retroceder, sino avanzar. Parece que este deseo no es fácil de entender en la cima del poder.
Hasta es difícil determinar si, en realidad, es más importante la ley de medios o el encono de los Kirchner con la prensa y otros sectores de la sociedad que, de repente, son tachados de enemigos y golpistas.
Es irresponsable comparar a la Argentina de hoy con la que precedió a la última dictadura militar. Todos hemos aprendido la lección. Nadie estaría dispuesto a tolerar una interrupción del sistema democrático ni un gobierno que no sea el elegido por el pueblo.
Si los países exitosos superaron horrores de dimensiones planetarias, como el Holocausto, guerras civiles y bombas atómicas, ¿qué nos impide a los argentinos establecer pautas de convivencia superadoras? Regodearse con una ley por su aspecto negativo, como si sólo se tratara de destruir al otro en vez de construir algo mejor, refleja la verdadera intención de sus autores y, a su vez, nos pone en autos de que no se puede vivir endilgándole al otro toda la responsabilidad sobre el país que no pudo ser y que, de este modo, tampoco será (a pesar de que últimamente la sociedad da cada vez más señales de que sí quiere volver a serlo).
Será, en todo caso, un país que no ha cambiado en más de medio siglo, cuyo poder se mide en votos y cuyas leyes, al menos las más polémicas, deben ser avasallantes, casi humillantes, para ser efectivas. En la batalla que nos proponen los Kirchner, quizás ellos crean que son los ganadores, pero el gran perdedor es el país por medir su progreso en ver quién aplasta a quién hasta que, como si fuera una bomba de tiempo, no queden más que odios y divisiones.
Editorial I
La insultante defensa de un atropello
La embestida de Kirchner contra la prensa transparenta su deseo de destruir al otro antes que de construir algo mejor
De un ex presidente de la Nación, todo ciudadano de bien esperaría un discurso mesurado, capaz de sacar al pueblo del letargo de las antinomias que tanto daño le han hecho al país. No es el caso de Néstor Kirchner, quien tras los fallos judiciales que convalidaron el rechazo a la controvertida ley de medios, insistió en acusar a "algunos empresarios" de desestabilizadores y señaló enfáticamente al Grupo Clarín y a sus directivos.
Visto desde esa óptica sesgada, reducida a una disputa por una cuota de poder, aquel que, sea poderoso o no, se ve afectado por una norma y obtiene de la Justicia un fallo favorable, parecería convertirse en una suerte de réprobo que merece la condena del pueblo argentino. Es peligroso tomar al pie de la letra ese mensaje en una república que, se supone, respeta la división de poderes y en la que, se supone también, ninguno de ellos está sujeto a la altanería de una persona en particular, por caudillo o jefe que se crea.
De Kirchner y de su mujer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más allá de la difusa línea entre el poder real y el virtual, la gente espera la estatura suficiente para honrar la cultura cívica en lugar de tildar a un medio de comunicación, esencial para la vida democrática, de enemigo. Se alienta desde la cúspide del poder político una andanada de insultos y falacias en la cual alguien que se caracteriza por ser crispado acusa al otro de serlo, porque "basta ver las cosas que están escribiendo en sus medios", y alguien que siempre quiso manipular la opinión pública a su antojo acusa al otro de "ser cobarde y antidemocrático" por idéntica causa.
No es novedosa esta embestida de Kirchner contra los medios de comunicación ni contra los periodistas en general. Lamentablemente, lleva ya unos cuantos años y, por ello, es curioso, al menos, que no se haya dado cuenta del daño que provoca con un mensaje tan venenoso con el cual parece empeñado en liquidar un pleito personal. De ser cierto aquello que dice, en un país tan permisivo que lleva dos años engañado con las estadísticas del Indec y bastante más con promesas de obras no hechas, tampoco es el tono apropiado para exponerlo. Exabruptos de esa naturaleza le quitan toda seriedad a la llamada ley de medios.
Desde el 28 de junio, tras una derrota que la Presidenta pretendió interpretar e inculcar como una victoria de su marido, los Kirchner viven más ensimismados que nunca. La suma del poder público, alcanzada con un manejo arbitrario de fondos públicos en campañas electorales, no debería ser utilizada en forma imprudente con un léxico rayano en los malos modales en el cual el otro es el culpable de todo y ellos son los salvadores del país. La mirada hacia el pasado con la mera comparación entre su traspié electoral y los golpes de Estado de 1955 y 1976 poco y nada deja de edificante cuando, en perspectiva, la gente no quiere retroceder, sino avanzar. Parece que este deseo no es fácil de entender en la cima del poder.
Hasta es difícil determinar si, en realidad, es más importante la ley de medios o el encono de los Kirchner con la prensa y otros sectores de la sociedad que, de repente, son tachados de enemigos y golpistas.
Es irresponsable comparar a la Argentina de hoy con la que precedió a la última dictadura militar. Todos hemos aprendido la lección. Nadie estaría dispuesto a tolerar una interrupción del sistema democrático ni un gobierno que no sea el elegido por el pueblo.
Si los países exitosos superaron horrores de dimensiones planetarias, como el Holocausto, guerras civiles y bombas atómicas, ¿qué nos impide a los argentinos establecer pautas de convivencia superadoras? Regodearse con una ley por su aspecto negativo, como si sólo se tratara de destruir al otro en vez de construir algo mejor, refleja la verdadera intención de sus autores y, a su vez, nos pone en autos de que no se puede vivir endilgándole al otro toda la responsabilidad sobre el país que no pudo ser y que, de este modo, tampoco será (a pesar de que últimamente la sociedad da cada vez más señales de que sí quiere volver a serlo).
Será, en todo caso, un país que no ha cambiado en más de medio siglo, cuyo poder se mide en votos y cuyas leyes, al menos las más polémicas, deben ser avasallantes, casi humillantes, para ser efectivas. En la batalla que nos proponen los Kirchner, quizás ellos crean que son los ganadores, pero el gran perdedor es el país por medir su progreso en ver quién aplasta a quién hasta que, como si fuera una bomba de tiempo, no queden más que odios y divisiones.
LA NACIÓN, 26/12/09
UN MERCOSUR CON VENEZUELA
Julio María Sanguinetti
Finalmente, el Senado brasileño dio su aprobación al ingreso de Venezuela en el Mercosur, después de tres años de idas y venidas, en los que una mayoría muy hostil retuvo la decisión. La mayoría logró ahora culminar con el proceso de adhesión, al que sólo le resta la aprobación de Paraguay, donde, por el momento, la actitud parlamentaria es negativa.
El episodio es relevante. Cambia los equilibrios internos del Mercosur, su imagen hacia el exterior y hasta su estilo. Esto resulta es particularmente grave en el contexto de un Mercosur estancado, que no avanza en las coordinaciones macroeconómicas.
Dentro del actual Mercosur, la Argentina y Brasil viven en un clima de represalias comerciales recíprocas y Uruguay sufre el insólito cierre de un puente internacional sobre el río Uruguay desde hace tres años, aun contra la decisión de los tribunales regionales.
Ante todo, cabría preguntarse si es compatible la economía venezolana con los acuerdos del Mercosur, cuya esencia es la libertad comercial, la "libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países", como reza el artículo primero del tratado constitutivo.
Es obvio que este sistema no puede funcionar con un país que fija cupos de importación, certificados previos y autorizaciones caso por caso para comprar la moneda extranjera correspondiente a una importación.
El Mercosur, además, como toda zona de libre comercio, tiene un arancel externo común, que regula las importaciones desde fuera del área y del cual ni se ha hablado. Incongruencias, todas ellas, que aparecen como la natural consecuencia de que el Mercosur es un acuerdo entre países de economía de mercado y, notoriamente, el comandante Chávez está construyendo el socialismo del siglo XXI sobre la base de una economía ampliamente intervenida por el Estado.
Nadie ha negociado nada, y alegremente marchamos adelante sin saber bien adónde y para qué. O sea que Venezuela no podrá cumplir con la libertad comercial del Mercosur y nada les ofrecerá de nuevo a sus restantes socios.
No olvidemos tampoco que México solicitó su incorporación hace muchos años, sin que nadie le haya respondido. Como es lógico, lo hizo cuando el Mercosur dejó de ser sureño y emprendió este proyecto por el hemisferio norte de América del Sur.
Si esto ocurre en lo económico, mucho peor resulta el tema en el ámbito político. Para empezar, el Protocolo de Ushuaia exige a los socios "la plena vigencia de las instituciones democráticas". ¿Puede afirmarse esto de un país en el que se cancela la principal cadena de televisión y en el que se prohíbe la participación de centenares de candidatos a cargos parlamentarios? ¿No habría razones, por lo menos, para esperar?
El gobierno venezolano, por otra parte, sigue una política exterior signada por un antiyanquismo militante, que no es la política de ninguno de los socios. Practica, además, un estilo que rompe con todos los códigos del derecho internacional.
El presidente Chávez se introduce en la política interna de los países, comenta sus actos, amenaza y hasta insulta, como lo hizo el otro día, en Copenhague, nada menos que al presidente de los Estados Unidos.
¿Es bueno, es saludable, introducir en una organización como la nuestra, de tan trabajosa andadura, los conflictos que genera esta verborragia improvisadora? ¿Qué le diremos a Colombia cuando salga con sus discursos y agresiones, antes o después de cada cumbre? ¿Nuestros gobiernos no se sienten incómodos, cuando es notorio que su aproximación a Venezuela se basa en una grosera diplomacia de chequera?
Ingresada en nuestro espacio sin que le hayamos exigido contrapartida alguna, Venezuela adquiere, además, un poder de veto sobre nuestras decisiones. Poco o nada se ha hablado de este tema, que pasa a ser central.
El Mercosur es un acuerdo de países del Cono Sur, vecinos y demócratas, realmente compatibles. ¿Cuál es la necesidad de incorporar a quien notoriamente está movido por otros intereses? Chávez quiere fortalecer el ALBA, o sea, el eje populista del continente, y arrastrar al Mercosur a su zona de influencia. Está en su derecho de intentarlo. Pero ello es contradictorio con la política de nuestros Estados, dificultará su inserción con otros espacios económicos y mostrará al mundo internacional el feo rostro de la peor América latina: la del autoritarismo, la de los gobernantes personalistas y exhibicionistas, la de la demagogia irresponsable.
Con superficialidad, se dice que una cosa es Venezuela y otra el gobierno actual. Por supuesto, una cosa es España y otra era Franco, pero si hoy siguiera gobernando el "Caudillo por la Gracia de Dios", la Madre Patria no estaría en la Unión Europea. Con la misma banalidad se dice que más vale tenerlo cerca que lejos, como si no pudiera manejarse esta relación como hasta hoy, sin añadir a nuestro acuerdo a quien transita por tan peligrosos caminos. Da la impresión de que hay gobernantes que les temen a sus insultos y visten eso con la presunta estrategia inteligente de no aislar a quien tiene acceso a todos los ámbitos de actuación. Pero él no tiene por qué ser socio de aquellos Estados que viven la democracia en su realidad.
Infortunadamente, como dijo días pasados O Globo , ahora "evitar el suicidio del Mercosur está en manos del Senado de Paraguay". No deberíamos haber llegado a ese punto.
© LA NACION
El autor fue dos veces presidente de la República Oriental del Uruguay.
UN MERCOSUR CON VENEZUELA
Julio María Sanguinetti
Finalmente, el Senado brasileño dio su aprobación al ingreso de Venezuela en el Mercosur, después de tres años de idas y venidas, en los que una mayoría muy hostil retuvo la decisión. La mayoría logró ahora culminar con el proceso de adhesión, al que sólo le resta la aprobación de Paraguay, donde, por el momento, la actitud parlamentaria es negativa.
El episodio es relevante. Cambia los equilibrios internos del Mercosur, su imagen hacia el exterior y hasta su estilo. Esto resulta es particularmente grave en el contexto de un Mercosur estancado, que no avanza en las coordinaciones macroeconómicas.
Dentro del actual Mercosur, la Argentina y Brasil viven en un clima de represalias comerciales recíprocas y Uruguay sufre el insólito cierre de un puente internacional sobre el río Uruguay desde hace tres años, aun contra la decisión de los tribunales regionales.
Ante todo, cabría preguntarse si es compatible la economía venezolana con los acuerdos del Mercosur, cuya esencia es la libertad comercial, la "libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países", como reza el artículo primero del tratado constitutivo.
Es obvio que este sistema no puede funcionar con un país que fija cupos de importación, certificados previos y autorizaciones caso por caso para comprar la moneda extranjera correspondiente a una importación.
El Mercosur, además, como toda zona de libre comercio, tiene un arancel externo común, que regula las importaciones desde fuera del área y del cual ni se ha hablado. Incongruencias, todas ellas, que aparecen como la natural consecuencia de que el Mercosur es un acuerdo entre países de economía de mercado y, notoriamente, el comandante Chávez está construyendo el socialismo del siglo XXI sobre la base de una economía ampliamente intervenida por el Estado.
Nadie ha negociado nada, y alegremente marchamos adelante sin saber bien adónde y para qué. O sea que Venezuela no podrá cumplir con la libertad comercial del Mercosur y nada les ofrecerá de nuevo a sus restantes socios.
No olvidemos tampoco que México solicitó su incorporación hace muchos años, sin que nadie le haya respondido. Como es lógico, lo hizo cuando el Mercosur dejó de ser sureño y emprendió este proyecto por el hemisferio norte de América del Sur.
Si esto ocurre en lo económico, mucho peor resulta el tema en el ámbito político. Para empezar, el Protocolo de Ushuaia exige a los socios "la plena vigencia de las instituciones democráticas". ¿Puede afirmarse esto de un país en el que se cancela la principal cadena de televisión y en el que se prohíbe la participación de centenares de candidatos a cargos parlamentarios? ¿No habría razones, por lo menos, para esperar?
El gobierno venezolano, por otra parte, sigue una política exterior signada por un antiyanquismo militante, que no es la política de ninguno de los socios. Practica, además, un estilo que rompe con todos los códigos del derecho internacional.
El presidente Chávez se introduce en la política interna de los países, comenta sus actos, amenaza y hasta insulta, como lo hizo el otro día, en Copenhague, nada menos que al presidente de los Estados Unidos.
¿Es bueno, es saludable, introducir en una organización como la nuestra, de tan trabajosa andadura, los conflictos que genera esta verborragia improvisadora? ¿Qué le diremos a Colombia cuando salga con sus discursos y agresiones, antes o después de cada cumbre? ¿Nuestros gobiernos no se sienten incómodos, cuando es notorio que su aproximación a Venezuela se basa en una grosera diplomacia de chequera?
Ingresada en nuestro espacio sin que le hayamos exigido contrapartida alguna, Venezuela adquiere, además, un poder de veto sobre nuestras decisiones. Poco o nada se ha hablado de este tema, que pasa a ser central.
El Mercosur es un acuerdo de países del Cono Sur, vecinos y demócratas, realmente compatibles. ¿Cuál es la necesidad de incorporar a quien notoriamente está movido por otros intereses? Chávez quiere fortalecer el ALBA, o sea, el eje populista del continente, y arrastrar al Mercosur a su zona de influencia. Está en su derecho de intentarlo. Pero ello es contradictorio con la política de nuestros Estados, dificultará su inserción con otros espacios económicos y mostrará al mundo internacional el feo rostro de la peor América latina: la del autoritarismo, la de los gobernantes personalistas y exhibicionistas, la de la demagogia irresponsable.
Con superficialidad, se dice que una cosa es Venezuela y otra el gobierno actual. Por supuesto, una cosa es España y otra era Franco, pero si hoy siguiera gobernando el "Caudillo por la Gracia de Dios", la Madre Patria no estaría en la Unión Europea. Con la misma banalidad se dice que más vale tenerlo cerca que lejos, como si no pudiera manejarse esta relación como hasta hoy, sin añadir a nuestro acuerdo a quien transita por tan peligrosos caminos. Da la impresión de que hay gobernantes que les temen a sus insultos y visten eso con la presunta estrategia inteligente de no aislar a quien tiene acceso a todos los ámbitos de actuación. Pero él no tiene por qué ser socio de aquellos Estados que viven la democracia en su realidad.
Infortunadamente, como dijo días pasados O Globo , ahora "evitar el suicidio del Mercosur está en manos del Senado de Paraguay". No deberíamos haber llegado a ese punto.
© LA NACION
El autor fue dos veces presidente de la República Oriental del Uruguay.
29 nov 2009
MIENTRAS LOS ÁNGELES LLORAN
Nuestra muy particular presidente ha viajado a Roma. El motivo fueron los 25 años de la firma del tratado de paz con Chile, luego de la mediación santamente ejercida por Juan Pablo II.
Doña Kristina ha coincidido allí con su par chilena, absolutamente distante de ella en su estilo, su discreción y su arreglo personal, sin hablar de la representatividad popular de una y de otra. Tal vez todo sirvió sólo para una foto. La "reina" argentina tenía que dar la nota. Para eso nada mejor que lucir una vistosa capelina negra, más propia de las mujeres de la realeza o de la farándula cuando asisten a un funeral que de una jefa de estado en viaje protocolar.
La comitiva argentina fue para el terror. ¿Qué tenían que hacer allí, pagados por nosotros, Hugo Moyano y sus hijos? ¿Qué tenía que hacer la falsa abuela Estela de Carlotto, que además de recibir fabulosos subsidios anuales del erario público ahora nos cobra custodia personal? ¿Qué tenían que hacer allí el hijo del ex presidente Alfonsín, Ricardo, y su primo obispo?
Tampoco resultaba apropiada la figura del canciller Jorge Taiana, que durante buena parte de su vida se ha mostrado más partidario del conflicto que de la paz, cargando sobre sus espaldas, por lo menos, dos muertes de su pasado montonero. No se conoce que alguno de estos personajes haya manifestado públicamente sus deseos de convivir en paz, interna o externamente. Por el contrario, tanto Moyano como Carlotto (y en otro tiempo Taiana), son los grandes impulsores de la confrontación cotidiana en el país. El único que hubiera faltado para completar el cuadro del absurdo era Luis D'Elía.
El tratado de paz con Chile se firmó en 1984 entre el ex presidente Alfonsín y Augusto Pinochet, quien, luego de plebiscitar dos veces su gestión, entregó el poder a Patricio Aylwin en 1990. No debemos olvidar que Aylwin y sus sucesores no se atrevieron a modificar un ápice de la política económica pergeñada en tiempos del “dictador” por la mente brillante de un joven con aspecto adolescente: Hernán Büchi.
Nadie recuerda que el acatamiento a someterse al arbitraje papal no sólo fue firmado por Augusto Pinochet, sino también por Jorge Rafael Videla, es decir por dos dictadores, calificación a la que -curiosamente- no se han hecho acreedores Fidel Castro, Daniel Ortega ni Hugo Chávez Frías. Ahora todos los méritos son para los “demócratas” que vinieron después, ya que quienes en ese entonces vestían algún uniforme deben ser denostados impiadosamente.
Olvidamos los argentinos que Raúl Alfonsín, previo a la firma del acuerdo, mandó a su canciller, Dante Caputo, a debatir con un ya bastante senil Vicente Leónidas Saadi, dando lugar a un inolvidable programa televisivo que hoy sería la envidia de Marcelo Tinelli.
También hemos olvidado los argentinos que fuimos citados a las urnas en un referéndum “no vinculante”, en el que ganó el sí al acuerdo por una amplia mayoría, luego de una avasallante publicidad oficial que mostraba los “horrores de la guerra.”
Resumiendo: el fin de las hostilidades entre Argentina y Chile surge de un acuerdo entre dos “dictadores”, Videla y Pinochet, precisamente quienes hoy no reciben la menor mención por parte de los políticos de turno, y lo sellan un “dictador” y el “padre de la democracia” Raúl Alfonsín.
Que Cristina Fernández, quien en aquellos momentos se mostraba contraria a la paz, reciba hoy el agasajo vaticano olvidándose adrede de sus verdaderos mentores, parece un despropósito. Como patriotas y creyentes esperamos que algún día no muy lejano Dios y la Patria, efectivamente, se lo demanden.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
Nuestra muy particular presidente ha viajado a Roma. El motivo fueron los 25 años de la firma del tratado de paz con Chile, luego de la mediación santamente ejercida por Juan Pablo II.
Doña Kristina ha coincidido allí con su par chilena, absolutamente distante de ella en su estilo, su discreción y su arreglo personal, sin hablar de la representatividad popular de una y de otra. Tal vez todo sirvió sólo para una foto. La "reina" argentina tenía que dar la nota. Para eso nada mejor que lucir una vistosa capelina negra, más propia de las mujeres de la realeza o de la farándula cuando asisten a un funeral que de una jefa de estado en viaje protocolar.
La comitiva argentina fue para el terror. ¿Qué tenían que hacer allí, pagados por nosotros, Hugo Moyano y sus hijos? ¿Qué tenía que hacer la falsa abuela Estela de Carlotto, que además de recibir fabulosos subsidios anuales del erario público ahora nos cobra custodia personal? ¿Qué tenían que hacer allí el hijo del ex presidente Alfonsín, Ricardo, y su primo obispo?
Tampoco resultaba apropiada la figura del canciller Jorge Taiana, que durante buena parte de su vida se ha mostrado más partidario del conflicto que de la paz, cargando sobre sus espaldas, por lo menos, dos muertes de su pasado montonero. No se conoce que alguno de estos personajes haya manifestado públicamente sus deseos de convivir en paz, interna o externamente. Por el contrario, tanto Moyano como Carlotto (y en otro tiempo Taiana), son los grandes impulsores de la confrontación cotidiana en el país. El único que hubiera faltado para completar el cuadro del absurdo era Luis D'Elía.
El tratado de paz con Chile se firmó en 1984 entre el ex presidente Alfonsín y Augusto Pinochet, quien, luego de plebiscitar dos veces su gestión, entregó el poder a Patricio Aylwin en 1990. No debemos olvidar que Aylwin y sus sucesores no se atrevieron a modificar un ápice de la política económica pergeñada en tiempos del “dictador” por la mente brillante de un joven con aspecto adolescente: Hernán Büchi.
Nadie recuerda que el acatamiento a someterse al arbitraje papal no sólo fue firmado por Augusto Pinochet, sino también por Jorge Rafael Videla, es decir por dos dictadores, calificación a la que -curiosamente- no se han hecho acreedores Fidel Castro, Daniel Ortega ni Hugo Chávez Frías. Ahora todos los méritos son para los “demócratas” que vinieron después, ya que quienes en ese entonces vestían algún uniforme deben ser denostados impiadosamente.
Olvidamos los argentinos que Raúl Alfonsín, previo a la firma del acuerdo, mandó a su canciller, Dante Caputo, a debatir con un ya bastante senil Vicente Leónidas Saadi, dando lugar a un inolvidable programa televisivo que hoy sería la envidia de Marcelo Tinelli.
También hemos olvidado los argentinos que fuimos citados a las urnas en un referéndum “no vinculante”, en el que ganó el sí al acuerdo por una amplia mayoría, luego de una avasallante publicidad oficial que mostraba los “horrores de la guerra.”
Resumiendo: el fin de las hostilidades entre Argentina y Chile surge de un acuerdo entre dos “dictadores”, Videla y Pinochet, precisamente quienes hoy no reciben la menor mención por parte de los políticos de turno, y lo sellan un “dictador” y el “padre de la democracia” Raúl Alfonsín.
Que Cristina Fernández, quien en aquellos momentos se mostraba contraria a la paz, reciba hoy el agasajo vaticano olvidándose adrede de sus verdaderos mentores, parece un despropósito. Como patriotas y creyentes esperamos que algún día no muy lejano Dios y la Patria, efectivamente, se lo demanden.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
20 nov 2009
LA NACIÓN - 20/11/2009
Editorial I
LA ARGENTINA, ENTRE LOS MÁS CORRUPTOS
La impunidad es una de las causas de que nuestro país ocupe uno de los peores sitios en el ranking mundial de corrupción
Como en años anteriores, la Argentina ha vuelto a ocupar uno de los últimos lugares en el ranking mundial de la corrupción que elabora Transparencia Internacional con la colaboración, en el caso argentino, de la Fundación Poder Ciudadano.
La pésima calificación obtenida seguramente sorprenda a pocos en un país donde los escándalos se suceden sin pausa: los sobreprecios y las coimas en la ampliación de los gasoductos del caso Skanska; el jet privado atribuido a Ricardo Jaime; los millones de dólares que el venezolano Antonini Wilson trajo desde Caracas en compañía del kirchnerista Claudio Uberti; los medicamentos adulterados; las declaraciones juradas de bienes de los Kirchner que no explican su impresionante crecimiento patrimonial, y la lista podría seguir.
En efecto, el Indice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional ubica a la Argentina en 2008, y por quinto año consecutivo, en el peor grupo de América latina. Nuestro país obtuvo 2,9 puntos sobre 10, lo que "demuestra un serio problema de corrupción", dice el informe, y agrega que, sobre un total de 180 países evaluados, nos corresponde el 106° puesto.
Esa ubicación la compartimos con Benin, Gabón, Gambia y Níger. "La Argentina se mantiene firme en el aplazo", se lamentó la presidenta de Poder Ciudadano, Delia Ferreira Rubio, quien atribuyó la magra ubicación a muchas causas, como la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, la concentración de poder en el Ejecutivo, la permanencia de los superpoderes en manos del jefe de Gabinete, así como la manipulación de las cifras del Indec y la política de restringir el acceso a la información pública.
En el índice, Canadá figura con la imagen más limpia y se ubica entre los 10 mejores países a nivel global, y luego se destacan Estados Unidos (19°), Chile y Uruguay (ambos en el 25°), Cuba (61°) y Brasil, Colombia y Perú (los tres en el puesto 75°).
Como dijimos, estos índices de Transparencia Internacional no miden la corrupción en sí, pues es algo muy difícil de cuantificar debido a que muchos delitos jamás trascienden por no ser denunciados. Lo que miden es la percepción que existe en los países respecto de la corrupción en el ámbito público.
Y tienen consecuencias prácticas, porque este tipo de informes son utilizados por gobiernos extranjeros, organismos de crédito internacional y empresas cuando llega el momento de otorgar créditos o decidir dónde realizar inversiones.
Por desgracia, pero no por casualidad, la corrupción se ha enquistado en la Argentina, y quizá la causa haya que buscarla en la casi nula efectividad de la Justicia para investigarla y sancionarla.
Es en la impunidad donde radica su triunfo. Es la impunidad la que retroalimenta el fenómeno de la corrupción. Son pocos los casos que se denuncian y, de éstos, muchos menos los que llegan a juicio y a una sentencia. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) ha revelado que las 750 causas por corrupción de los últimos 25 años se prolongan durante un promedio de 14 años. En muchos casos, los expedientes prescriben por el camino e incluso hay varios casos de ex funcionarios procesados que fallecen mientras se sustancia la investigación.
De esta manera, los corruptos saben que corren pocos riesgos de ser descubiertos y, si eso ocurre, menos riesgo corren de ser sancionados.
Aunque la tarea para revertir esta dolorosa realidad parezca ímproba, urge iniciarla cuanto antes, y es preciso comenzar en la Justicia, dotándola de los medios y el personal adecuados y divulgando la lista de jueces que demoran los expedientes sobre corrupción, para luego proceder, si cabe, a su sanción.
Editorial I
LA ARGENTINA, ENTRE LOS MÁS CORRUPTOS
La impunidad es una de las causas de que nuestro país ocupe uno de los peores sitios en el ranking mundial de corrupción
Como en años anteriores, la Argentina ha vuelto a ocupar uno de los últimos lugares en el ranking mundial de la corrupción que elabora Transparencia Internacional con la colaboración, en el caso argentino, de la Fundación Poder Ciudadano.
La pésima calificación obtenida seguramente sorprenda a pocos en un país donde los escándalos se suceden sin pausa: los sobreprecios y las coimas en la ampliación de los gasoductos del caso Skanska; el jet privado atribuido a Ricardo Jaime; los millones de dólares que el venezolano Antonini Wilson trajo desde Caracas en compañía del kirchnerista Claudio Uberti; los medicamentos adulterados; las declaraciones juradas de bienes de los Kirchner que no explican su impresionante crecimiento patrimonial, y la lista podría seguir.
En efecto, el Indice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional ubica a la Argentina en 2008, y por quinto año consecutivo, en el peor grupo de América latina. Nuestro país obtuvo 2,9 puntos sobre 10, lo que "demuestra un serio problema de corrupción", dice el informe, y agrega que, sobre un total de 180 países evaluados, nos corresponde el 106° puesto.
Esa ubicación la compartimos con Benin, Gabón, Gambia y Níger. "La Argentina se mantiene firme en el aplazo", se lamentó la presidenta de Poder Ciudadano, Delia Ferreira Rubio, quien atribuyó la magra ubicación a muchas causas, como la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, la concentración de poder en el Ejecutivo, la permanencia de los superpoderes en manos del jefe de Gabinete, así como la manipulación de las cifras del Indec y la política de restringir el acceso a la información pública.
En el índice, Canadá figura con la imagen más limpia y se ubica entre los 10 mejores países a nivel global, y luego se destacan Estados Unidos (19°), Chile y Uruguay (ambos en el 25°), Cuba (61°) y Brasil, Colombia y Perú (los tres en el puesto 75°).
Como dijimos, estos índices de Transparencia Internacional no miden la corrupción en sí, pues es algo muy difícil de cuantificar debido a que muchos delitos jamás trascienden por no ser denunciados. Lo que miden es la percepción que existe en los países respecto de la corrupción en el ámbito público.
Y tienen consecuencias prácticas, porque este tipo de informes son utilizados por gobiernos extranjeros, organismos de crédito internacional y empresas cuando llega el momento de otorgar créditos o decidir dónde realizar inversiones.
Por desgracia, pero no por casualidad, la corrupción se ha enquistado en la Argentina, y quizá la causa haya que buscarla en la casi nula efectividad de la Justicia para investigarla y sancionarla.
Es en la impunidad donde radica su triunfo. Es la impunidad la que retroalimenta el fenómeno de la corrupción. Son pocos los casos que se denuncian y, de éstos, muchos menos los que llegan a juicio y a una sentencia. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) ha revelado que las 750 causas por corrupción de los últimos 25 años se prolongan durante un promedio de 14 años. En muchos casos, los expedientes prescriben por el camino e incluso hay varios casos de ex funcionarios procesados que fallecen mientras se sustancia la investigación.
De esta manera, los corruptos saben que corren pocos riesgos de ser descubiertos y, si eso ocurre, menos riesgo corren de ser sancionados.
Aunque la tarea para revertir esta dolorosa realidad parezca ímproba, urge iniciarla cuanto antes, y es preciso comenzar en la Justicia, dotándola de los medios y el personal adecuados y divulgando la lista de jueces que demoran los expedientes sobre corrupción, para luego proceder, si cabe, a su sanción.
17 nov 2009
EL NUEVO TERRORISMO DE ESTADO
El terrorismo de estado por parte de un gobierno, ya sea de iure o de facto, consiste en el empleo de métodos ilegales para obtener ciertos fines, “justificados” por una cierta circunstancia. Las formas utilizadas para meter miedo a la población incluyen, entre otros medios, la persecución y el hostigamiento a través del secuestro, la tortura y la muerte, objetivos que se alcanzan fomentando la delación de unos vecinos sobre otros en una comunidad determinada. Una sociedad atemorizada es una sociedad fácilmente dominada por los poderes del estado, al punto de quedar absolutamente indefensa y a merced de los gobernantes de turno.
En la Argentina del tercer milenio se verifica una situación particular, el kirchnerato, que consiste en el traspaso de la banda presidencial de un cónyuge a otro, ambos blandiendo la suma del poder público concedida por un congreso obsecuente, constitucionalmente pasibles de ser declarados infames traidores a la patria, avala con sus actitudes ignominiosas persecuciones selectivas a miembros de las fuerzas armadas, de la iglesia, el campo, la prensa o, ahora, la farándula.
De esta forma, cualquier ciudadano argentino que se manifieste en contra de la irritante demagogia del matrimonio K es inmediatamente mandado a investigar por la AFIP, a fin de ser perseguido económicamente y expuesta públicamente su situación tributaria para generar, a su vez, el resentimiento y el rechazo de los sectores postergados.
En la Alemania nazi, el déspota Adolf Hitler instauró entre 1933 y 1945 un régimen totalitario que basaba su poder en el amedrentamiento y la persecución de quienes se consideraban “enemigos” del pueblo. Así, poco a poco los ciudadanos fueron perdiendo las libertades civiles y volviéndose esclavos de un régimen que se apoyaba en la violencia de fuerzas paramilitares para imponer la ideología fascista, copiada de la italiana de Benito Mussolini. En el estado hitleriano el disenso estaba absolutamente prohibido y la censura era moneda corriente en todos los aspectos de la vida diaria.
De la misma forma, el comunismo ruso y el chino persiguieron a los “enemigos del pueblo” entre 1917 y 1987, calculándose que esta ideología –esta vez de izquierda−, asesinó en estos dos países a por lo menos cien millones de seres humanos, condenados a muerte por el sólo hecho de disentir de estos oprobiosos regímenes totalitarios.
Cayó el muro de Berlín hace 20 años, pero los retoños de aquel régimen siguen vivos. En Asia, en Corea del Norte. En la sufrida África, en varias "islas". Y en América, en Cuba y sus nuevos hijos: Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y ahora también Argentina. Ninguno de esos gobiernos es comparable a otros de izquierda pero razonables, como los de Brasil, Uruguay y Chile.
En Argentina, durante los últimos seis años han engrosado las cárceles del estado numerosos militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar que se extendió entre 1976 y 1983, amén de las drásticas reducciones al presupuesto militar, lo que ha colocado al país en una endeble posición en cuanto a la seguridad interna y externa.
Las críticas de la iglesia católica a los desmanejos de las políticas económicas y sociales del kirchnerato han provocado frecuentes malestares en la dirigencia, que, como contrapartida se ha regodeado en desplantes y refutaciones al pensamiento de la jerarquía de la iglesia.
En 2008, el campo argentino se rebeló contra expoliación sufrida sobre sus legítimas ganancias, fruto del esforzado trabajo de su gente, harta de ser los proveedores de recursos para la caja del despilfarro nacional. El gobierno K reaccionó presionando a sus máximos dirigentes a través de la Afip y exponiendo públicamente su situación tributaria, además de postergar indefinidamente el diálogo con la mesa de enlace, haciendo retroceder al histórico “granero del mundo” y uno de los principales países exportadores de carne vacuna del planeta a los primeros años del siglo XX, además de producir el deliberado quebranto de miles de explotaciones agrícolas.
En 2009 el kirchnerato encontró un nuevo enemigo que debía ser acallado: la prensa. Mediante la ley de medios y un sinfín de artilugios tramposos, la gestión de Néstor y Cristina se dedicó a perseguir con particular esmero a los dos principales diarios del país, amén de ciertas revistas y medios audiovisuales que no coinciden con el pensamiento oficial. También fueron censurados importantes periodistas y hombres de prensa cuyas opiniones no eran del agrado del matrimonio presidencial.
Pero el adversario impensado surgió de un sector de la sociedad tradicionalmente indiferente o acomodaticio al poder de turno: la farándula, que salió a cuestionar la tremenda inseguridad reinante, producto de las desacertadas políticas del gobierno empeñado en la no represión del delito, por grave que éste sea. El kirchnerato reaccionó también inmediatamente solicitando a la Afip los expedientes de los principales artistas cuestionadores, en un intento por exponerlos a la ira popular.
Sin nuevos enemigos a la vista y agotados los recursos de la caja, los Kirchner pasan sus días ocupados en aumentar cada vez más el clima de exasperación social que surge del colosal desmanejo de la cosa pública y del despilfarro de los bienes del Estado, confiados en que podrán manipular al monstruo, que no es otro que el integrado por las bandas armadas de piqueteros pagos y por poderosos sindicalistas de dudosa honestidad, que amenazan al resto de la población con paros y actos intimidatorios, imponiendo en toda la extensión del país un régimen del terror que por momentos parece acercarse al de la Francia de Robespierre. Lo que seguramente no han previsto los K es que, como Robespierre, pueden terminar siendo las víctimas de su propio fanatismo ya que el péndulo, inexorablemente, tiende a volver a su posición natural. Y deberían pensar también que puede pasarse al otro lado y que pueden tener el mismo destino final de Nicolás y Elena Ceaucescu.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
El terrorismo de estado por parte de un gobierno, ya sea de iure o de facto, consiste en el empleo de métodos ilegales para obtener ciertos fines, “justificados” por una cierta circunstancia. Las formas utilizadas para meter miedo a la población incluyen, entre otros medios, la persecución y el hostigamiento a través del secuestro, la tortura y la muerte, objetivos que se alcanzan fomentando la delación de unos vecinos sobre otros en una comunidad determinada. Una sociedad atemorizada es una sociedad fácilmente dominada por los poderes del estado, al punto de quedar absolutamente indefensa y a merced de los gobernantes de turno.
En la Argentina del tercer milenio se verifica una situación particular, el kirchnerato, que consiste en el traspaso de la banda presidencial de un cónyuge a otro, ambos blandiendo la suma del poder público concedida por un congreso obsecuente, constitucionalmente pasibles de ser declarados infames traidores a la patria, avala con sus actitudes ignominiosas persecuciones selectivas a miembros de las fuerzas armadas, de la iglesia, el campo, la prensa o, ahora, la farándula.
De esta forma, cualquier ciudadano argentino que se manifieste en contra de la irritante demagogia del matrimonio K es inmediatamente mandado a investigar por la AFIP, a fin de ser perseguido económicamente y expuesta públicamente su situación tributaria para generar, a su vez, el resentimiento y el rechazo de los sectores postergados.
En la Alemania nazi, el déspota Adolf Hitler instauró entre 1933 y 1945 un régimen totalitario que basaba su poder en el amedrentamiento y la persecución de quienes se consideraban “enemigos” del pueblo. Así, poco a poco los ciudadanos fueron perdiendo las libertades civiles y volviéndose esclavos de un régimen que se apoyaba en la violencia de fuerzas paramilitares para imponer la ideología fascista, copiada de la italiana de Benito Mussolini. En el estado hitleriano el disenso estaba absolutamente prohibido y la censura era moneda corriente en todos los aspectos de la vida diaria.
De la misma forma, el comunismo ruso y el chino persiguieron a los “enemigos del pueblo” entre 1917 y 1987, calculándose que esta ideología –esta vez de izquierda−, asesinó en estos dos países a por lo menos cien millones de seres humanos, condenados a muerte por el sólo hecho de disentir de estos oprobiosos regímenes totalitarios.
Cayó el muro de Berlín hace 20 años, pero los retoños de aquel régimen siguen vivos. En Asia, en Corea del Norte. En la sufrida África, en varias "islas". Y en América, en Cuba y sus nuevos hijos: Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y ahora también Argentina. Ninguno de esos gobiernos es comparable a otros de izquierda pero razonables, como los de Brasil, Uruguay y Chile.
En Argentina, durante los últimos seis años han engrosado las cárceles del estado numerosos militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar que se extendió entre 1976 y 1983, amén de las drásticas reducciones al presupuesto militar, lo que ha colocado al país en una endeble posición en cuanto a la seguridad interna y externa.
Las críticas de la iglesia católica a los desmanejos de las políticas económicas y sociales del kirchnerato han provocado frecuentes malestares en la dirigencia, que, como contrapartida se ha regodeado en desplantes y refutaciones al pensamiento de la jerarquía de la iglesia.
En 2008, el campo argentino se rebeló contra expoliación sufrida sobre sus legítimas ganancias, fruto del esforzado trabajo de su gente, harta de ser los proveedores de recursos para la caja del despilfarro nacional. El gobierno K reaccionó presionando a sus máximos dirigentes a través de la Afip y exponiendo públicamente su situación tributaria, además de postergar indefinidamente el diálogo con la mesa de enlace, haciendo retroceder al histórico “granero del mundo” y uno de los principales países exportadores de carne vacuna del planeta a los primeros años del siglo XX, además de producir el deliberado quebranto de miles de explotaciones agrícolas.
En 2009 el kirchnerato encontró un nuevo enemigo que debía ser acallado: la prensa. Mediante la ley de medios y un sinfín de artilugios tramposos, la gestión de Néstor y Cristina se dedicó a perseguir con particular esmero a los dos principales diarios del país, amén de ciertas revistas y medios audiovisuales que no coinciden con el pensamiento oficial. También fueron censurados importantes periodistas y hombres de prensa cuyas opiniones no eran del agrado del matrimonio presidencial.
Pero el adversario impensado surgió de un sector de la sociedad tradicionalmente indiferente o acomodaticio al poder de turno: la farándula, que salió a cuestionar la tremenda inseguridad reinante, producto de las desacertadas políticas del gobierno empeñado en la no represión del delito, por grave que éste sea. El kirchnerato reaccionó también inmediatamente solicitando a la Afip los expedientes de los principales artistas cuestionadores, en un intento por exponerlos a la ira popular.
Sin nuevos enemigos a la vista y agotados los recursos de la caja, los Kirchner pasan sus días ocupados en aumentar cada vez más el clima de exasperación social que surge del colosal desmanejo de la cosa pública y del despilfarro de los bienes del Estado, confiados en que podrán manipular al monstruo, que no es otro que el integrado por las bandas armadas de piqueteros pagos y por poderosos sindicalistas de dudosa honestidad, que amenazan al resto de la población con paros y actos intimidatorios, imponiendo en toda la extensión del país un régimen del terror que por momentos parece acercarse al de la Francia de Robespierre. Lo que seguramente no han previsto los K es que, como Robespierre, pueden terminar siendo las víctimas de su propio fanatismo ya que el péndulo, inexorablemente, tiende a volver a su posición natural. Y deberían pensar también que puede pasarse al otro lado y que pueden tener el mismo destino final de Nicolás y Elena Ceaucescu.
Raquel E. Consigli
Horacio Martínez Paz
LA NACIÓN - 17/11/2009
Carta de lectores
Tristes conclusiones
Señor Director:
"El excelente reportaje publicado en LA NACION que Ricardo Carpena le hizo a la presidenta Bachelet nos muestra las condiciones que debe reunir un verdadero estadista y, como ocurre con Lula, despierta en nosotros, los argentinos, una inevitable sensación de envidia.
"Pero pongámonos a imaginar, intentando con el juego de los opuestos o usando antónimos, cuáles serían las condiciones contrarias, o sea, las que definirían a un pésimo funcionario. Tomando, por ejemplo, las conclusiones que le permitieron a Carpena definir la personalidad de la presidenta de Chile, al calificarla de «inteligente, humilde y cálida», nos daría «ignorante, soberbia y agresiva».
"Tomo la noble frase con la que Michelle Bachelet -quien sufrió cárcel, torturas, exilio y la muerte de su padre en prisión- responde a la requisitoria del periodista a ese respecto, cuando dice: «Porque fui víctima del odio, consagré mi vida a erradicarlo». Siguiendo con el juego, nos daría: «Porque no fui víctima del odio, consagré mi vida a practicarlo». Este juego, que puede continuar, podría ser penoso, porque seguramente nos llevaría a extraer tristes conclusiones."
Ing. J. Rolando Sergi
DNI 4.152.026
Carta de lectores
Tristes conclusiones
Señor Director:
"El excelente reportaje publicado en LA NACION que Ricardo Carpena le hizo a la presidenta Bachelet nos muestra las condiciones que debe reunir un verdadero estadista y, como ocurre con Lula, despierta en nosotros, los argentinos, una inevitable sensación de envidia.
"Pero pongámonos a imaginar, intentando con el juego de los opuestos o usando antónimos, cuáles serían las condiciones contrarias, o sea, las que definirían a un pésimo funcionario. Tomando, por ejemplo, las conclusiones que le permitieron a Carpena definir la personalidad de la presidenta de Chile, al calificarla de «inteligente, humilde y cálida», nos daría «ignorante, soberbia y agresiva».
"Tomo la noble frase con la que Michelle Bachelet -quien sufrió cárcel, torturas, exilio y la muerte de su padre en prisión- responde a la requisitoria del periodista a ese respecto, cuando dice: «Porque fui víctima del odio, consagré mi vida a erradicarlo». Siguiendo con el juego, nos daría: «Porque no fui víctima del odio, consagré mi vida a practicarlo». Este juego, que puede continuar, podría ser penoso, porque seguramente nos llevaría a extraer tristes conclusiones."
Ing. J. Rolando Sergi
DNI 4.152.026
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